Los biocombustibles son arraigo, industrialización y desarrollo federal

La Ley 26093 puso en marcha una verdadera política de industrialización del agro con eje en el desarrollo PyME y fuerte impronta federal impulsando el crecimiento de un sector clave de la economía que contribuye a la complementación de la matriz energética

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En el año 2006, con la sanción de la Ley 26.093 -y su reglamentación en 2007 mediante el decreto 109-, la Argentina estableció un régimen de promoción y producción para los biocombustibles. Dicha normativa inició un proceso que trascendió el fomento de una nueva actividad (y sus beneficios directos), poniendo en marcha una verdadera política de industrialización del agro con eje en el desarrollo PyME y con una fuerte impronta federal al desenvolver las economías regionales a partir de esta nueva actividad.

Fue en este marco que se englobó el Programa de Biocombustibles, orientado a la implementación de cortes en la nafta y el gasoil con biocombustibles obtenidos del aceite de soja, del aceite de maíz y del bagazo de la caña de azúcar. Una decisión estratégica del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para contribuir a la diversificación de la matriz energética y agregar valor a la producción, tanto la que se consume en el mercado interno como la que se destina a la exportación de excedentes.

Asimismo, a raíz del citado Programa, se buscó aportar a la mitigación de gases efecto invernadero y a la sustitución de importaciones de combustibles, generando también mayor demanda de empleo nacional. El éxito de esta iniciativa fue tal que la industria dedicada a su elaboración creció exponencialmente, convirtiéndose la Argentina en la principal exportadora a nivel mundial de biodiesel.

Pero los años de desidia macrista pusieron en jaque al sector y lo llevaron al borde de la quiebra. De ese espectacular desempeño, se pasó, como en tantos otros sectores o recursos, al estancamiento o al retroceso. Para fines de 2019, la industria de los biocombustibles abastecedora del mercado interno transitaba por un estado crítico.

A fines de 2018, las ventas totales de biodiesel (al corte + mercado interno) cayeron por primera desde el inicio de la actividad. Y, aunque con crecimientos interanuales, la evolución de dichas ventas a lo largo de la administración Cambiemos fue drásticamente menor al impulso que recibieron durante el último gobierno de Cristina Fernández.

A esta crisis casi terminal se le sumó, en 2020, y por desgracia, la pandemia del Covid-19 que conllevó una abrupta caída en la demanda de combustibles fósiles y, por ende, en la de biocombustibles para su mezcla.

A su vez, la falta de precios oficiales de referencia para la venta de biodiesel y bioetanol, congelados desde diciembre de 2019, configuró otra de las problemáticas advertidas por los productores de estos combustibles renovables. Por cierto, una situación próxima a solucionarse gracias al compromiso asumido por el flamante secretario de Energía, Darío Martínez.

Considerando el escenario anterior, resulta fundamental volver a poner eje en el fomento y la potenciación de los biocombustibles en términos de sus contribuciones y ventajas. En la Argentina existen unas 54 plantas distribuidas en 10 provincias (Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Jujuy y Salta), agregando valor en origen, sosteniendo economías regionales y generando más de 350.000 empleos, entre directos e indirectos.

La producción de dichas plantas logró sustituir importaciones de nafta y gasoil por más de u$s 10.800 millones en el período 2010-2019. Sumado a ello, el corte con biocombustibles posibilitó un importante ahorro ambiental y de importaciones. Subir el porcentaje de mezcla –por lo menos al 15%- elevaría aún más estos beneficios.

Los biocombustibles suman al autoabastecimiento energético, sin por ello dejar de lado ninguna fuente energética, y al mismo tiempo, crean nuevos productos y nuevas industrias (productores cañeros, cadena del maíz y de la soja, complejo aceitero y pequeñas aceiteras a prensa, empresas de transportes, industria metal-mecánica) impulsando el concepto de economía circular en la relación campo-industria.

Finalmente, y en el marco de la situación pandémica, la industria de los biocombustibles también puede brindar un aporte sanitario, ya que del bioetanol se puede extraer el alcohol etílico y dentro de los subproductos ofrecidos por el biodiesel se encuentra la glicerina, utilizada en calidad farmacopea como insumo para fabricar alcohol en gel.

Hablamos, en conclusión, de un importantísimo sector de la economía nacional que no debe dejar de atenderse e impulsarse, ya que su funcionamiento contribuye a la complementación de la matriz energética con un combustible renovable, menos contaminante y de producción nacional. Pero que, además, pone en marcha una necesaria industrialización de la ruralidad en cabeza PyME, generando empleo de calidad, arraigo y fomentando el desenvolvimiento de las economías regionales. De allí, nuestra propuesta de prorrogar la Ley 26.093, pieza clave en el desarrollo energético y federal de la Argentina.

La autora es senadora nacional por la provincia de Santa Fe (Frente de Todos)

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