El coronavirus hizo la reforma judicial

La reforma judicial es parte de la agenda pública desde hace mucho tiempo. Pero sobre todo desde que el Poder Ejecutivo puso a consideración del Parlamento un proyecto de ley. Hay un consenso general sobre la necesidad de reformar la justicia, pero hay muchas perspectivas acerca de cómo hacerlo. El punto de partida es bastante obvio. El capital más importante de la institución judicial es la credibilidad de su palabra y está de crisis. Aunque hay muchos magistrados buenos, el sistema en su conjunto está sospechado. A diario vemos que, cuando la justicia habla, la lectura inicial del fallo navega entre las críticas de los actores directos y en algunos casos se tiende a justificar la decisión en el debate público en la perspectiva partidaria de los magistrados. El juez “k”, el juez “pro”, etc

Es una herida muy importante para nuestra vida en común, porque la apuesta de la república democrática supone que todos los comportamientos ciudadanos están subordinados a la ley, que es la gramática del estado (quien produce el derecho a través del entramado institucional como expresión de la voluntad popular).

A partir de la crisis de la palabra judicial como punto de partida teórico, es factible pensar la reforma desde un “afuera” y desde un “adentro”. El primer aspecto implica discutir la arquitectura legal de la administración de justicia en su conjunto. Algo de ello es lo que está sujeto a la discusión parlamentaria. Pero me interesa detenerme en el otro costado; sobre todo, porque gran parte de la reforma interna del sistema judicial la hizo el Covid 19 ya que impactó de lleno en la cultura jurídica de la burocracia judicial. Afectó sus prácticas con una profundidad que aún no se calibró y allí anidan los gérmenes de una posible transformación ética en pleno devenir y que, al menos yo, no tengo idea como se va a institucionalizar.

La importancia de la dimensión cultural en la eficacia de la producción institucional a menudo queda a un lado de los debates sobre la reforma del estado, aunque ella remite a las prácticas y, en el caso de la justicia, a la “hechura” de los casos. Esto quiere decir que los comportamientos de los funcionarios son, probablemente, el punto más importante para comprender el desempeño de la justicia, en este caso.

Me ocupe largo y tendido del tema en “República de la Impunidad” (Ariel 2020). Repase los incentivos históricos e institucionales realmente existentes para estudiar desde el principio porque el lenguaje de la constitución convive con la impunidad que es la negación de la propia constitución. Aquí me quiero detener. En la cultura institucional. En la intervención crucial que tuvo y tiene la pandemia en el interior del ámbito judicial.

¿Qué cambió con el Covid 19? Cambió la premisa de nuestro trabajo, porque terminó con el eje de la cultura judicial: el expediente escrito. Ese conjunto de hojas prolijamente enumeradas de manera correlativa del 1 al 200, hasta no hace mucho tiempo cosido, plagado de sellos y firmas estructuraba toda la labor judicial. Su efecto en nuestra subjetividad era decisivo, puesto nos llevaba a privilegiar la prolijidad de la carpeta por sobre el conflicto en sí mismo. Ello deshumanizaba nuestro trabajo que, irónicamente, consiste en resolver conflictos humanos y, a la par, separaba la ley de la justicia. Muchas veces, los magistrados resuelven de un modo legal las causas, pero las partes y la ciudadanía perciben el fallo como injusto. No puedo detenerme en ello, pero esa concepción del expediente es el hiato que separa a ese matrimonio entre la ley y la justicia. Lo dicho basta para comprender el peso de aquel en la cultura judicial.

La pandemia arrasó con él y todo lo que trae aparejado que es, básicamente, una fábrica de construir distancia entre los ciudadanos y la institución. De un día para otro, los judiciales tuvimos que diseñar una nueva forma de construir los casos. Dejamos atrás los telegramas, el fax fue clausurado, las fotocopiadoras pasaron solamente a funcionar como escáner, los testigos dejaron de esperar en la antesala de las oficinas, los abogados dejaron de visitar las mesas de entradas, los empleados perdimos la posibilidad de escamotear información porque la causa “está a la firma”, hubo mucho menos off de record y, en consecuencia, información más precisa para los ciudadanos. En fin, prácticas centenarias quedaron a un lado porque, a no dudarlo, nada será igual.

Repentinamente pasamos al expediente digital, a la declaración virtual, a la firma electrónica, a compartir la información incluso entre oficinas de la misma institución de un modo más flexible y estamos aprendiendo a ahorrar tiempo. De hecho, en “República…” narre las peripecias que sufrimos con el juez Daniel Rafecas para celebrar una audiencia entre personas que estaban en Comodoro Py y en la cárcel de Urdampilleta, a mediados de 2018. Hoy, todo ello es la regla. Lo que tenemos que retener, es que el coronavirus produjo cambios muy profundos, aunque no tan visibles pero que, en términos materiales, están modificando nuestra cultura.

En otras palabras, la pandemia hizo gran parte de la reforma interna que la administración de justicia se debía a sí y a los ciudadanos a los que debe servir, precisamente porque sustituyó la pieza que edificaba toda una forma de ser de la institución. Que el coronavirus haya surtido este efecto en las prácticas materiales no nos garantiza que vamos a ser mejores. Pero, como decía Antonio Gramsci, aún con el pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad nos abre un horizonte de posibilidades.

Por ello la pregunta es cómo sigue. Me parece que quiénes tienen a cargo la responsabilidad de ajustar los incentivos institucionales a estos tiempos de cambio, tienen la pelota de su lado. En efecto, cuando hablo de incentivos me refiero a los reglamentos de funcionamiento interno del sistema, allí yacen las chances de favorecer a los mejores y a hacer responsables a los que no son leales con la constitución.

Es que hay que reglar una nueva forma de trabajar, de cumplir plazos, de desarrollar mecanismos de capacitación, de establecer el derecho a la desconexión de los empleados, pero también fijar como deben entregar las tareas en tiempo y forma, de abrir canales de diálogo fluidos con los ciudadanos, de crear servidores propios de la institución que hagan transparentes y mensurables las prácticas.

En fin, la tragedia de la pandemia sacudió las prácticas en las que estaba anclada una forma de hacer justicia que incomoda a la gran mayoría de los argentinos, desde el empresario que quiere certezas para que se cumpla un contrato que involucra importantes inversiones, hasta el ciudadano en situación vulnerable que necesita tener un lugar que lo proteja cuando quiere acceder a la ayuda estatal sin ningún tipo de mediación informal. Se trata de que la ley vuelva a unir cuerpos políticos. Para ello hace falta una justicia autónoma y creíble. Por esos pliegues de la historia, la pandemia nos abre interesantes horizontes.

Federico Delgado es fiscal federal y autor de varios libros sobre el funcionamiento del Poder Judicial

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