Toma de tierras: ¿por qué el Gobierno no actúa?

El Ejecutivo no puede ser un mero espectador y quedarse de brazos cruzados ante la comisión de un delito

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Las ocupaciones de terrenos no se pueden permitir. Constituyen un delito tipificado en el Código Penal, pero además violentan el derecho a la propiedad privada, consagrado en la Constitución Nacional. Si bien es una obviedad, hay que aclararlo y remarcarlo porque tanto para el Gobierno como para algunos representantes satélites del kirchnerismo parece no serlo.

Sin dudas, el país tiene una deuda histórica con la política habitacional; el déficit de vivienda que enfrentamos es enorme y ningún gobierno lo ha podido solucionar, por lo que el reclamo de soluciones de hábitat es totalmente legítimo. Pero este diagnóstico (y también autocrítica) no avala el hecho de usurpar un terreno, por lo que, ante acciones de este tenor, el Gobierno no puede ser un mero espectador, quedándose de brazos cruzados.

Es cierto que no sorprende la actitud pasiva del Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta que el respeto por las instituciones y las normas constitucionales lejos ha estado de ser el fuerte de los máximos referentes del kirchnerismo. Alcanza con remontarse a los recientes episodios de avasallamiento y amedrentamientos tanto al Poder Judicial como a empresas y periodistas, cuando exhibió, de esa forma, sus prioridades de gestión en medio de una cuarentena de siete meses, que ha causado un apagón económico y un colapso sanitario.

Tampoco es un espacio político -el que representa al actual Gobierno- que se caracterice por su decidida lucha contra otros delitos, que ponen en jaque la seguridad en provincias como Santa Fe, por ejemplo, donde la ciudad capital y Rosario triplican la media nacional de homicidios, y en lo que va del año, solo en ésta última hubo 160 asesinatos (con cuarentena incluida).

Poco, entonces, se puede esperar de un Gobierno que no respeta a la Justicia ni respalda a la Policía, dos instituciones clave para prevenir y combatir las usurpaciones, que nosotros no sólo repudiamos absolutamente, sino que además pedimos que se activen con celeridad los mecanismos legales que permitan desalojar los predios tomados.

Porque, aunque se trate de terrenos que parezcan abandonados, estamos hablando de propiedad privada, por lo que es lo mismo que una persona se instale en el balcón de un departamento o en el patio de una casa. Y ese derecho constitucional debe ser garantizado plenamente por el Estado.

No se puede concebir que, como manifestaban algunas inmobiliarias santafesinas que tienen lotes a la venta en terrenos ocupados o amenazados de ser apropiados, la suerte de los mismos dependa de en qué juzgado recaen las denuncias. En estos temas no puede haber doble interpretación, la Justicia debe ser clara y veloz, y el Gobierno no puede hacer la vista gorda, como nos tiene acostumbrados con la inseguridad, la economía y la salud.

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