¿Van por todo?

El Gobierno de Alberto Fernández repite las viejas peleas de su compañera de fórmula

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Que la historia de la farsa se repite como tragedia fue analizado muchas veces. Es difícil saber si la gestión de Alberto Fernández pretende transitar ese camino. Sí está claro que iniciado octubre, su gobierno repite las viejas peleas de su compañera de fórmula: su riña con el campo, su intolerancia con la opinión crítica de los medios, su necesidad de un enemigo funcional corporizado ahora en Rodrìguez Larreta, su negación a través del silencio de los temas que acucian como el Coronavirus y su “vamos por todo” con el poder judicial.

Es, sin embargo, injusto achacarle a la doctora Fernández la responsabilidad de todo esto. Queda cómodo verla a ella como única “villana” de todo. Alberto, personalmente, y sus ministros acusan de mezquinos a los productores rurales, el presidente se fastidia y adjetiva de portadores de fake news y seriales traicioneros de la verdad a los periodistas. Él mismo mutó su “amistad” hacia el jefe de gobierno porteño por la de el líder de los ciudadanos opulentos y avaros. EL mismo votó como titular del ejecutivo, con su delegado personal en la magistratura, el re traslado de jueces molestos para CFK. Él mandó a formar una comisión integrada por el abogado personal de ella y promocionó una ley de “reforma” que propone designar centenares de funcionarios a gusto y piacere. Nadie puede renegar de sus actos propios basado en el deseo de quien lo secunda (si es que lo secunda).

La diputada que propone la destitución del presidente de la Corte es el albertokirchnerismo puro. Analía Argento contó en Infobae el rol de Vanesa Siley como integrante Think tan del Presidente. Las redes sociales de Siley la muestran seguido en el Instituto Patria y, si bien su procedencia es del gremio de judiciales, su cercanía con La Cámpora es inocultable. En el sitio de la Cámara que integra se pueden repasar sus proyectos. Destaca, de su profusa labor, haber sido la autora de la idea de censurar previamente a Baby Etchecopar por sus dichos (que este cronista no comparte y lo dijo públicamente en su momento) sobre Cristina desconociendo que el control previo de la libertad de prensa se llama, aquí y en Eslovaquia, censura. No es un dato menor. Jueces, periodistas…

¿No es llamativo que un presidente que habla de todo no haya hecho ni una sola mención al pedido de juicio político a un juez supremo? Rosenkrantz es el mismo que hace días Fernández trató poco menos que de ignorante jurídico al habilitar el per saltum. No se pretenderá que aquí haya que hacer interpretaciones de los silencios como se quiso en algún momento.

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Cuando la cabeza de lista de los diputados de la Capital Federal, elegida a dedo por Cristina, propuso quedarse con acciones de la empresas ayudadas con los ATP de la pandemia, era obra solitaria de Fernanda Vallejos y no del kirchnerismo. Cuando el responsable de derechos humanos de la provincia Pietragalla, hombre purísimo K, propuso sacar de las cárceles a los delincuentes bajo la excusa COVID (de paso: ¿y los pronósticos trágicos de los que veían cárceles colapsos de corona?), no era obra del albertokirchnerismo. Cuando un ex vicegobernador K dijo que ya no era tiempos para moderados, tampoco. Y, así, tantos otros ejemplos de actos propios que había que leer como ajenos. ¿No es mucho? ¿Tanto forzamiento del silencio se pretende que sea digerible?

Si hasta la hora de escribir esta crónica, ni el presidente ni su ministra del área abrieron la boca (en “on”, porque el “Off” aquí sería demasiado acoquinado) sobre el pedido de juicio político es porque lo avalan o, al menos, no les parece un atropello jurídico. De paso: es necesario decir sin dudar que el pedido de juicio político es un atropello.

La diputada Siley invoca presunto mal desempeño de Carlos Rosenkrantz en causas de derechos humanos como la que imputa a Carlos Blaquier. Reedita un análisis de fallos del 2017. ¿Justo luego de que el presidente del tribunal habilite el per saltum le invade una Epifanía de tres años atrás? ¿Tan poco sutil puede ser el accionar de la legisladora? La respuesta debería ser que las sutilezas se reservan para los que tienen algún atisbo de republicanismo propio de creer en la división de poderes. No para los que catalogan de enemigos a los que eliminar por el mero hecho de disentir.

La Corte propinó, es cierto, un mazazo fenomenal a un gobierno obcecado con darle categoría de prioridad a lo que sólo es necesidad propia: designar jueces, apartar a los que investigan a algunos de sus integrantes y escarmentar a los “librepensadores”. Nadie que gestione un país con el índice de contagios y muertes por Coronavirus, luego de la cuarentena más larga del planeta, y que deba atender a una nación sacudida por la devaluación del peso (no es que el dólar aumentó a 150. Es que el peso vale 40 por ciento menos) puede invertir energías y enojos en el tema judicial. En Argentina 2020, sí se puede. Por ello mismo, el supremo tribunal no tiene margen para sentencias de fondo salomónicas según la catadura argentina. Esto es, no hay espacio para ni “chicha ni limonada”. Los 5 jueces de la corte lo saben.

El procurador general (otro amenazado para ser desplazado) lo acaba de decir en su dictamen por el caso de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Hay que leer la treintena de fojas de lo firmado por Eduardo Casal. “Esta limitación se vincula con el principio cardinal de la buena fe, una de cuyas derivaciones puede formularse como el derecho de todo ciudadano a la veracidad ajena y al comportamiento leal y coherente de los otros, sean éstos los particulares o el propio Estado”, les dice a la Corte resaltando que más allá del derecho hay principios de buena fe humana que han sido quebrantados por el ejecutivo y el senado. Por si había alguna duda, Casal sentencia: “estimo pertinente recordar la regla según la cual nadie puede ir válidamente contra sus propios actos, pues ello sería ejercer una conducta incompatible con una anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz. Nadie puede ponerse de tal modo en contradicción con sus propios actos” recordando implícitamente que la anterior gestión a la de Macri se agravia por el traslado de jueces cuando ella misma trasladó jueces y explícitamente a la Corte cuando invoca la acordada que explica que no hace falta el acuerdo el senado para hacerlo. Que Alberto Fernández atropelle la teoría de sus actos propios, pase. La Corte no podría. O, mejor, no debería.

Si el profesor de derecho Alberto Fernández repasa aquella teoría invocada por el procurador no podrá no concluir que la Corte se encamina a propinarle otro fundado sopapo jurídico nacido de la voluntad suya, inoportuna y nada urgente, de manotear los despachos de jueces que ratificaron la sospecha fundada de corrupción en el gobierno de su compañera de fórmula o de aquellos que pueden juzgarla. Ni el ruido de un juicio político pedido de forma improlijo pueden hacerlo olvidar de aquel gesto presidencial nacido de un acto propio. Muy propio. Inexcusable.

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