La Argentina frente a la tragedia venezolana: de Patricia Derian a Michelle Bachelet

Michelle Bachelet es quizás una de las figuras más significativas de la centro izquierda regional e internacional. Una vida signada por el asesinato de su padre en manos del régimen militar chileno, un brigadier de la Fuerza Aérea que había recibido el encargo del gobierno de Salvador Allende de organizar la logística para los planes asistenciales y de alimentación. Luego vendría para ella y su madre la detención, la tortura y un largo exilio en Alemania Oriental en plena guerra fría. Con el regreso de la democracia chilena, comenzaría una carrera ascendente que entre otros puestos la llevarían a ser una exitosa ministra de Defensa y luego dos veces presidente del país trasandino. Para ello se preparó toda su vida, con estudios de posgrado en temas de Defensa y seguridad internacional. Su trato con los militares chilenos que le tocó conducir como funcionaria y luego en la máxima magistratura siempre fue de respeto y de un fuerte aliento a una acelerada modernización del poder militar de su país: supo que los hombres de uniforme no deben cargar para siempre con el pasado y que las fuerzas armadas instituciones fundacionales y claves de la república. Aún se la recuerda con uniforme de combate camuflado subiendo a un poderoso tanque Leopard en las masivas maniobras que Chile llevó a cabo en la fronteras con Perú cuando Lima comenzó a cuestionar los límites establecidas post Guerra del Pacífico a fines del siglo XIX. Luego llegaría su proyección como funcionaria internacional como alta comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH. Desde esa oficina se han llevado a cabo históricos informes señalando aberraciones cometidas por tiranías de todo signo y color, que generaron reacciones sinceras y otras actuadas de aquellos que por cegueras ideológicas y/o intereses inconfesables buscan evitar esas condenas.

El colapso humanitario, social y económico que arrastra ese país rico y próspero que fue hace décadas Venezuela ha llevado Bachelet a interiorizarse minuciosamente sobre la situación allí. Basta citar la fuga del 15% de la población venezolana, la mayor migración que tenga registro nuestra región y entre las mayores de la historia moderna. Basta llamar un delivery en Argentina para encontrarse muy probablemente con algún joven de esa tierra que lucha por sobrevivir lejos de su patria, no precisamente miembros de oligarquías y elites neoliberales sino todo lo contrario.

Pocos días atrás la oficina conducida por la ex mandataria chilena dio a conocer un segunda edición ampliada y aún más trágica de lo que ocurre en Venezolana. Una estimación que habla de un mínimo de mas de 5000 asesinatos por acción de fuerzas estatales en los últimos años, a los que deben sumarse importantes cantidades de períodos más alejados en el tiempo. Cabe recordar como punto de comparación el dramatismo político que provocó en nuestro país lo que algunos cuantificaron en una decena o dos decenas de muertes durante los eventos del 19 y 20 de diciembre 2001, sin olvidar cómo el asesinato de dos manifestantes en abril de 2002 derivó en una drástica decisión de adelantar las elecciones presidenciales para mayo de 2003, así como la detención y condena de los responsables. En el caso de Venezuela, estamos frente a un fenómeno represivo que multiplica al infinito estas muertes.

Llama la atención el doble estándar de algunos dirigentes políticos y sociales en la Argentina. Las recientes declaraciones de nuestro país en la OEA criticando el informe de Bachelet resultan impactantes dada la centralidad que desde 2003 un sector de la heterogénea coalición gobernante le ha dado el tema DDHH y la hipersensibilidad que enarbolan sobre eventuales excesos de las fuerzas de seguridad en su trato con los ciudadanos. Cabe recordar el debate de hace unos pocos años sobre las pistolas eléctricas Taser, que ha vuelto al centro de la atención luego del asesinato de un joven policía por un sujeto armado con un cuchillo. La brecha discursiva entre este garantismo extremo y el vale todo en otro país si el régimen es afín, es demasiado grosero, más aún cuando la que encabeza la investigación de la ONU tienen una historia personal que la hace inmune a cualquier sospecha de complicidad con un supuesto plan tenebroso de las fuerzas del mal de la derecha internacional que conspirarían contra el régimen venezolano.

No es fácil conseguir un político argentino de primer nivel que le pueda explicar a Bachelet qué es sufrir la persecución mejor de lo que ella lo sabe por experiencia personal. Uno de los argumentos argentinos en la OEA para relativizar el reporte se centra en la necesidad de respetar la autonomía y autodeterminación de los Estados. Esto por lo menos suena raro y discordante con lo sucedido en la década de los 70 en la Argentina, en donde hubo una intensa convocatoria por parte de dirigentes políticos y sociales para involucrar en todo lo posible a la administración Carter, a la OEA, a la ONU y ONG americanas y europeas. Sin olvidar el Premio Nobel otorgado en 1980 a un argentino por su militancia en los DDHH. El recordado Jacobo Timerman fue liberado en 1979 luego de una intensa presión del gobierno de los Estados Unidos.

Cabe recordar también la muy compresible ansiedad de los familiares de los desaparecidos por alcanzar información y reunirse con la funcionaria estadounidense Patricia Derian, que lideró la misión de inspección de la Argentina organizada por la OEA en 1979. Ella misma en el año 2006 sería condecorada por el gobierno de nuestro país con la Orden del Libertador General San Martín por su activo involucramiento. ¿Qué diría Derian, fallecida pocos años atrás, de escuchar esta postura del gobierno argentino sobre la tragedia venezolana? Aquellos que han seguido su carrera y compromiso seguramente no tendrán dudas de que estaría codo a codo con una más que digna sucesora en la tarea de los DDHH, sin mirar ideologías, taras e intereses secundarios, tal como lo es Bachelet.