El Gobierno frente a la conflictividad

La combinación de las distintas aristas de la crisis sanitaria, la recesión económica y la polarización política le pasan factura al gobierno de Alberto Fernandez. No es de extrañar en una coyuntura excepcional como la actual. Con la emergencia de la pandemia, como decíamos al inicio de este acontecimiento, se abren fenómenos no previsibles y otros que sí lo son.

El Gobierno sufre un desgaste producto de esta “trinidad”. Mientras el oficialismo se esfuerza en sostener el perfil redistributivo con avances y retrocesos, la oposición -al inicio más fragmentada entre aquellos radicalizados y aquellos con responsabilidad de gestión- viene fortaleciendo sus engranajes a través de un discurso, a veces reiterativo pero no por ello menos eficaz, anclado en el republicanismo, la libertad, el antipopulismo y el antikirchnerismo.

Es claro que el Gobierno no puede responder a este discurso con otro discurso, sino con política. La importancia en la disponibilidad de recursos que implica el acuerdo de la deuda con el 99% de los acreedores privados se tensiona con la preparación de “salidas” que se dilatan, “planes productivos” que cuesta poner en marcha y “reparaciones sociales” que no alcanzan. Al mismo tiempo que la crisis sanitaria y económica recrudece situaciones estructurales, como en la provincia de Buenos Aires y más específicamente en el conurbano.

Sin embargo, al canalizar el conflicto policial como una expresión puramente salarial y conseguir recursos para la provincia de Buenos Aires tras quitárselos a la Ciudad de Buenos Aires, el Presidente tomó una medida de fondo.

La protesta social

La recesión económica y la pérdida de empleo en los sectores más bajos de la sociedad habilitó la emergencia de la crisis habitacional a través de las tomas de tierras, tomas que implican un entramado complejo de sujetos sociales y políticos.

Si algo caracteriza al conurbano es la ausencia de planificación habitacional y la autoconstrucción. Un sinnúmero de barrios fueron creciendo acompañando los desplazamientos demográficos del exterior y del interior del país. Las familias construían sus viviendas como y cuando podían, panorama visible a quienes habitan o recorren esos territorios. A este proceso perpetuo se sumó desde los ´90 la aparición de los barrios cerrados o countries, parte de un negocio inmobiliario que fue modificando el entramado territorial.

La emergencia de la crisis habitacional implicó tensiones al interior de las organizaciones sociales. Dirigentes como Emilio Pérsico habían dado cuenta de este doble lugar en el que están muchas organizaciones populares al tomar la noción de “luchar en el Estado” y “luchar contra el Estado”. Estar adentro y afuera de este conflicto exige una proeza dialéctica importante. Dentro del Estado estas organizaciones no solo se enfrentaban a las autoridades nacionales -aunque algunas como la ministra de Seguridad Frederic parecían compartir su misma visión- sino a las tensiones con los intendentes por el territorio y el negocio de tierra. Algo que quedó de manifiesto en las expresiones de la Intendenta del municipio de Presidente Perón respecto a la toma en Guernica.

En un principio el Gobierno sostuvo una mirada social, pero sucumbió ante la discusión judicial del problema de las tomas de tierras con una notoria ausencia de la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat para modificar la agenda. La emergencia habitacional muestra que las posibles soluciones como el loteo social y los planes de vivienda deben dejar de ser anuncios para un futuro probable. Si siempre pierden los que ya perdieron no puede abrirse la dinámica virtuosa de la política redistributiva. Y este problema aun no terminó.

La protesta armada

El conflicto con la Policía Bonaerense escaló rápidamente del gobierno provincial al gobierno nacional. Se puede analizar el conflicto salarial, pero el problema de la capacidad de conducción a una fuerza como la Bonaerense es una cuestión estrictamente de fortaleza política.

Las asimetrías salariales y de ingresos entre los rangos jerárquicos y los rangos menores fueron agravadas por el ASPO con la disminución a casi cero de ingresos “adicionales” que hacían funcionar a las fuerzas. El anuncio del Plan de Seguridad no previó el problema salarial y ni las formas del conflicto policial. La movilización armada en la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, como en la Residencia de Olivos, mostraron algo más que un simple reclamo salarial.

El Presidente logró la canalización salarial del conflicto y al mismo tiempo dar recursos a la provincia en detrimento de la Ciudad de Buenos Aires. Aquello que le saca a la Ciudad son recursos otorgados por las anuencias políticas del ex presidente Macri, y en ese sentido podríamos centrarnos en esta disputa fiscal, sus derivaciones y tensiones políticas entre gobierno y oposición sobre la legalidad y la legitimidad. Pero lo que parece problemático es que no haya una caracterización de los conflictos en el Gobierno, es decir, cuándo un conflicto implica un desafío del poder y cuándo no.

El presidente Alberto Fernández a través del anuncio del gobernador Axel Kicillof cerró la discusión salarial, pero queda el problema político de la conducción de la fuerza. No hay que ser Hobbes para darse cuenta de que las únicas acciones que no le están permitidas al Estado son las que ponen en peligro la tarea fundamental de mantener la seguridad, porque “el fin de la obediencia es la protección”. Esta autonomía o autogobierno de la Bonaerense que Sergio Berni pretendía garantizar terminó exponiendo las impericias del propio ministro de Seguridad. Sin embargo, ante la aceptación completa de los reclamos policiales y la no aplicación de sanciones, se impone la necesidad de una reforma profunda que pueda legitimar la capacidad de conducción del gobernador.

Tener una caracterización clara de los conflictos que anidan en una sociedad cercada por la crisis sanitaria, la recesión económica y la polarización política es una cuestión fundamental para encontrar respuestas políticas a los conflictos actuales y los que vendrán.