La Argentina subsidiada versus la Argentina productiva

La crisis puede sintetizarse como una dicotomía entre el costo de una y el aporte -insuficiente- que hace la otra

Cristina Kirchner y Alberto Fernández (EFE/ Juan Mabromata/POOL)
Cristina Kirchner y Alberto Fernández (EFE/ Juan Mabromata/POOL)

Hay dos Argentinas que conviven superpuestas en el territorio nacional: la Argentina productiva (la que produce bienes y servicios a través de empresas, profesionales y trabajadores independientes) y la Argentina subsidiada, que comprende al Estado y a todo aquel que por su intermedio recibe un subsidio. La Argentina productiva a través del sistema recaudatorio provee los fondos que financian a la Argentina subsidiada. Antes de la irrupción de la pandemia y a pesar de niveles impositivos muy elevados, el aporte tributario no alcanzaba a cubrir los gastos y las necesidades de la Argentina subsidiada. Ese faltante se venía cubriendo con deuda -la muy poca que se podía “arañar” del exterior y del sector privado- y con emisión monetaria. La llegada del Covid-19 agravó fuertemente la ecuación: la Argentina productiva se achicó (empresas y negocios que cerraron, trabajadores que dejaron de aportar…) y la Argentina subsidiada se agrandó para atender los requerimientos de la pandemia y de la crisis económica y social que sobrevino. ¿Cómo se cubre ese desfasaje estructural que la enfermedad exacerbó? A fin de evitar una profundización de la crisis económica y social, la lógica de la Argentina productiva sugiere que debería resolverse según los preceptos de los manuales de economía, es decir, mediante un programa de estabilización macroeconómica, buscando equilibrios fiscal, monetario y cambiario. Sin embargo, el gobierno actual, que fue elegido por la Argentina subsidiada y cuyos intereses declara representar, de momento ha descartado de plano esa salida.

La otra opción es la vía venezolana, donde el Estado siguió adelante con su programa expansivo de gastos para distribuir a los sectores sociales que eran su clientela política. Allí el experimento -a duras penas y con consecuencias nefastas para la sociedad: 80% de pobres y fuerte represión- pudo sobrevivir en el hecho de que el Estado central le metía “la mano en el bolsillo” a otro ente público: la compañía petrolera estatal Pedevesa, que llegó a facturar en los años de bonanza hasta 120.000 millones de dólares al año. Una vez que se descapitalizó y fundió totalmente a la empresa, se hipotecaron las fabulosas reservas petroleras de Venezuela para llegar a la desesperante situación de hoy donde la escasez de combustible es moneda corriente.

Si el control político que detenta la Argentina subsidiada deviene en control total -en caso de aprobarse la reforma judicial y de la Corte Suprema- va a intentar cubrir la distorsión con un nuevo e inusitado grado de presión impositiva sobre la Argentina productiva, donde el impuesto a la riqueza es solo un ínfimo primer eslabón.

Cabe consignar que dado el actual grado de deterioro, cualquiera de las dos opciones acarreará severas restricciones y será tremendamente traumática para el país. Si la Argentina subsidiada profundiza su estrategia, solo logrará un estrangulamiento de la Argentina productiva que conllevará una disminución de la oferta de bienes y servicios que acelerará el proceso de caída de ingreso y aumento de la pobreza, tal cual el mecanismo que padeció Venezuela. Por esta vía el país irá rumbo a una colisión de trenes porque la Argentina productiva no es Pedevesa.

El gran dilema es que la solución que proponen los manuales de economía (que requiere la comprensión de conceptos abstractos para el gran público, como ser las leyes del desarrollo económico) se rebaten con suma facilidad en base a eslóganes simplistas que derivan de la concepción humanista de la vida y del hombre en que abrevó en su formación la sociedad argentina. En cambio, para la opción populista los principios humanistas calzan a la perfección. Cualquier propuesta “a la venezolana” se justifica de manera directa, espontanea, sin necesidad de recurrir a ningún tipo de racionalización. En sentido contrario, las alternativas ortodoxas no encajan en la doctrina del humanismo. Es más, chocan con ella (“¿favorecer al inversor para beneficiar a los pobres?”). Y es por eso la facilidad con que sectores de la iglesia se identifican tan fácilmente con el populismo.

La crisis argentina puede sintetizarse como una dicotomía entre el costo de la Argentina subsidiada y el aporte -insuficiente- que hace la Argentina productiva. Ante ese desequilibrio y la falta de financiamiento solo caben las dos opciones señaladas: o se amplía el caudal recaudatorio o se reduce el nivel del gasto. Si se incrementan en exceso los gravámenes, entra a jugar la ley de Murphy, donde a más impuestos cae la recaudación, porque para muchos actores deja de tener sentido producir, disminuyendo así el número de aportantes.

Los impuestos están concebidos para ser pagados con una parte del flujo de los ingresos de las personas, pero no con todo el flujo, y mucho menos con el stock de capital. Se podría llegar a considerar una excepción ante una circunstancia extraordinaria, como un aporte patriótico y por única vez, para destrabar una situación, pero no como una contribución a una causa perdida, como en las actuales circunstancias, donde el promocionado impuesto cubre apenas la décima parte del agujero fiscal del país y donde no se ve un horizonte de salida, sino más bien un agravamiento de la situación, ya que en medio de la desesperante escasez de recursos que no permite pagarles un salario digno a policías, médicos y maestros, el gobierno no tiene mejor idea que impulsar la creación de más de mil cargos judiciales de alta remuneración implícitos en la reforma que pretende llevar adelante. Probablemente la disposición de los contribuyentes sería distinta si percibieran que otro es el rumbo, que se camina hacia el equilibrio y el orden fiscal. Pero, ¿qué se puede deducir del intento fallido en Vicentin, de las presiones y amenazas a Edesur y del avance sobre las telefónicas y operadores de cable?

Los sistemas impositivos en el mundo están concebidos para atingir a los ingresos y preservar los patrimonios, para que las sociedades globalmente no se descapitalicen. Ya que la masa recaudatoria va a gasto, si se grava el stock de capital para atender consumo, el patrimonio comunitario disminuye. En el caso argentino, la sangría es por dos vías: se carcome parte del capital total de la sociedad con el impuesto y se contrae la base recaudatoria por todos aquellos que para proteger su patrimonio optarán por radicarse en un dominio fiscal menos voraz con sus bienes.

En este contexto se ve a muchos jóvenes formados en el país, en los cuales mucho se invirtió, que piensan emigrar. ¿Quién puede impedirles el derecho a labrarse un destino que su tierra no puede ofrecerles? Lo mismo sucede con empresarios que van a desarrollar sus negocios a otras comarcas con sistemas tributarios tolerables, sin el tembladeral inflacionario ni las restricciones para importar o exportar, ni las extorsiones sindicales propias de esta plaza. Si su vocación es crear y desarrollar negocios, ¿por qué cuestionarlos si buscan su realización donde esa actividad es socialmente respetada? Y lo mismo vale para los rentistas que deciden irse. Si se desarraigan del país -amén de que se los pierde como contribuyentes locales- se prescinde de un agente fundamental para financiar proyectos de riesgo, un requisito fundamental para sostener cualquier atisbo de reactivación en la post-pandemia. La diáspora comienza por estos tres sectores, a los que se suma luego desesperadamente la gran y fundamental clase media cuando se percata que en su horizonte el único destino posible es caer en la pobreza. ¡Evitémoslo mientras estemos a tiempo!

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