El futuro de la energía

Cualquier plan debería garantizar el abastecimiento (seguridad energética), asegurar el acceso (equidad energética), bregar por la no contaminación del ambiente y evitar seguir acumulando gases de efecto invernadero (sustentabilidad)

YPF invertirá en parques de energía renovable (Shutterstock)
YPF invertirá en parques de energía renovable (Shutterstock)

El contexto energético mundial y local obliga a la Argentina a pensar la transición hacia combustibles menos contaminantes desde una visión de economía política. Eso no es lo que sucede en el recientemente anunciado Plan Gas 4. El enfoque sectorial (empresas petroleras, distribuidoras de gas, Cammesa) de este nuevo intento termina por privilegiar el statu quo, lo que redunda en una matriz centrada en los combustibles fósiles.

El Gobierno viene de acordar con las productoras un barril criollo a USD 45, valor que conlleva un fuerte costo fiscal. El plan de estímulo propuesto también implicará un esfuerzo al erario público nacional, pues el valor comprometido con las empresas productoras difícilmente pueda ser asumido por los hogares, o bien termine abultando nueva deuda en Cammesa. Así, aún cuando el nuevo plan significara un ahorro de divisas en el corto plazo (vía disminución de importaciones), el esquema generaría un costo fiscal mayúsculo (en 2019 significó un 5% del PBI) que terminaría induciendo un mayor endeudamiento o bien obligando a una mayor emisión monetaria. Menos acertado sería el avanzar con nuevas obras de infraestructura, por caso el nuevo gasoducto asociado a Vaca Muerta. Obviamente, para transformar la matriz energética se requiere pensar una trayectoria donde el gas natural seguirá jugando un rol relevante en el futuro inmediato. Pese a ello, el sendero de transición debería otorgar el menor protagonismo posible a los fósiles.

Así surge una segunda disonancia respecto a aquellos que plantean una vuelta a los mecanismos de mercado como respuesta al problema actual. La discusión no debe volver centrarse en las tarifas ni debe permitir que la situación macro retrase la transición. El aspecto central que debería aparecer en la mesa es la cuestión ambiental. Se trata, nada más ni nada menos, que del beneficio que históricamente ha obtenido la industria al trasladar a la sociedad las externalidades que genera la actividad, costos que resultan aún mayores en el caso de la explotación no convencional. Tampoco podemos seguir pensando el gas no convencional como inocuo al cambio climático cuando numerosos estudios demuestran los efectos nocivos del metano que libera la actividad. Los costos que hoy se ocultan tarde o temprano nos serán develados.

La apuesta por potenciar la producción de ese combustible resulta riesgosa, como lo demuestra la ola de quiebras que se suceden en los Estados Unidos. Pero, si en dicho país los riesgos terminan afectando a los actores privados, en la Argentina es el Estado quien termina subsidiando a los petroleros. A esto debería adicionarse los riesgos financieros que acechan a la industria, los cuales surgen ante la pérdida de valor de los activos: los inversores se retiran masivamente -conocido como “momento Minsky ambiental”-, efecto advertido por la prensa especializada.

Para las autoridades, el nuevo plan no sólo permitiría ahorrar importaciones, sino también transformar al país en exportador de gas natural concentrado, un sueño que no reconoce de grietas. El Gobierno aboga por nuevas inversiones y “proteger la cadena de valor”. Esto se asemeja a lanzar una política para el sector automotriz focalizándose en inversiones tradicionales (motor de combustión interna). Una verdadera apuesta por el pasado. Otra es la visión que llevaron adelante las empresas de algunos países de Asia, como Japón, Corea del Sur y China, que vienen apostando por el auto eléctrico. De Oriente también llegan las grandes empresas productoras de paneles solares y baterías de litio. La innovación tecnológica, en definitiva, se asocia con el desarrollo de nuevas energías y productos renovables, toda otra “apuesta” es jugar a perdedor.

Este último aspecto nos lleva a reflexionar sobre el desafío estratégico que debería acompañar a toda decisión sobre la transición energética, aspecto que sigue desconsiderado por la clase política argentina. Cualquier plan debería garantizar el abastecimiento (seguridad energética), asegurar el acceso (equidad energética), bregar por la no contaminación del ambiente y evitar seguir acumulando gases de efecto invernadero (sustentabilidad). En función de lo anterior, la autoridad pública debería priorizar la inversión en energías renovables, las denominadas tecnologías verdes. También se podrían subsidiar al consumo, introduciendo diversos instrumentos financieros que promuevan la instalación de sistemas de aislación térmica (ventanas), bien financiar la compra de paneles solares por parte de las familias -cuyo excedente podría ser re-insertado en el mercado. Esto es algo observable en diversas latitudes, tal como los cambios en marcha destinados a electrificar el sistema de transporte público (mientras aquí seguimos subsidiando el GNC por temor a una manifestación de taxistas). Todo ello implica abordar la transición desde una perspectiva amplia, involucrando nuevos actores, democratizando el debate y pensando en el largo plazo.

La pandemia desató una crisis sin precedentes, lo cual debería obligarnos a pensar nuestra relación con la naturaleza, reflexionar en cómo las decisiones presentes influyen en el avenir. La pandemia es una carrera de 100 metros, ciertamente con numerosos obstáculos. La crisis climática, en cambio, debe pensarse como una maratón. Una carrera de fondo donde las decisiones adoptadas en el primer kilómetro de la carrera influirán en los restantes cuarenta y uno. Por eso resulta importante discutir el destino de los fondos públicos, dónde dirigir los subsidios, tanto como el comenzar a internalizar los costos que genera la actividad petrolera. Lo que ningún gobierno debería es brindar “certidumbre de largo plazo al sector hidrocarburífero”, seguridad que termina siendo un “subsidio a la emisión” que obtiene el sector independientemente de quien se encuentre en función de gobierno.

El autor es investigador sociado CEDES. Autor “Emerging Market Economies and Financial Liberalization: Argentina, Brazil, China, India and South Korea” (2018, Anthem Press), “Latin America Global Insertion, Energy Transition, and Sustainable Development (2020, Cambrigde University Press)


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