Un plan frente a la inminente pandemia de inseguridad

Días atrás la ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic, en una entrevista que brindó al Argentina Project del Wilson Center, sostuvo que la actividad delictiva, tras haber descendido a niveles mínimos en los primeros momentos de la cuarentena como consecuencia de las restricciones al movimiento, se encuentra ya en un veinte por ciento por debajo respecto de igual mes de 2019. Tiempo antes, la interventora del Servicio Penitenciario Federal, Dra. María Laura Garrigós de Rébori, había afirmado que para una vez finalizada la cuarentena se esperaba un pico de delitos contra la propiedad. Yo me animo a ir un paso más allá, no soy funcionario y alguien tiene que decir las cosas: digo sin temor a equivocarme que con una caída de entre 10 y 15 puntos del PBI, la pobreza podría escalar por encima del 60%, el desempleo llegaría a niveles nunca vistos y en tal caso, los delitos contra la propiedad, al igual que los delitos de calle, van a derivar en una crisis aguda de inseguridad: a la pandemia sanitaria le seguirá una “pandemia”, aun peor, de delincuencia.

Al igual que con la pandemia de coronavirus, contamos aún con un período de tiempo para planificar, adecuar y reforzar el sistema, no de salud en este caso, como se hizo, sino de seguridad. Como ocurrió con el virus, todos los expertos coinciden hoy unánimemente en anunciar la ola delictiva que se avecina. En consecuencia resulta urgente tomar las previsiones del caso y adecuar los planes de seguridad vigentes (si los hubiera) o formular un plan integral de seguridad a nivel nacional que permita enfrentar la amenaza. La seguridad es una función indelegable del Estado, quien mediante el monopolio de la fuerza debe garantizar el libre ejercicio de los derechos individuales. La seguridad es integral y engloba a la defensa. Una no puede ser vista sin la otra. Seguridad es el estado de paz necesario para el desarrollo pleno de la vida humana en todos sus órdenes. A largo plazo ello se obtiene mediante políticas de desarrollo humano sostenible. Para los socialistas mediante la redistribución del ingreso, para los liberales mediante la libertad económica, pero en la emergencia, hoy, independientemente del signo político del gobierno, el Estado es responsable de controlar la violencia y mitigar sus efectos, para garantizar niveles aceptables de seguridad ciudadana.

La ministra de Seguridad anunció la creación de una Fuerza de Respuesta Inmediata (FRI) de la Policía Federal Argentina para concurrir ante emergencias, son apenas cien hombres. También anunció el envío de 3.500 gendarmes al conurbano bonaerense. Si dividiésemos ese número por cuatro o cinco, teniendo en cuenta turnos, francos, licencias y relevos, se traduciría en no más de 700 a 900 efectivos en las calles, su efecto sería ínfimo. Eso no es un plan integral de seguridad para la emergencia, son apenas medidas de rápida implementación. Por el contrario, con la misma decisión que se tomaron medidas ante la pandemia, otrora impensables (se limitaron derechos individuales por DNU, se enviaron aviones a China por vituallas medicinales y para repatriar argentinos varados en el exterior, se cerraron las fronteras, se suspendieron las clases y el comercio, se importaron médicos cubanos, etc.) del mismo modo habrá que tomar medidas audaces y a escala para enfrentar una crisis que no sólo hará temblar cualquier proyección futura del gobierno, hará sufrir a los argentinos, especialmente a los más vulnerables, que son las principales víctimas de la inseguridad. El ministro de Defensa Agustín Rossi ha dicho recientemente que cuando comenzó la pandemia el Presidente le ordenó “poner a disposición todas las capacidades de las fuerzas armadas”. Ello demuestra que cuando hay voluntad política de enfrentar un problema, los medios y las normas se ajustan.

Las Fuerzas Armadas tienen alrededor de 80.000 efectivos con una extensa distribución territorial. Por su parte las fuerzas de seguridad federales (Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y PSA) suman cerca de 100.000. La Policía Bonaerense cuenta con 95.000 hombres. La Gendarmería es una fuerza de seguridad militarizada de carácter intermedio, vale decir que, además de sus funciones dentro del ámbito del Ministerio de Seguridad, cumple otras de defensa (no sólo puede ir a la guerra, como en Malvinas, sino que cumple actividades establecidas en la Ley de Defensa Nacional vigente). Sus funciones se dividen, a grandes rasgos, en las derivadas de la Ley de Defensa Nacional (el control y la vigilancia de las fronteras y la custodia de objetivos estratégicos como lugares de generación de energía, puentes o túneles nacionales) y en aquellas policiales establecidas por otras disposiciones legales y reglamentarias (rutas nacionales y edificios públicos, auxiliar de la justicia y la actividad policial contra el crimen organizado). La Prefectura como Autoridad Marítima Nacional, ejerce la policía de seguridad de la navegación, control y custodia de los puertos de la Nación, la seguridad pública y como auxiliar de la justicia la prevención de ilícitos en su jurisdicción.

La Argentina cuenta con una separación tabicada y rígida entre defensa nacional y seguridad interior, ambas funciones normadas en las respectivas leyes 23.554 y la 24.059. El artículo 27 de ésta última autoriza, a solicitud, que las Fuerzas Armadas apoyen operaciones de seguridad interior con sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones, transporte, ingenieros y comunicaciones. Tal es lo que ha permitido el despliegue militar en tareas de protección civil durante la cuarentena, básicamente, provisión de alimentos en barrios carenciados. Sin embargo, para emplear los llamados “elementos de combate” (infantería, caballería y artillería, que para el caso de ejército conforman la masa de sus efectivos) en tareas de seguridad interior, el presidente debería previamente obtener la declaración del estado de sitio. Tal declaración, prevista para los casos de conmoción interior, es atribución exclusiva del Congreso de la Nación conforme el art. 75 inc. 29 de la Constitución Nacional, quedando el Presidente facultado sólo de manera residual para hacerlo durante el receso del órgano legislativo, y sujeto a posterior aprobación de éste. Es claro que tal extremo resultaría exorbitante si se necesitara emplear elementos de combate, no para combatir, sino para, por ejemplo, relevar a elementos de Gendarmería o de Prefectura en sus tareas de custodia de objetivos estratégicos o de control de fronteras y puertos, de modo tal de liberar parte de esos recursos humanos que están capacitados para actividades policiales, a fin de enviarlos como refuerzo a los conurbanos. Esta valla constituida por la declaración previa del estado de sitio, prevista sólo para grave alteración del orden y en la cual quedan suspendidas las garantías constitucionales, resulta anacrónica e impide que la administración pueda echar mano de todos los recursos que tiene disponibles para el caso de una emergencia de seguridad como la que se avecina.

El Poder Ejecutivo ha reglamentado recientemente la ley de defensa para que las Fuerzas Armadas sólo puedan ser empleadas para repeler agresiones externas perpetradas por fuerzas armadas de otros estados. La realidad indica que la probabilidad de que en el corto y mediano plazo otros estados, particularmente los vecinos, inicien un ataque con sus fuerzas armadas contra el país es altamente remota. El erario público está solventando una estructura militar para responder a amenazas improbables, pero no puede emplearla para apoyar una emergencia de seguridad. Que se entienda bien, no estoy sugiriendo aquí que los militares sean empeñados para luchar contra el narcotráfico o el terrorismo (conforme a la ley vigente), sino para relevar a las Fuerzas de Seguridad en tareas puntuales, para las cuales están perfectamente capacitados aunque magramente equipados. En definitiva, para el caso particular de Gendarmería, el Ejército podría relevarla en funciones que también son de defensa, ordenadas en la respectiva ley. La Armada podría relevar a Prefectura en algunas de sus tareas también. Así, una buena e inteligente reglamentación de las normas rectoras podría dar la llave al Poder Ejecutivo para emplear elementos de combate, además de los logísticos, para el relevo de Fuerzas de Seguridad en sus tareas más afines. Ello debería incluir las imprescindibles reglas de empeñamiento y el marco normativo para la cooperación interagencial y la adecuación de las actividades de inteligencia.

En concreto, un plan de emergencia con alcance temporal que tenga efectos en la crisis consistiría en destinar entre 30.000 y 40.000 militares, de Ejército y Armada, para relevar a Gendarmería y Prefectura en tareas de custodia de objetivos estratégicos, de control de fronteras y de puertos, y de todas aquellas tareas que puedan ser suplidas, para así liberar y movilizar, a su vez, una cantidad similar de efectivos de ambas fuerzas de seguridad para reforzar a los conurbanos más grandes. Aun dividiendo por cuatro, significaría poner 10.000 hombres capacitados en las calles. Esta verdadera operación militar de relevo debería ser gradual y escalonada, a llevarse a cabo a partir de 2021 y durante 2022.

Soy consciente de que en seguridad la calidad es más importante que la cantidad, pero conseguir calidad llevará años. Argentina cuenta ya con una media de policías por cada 100.000 habitantes, por encima del estándar internacional recomendado por las Naciones Unidas, y aun así los niveles de eficacia no son satisfactorios. Pero ante la emergencia no queda alternativa más que saturar numéricamente las áreas más calientes. La Gendarmería y la Prefectura gozan de confianza pública y son reclamadas por los intendentes del conurbano.

Una propuesta como la presente pondría a las Fuerzas Armadas nuevamente en tareas operacionales bajo situación real, entrenando su músculo más allá de las mesas de arena y de los ejercicios en el terreno. Implicaría un planeamiento logístico de envergadura, muy superior al realizado durante la cuarentena. Tendría costos, por supuesto, porque la seguridad no es gratis (capacitación, equipamiento, transporte, alojamientos, comida, viáticos, etc.), pero estos serían menores a reclutar y capacitar nuevos policías, que quedarían permanentes, o a convocar al personal retirado. Ello porque el relevo tendría carácter transitorio, hasta tanto la curva de la pandemia de inseguridad se aplane.

Es hora de actuar rápido, con audacia y decisión, para que los argentinos podamos vivir sin miedo.

El autor es abogado, licenciado en Relaciones Internacionales, profesor en Ciencias Sociales, diplomado en Seguridad Humana y Desarrollo Sostenible, ex oficial del Ejército y director del think tank Visión 21.