La violencia institucional exige una urgente intervención del Estado

Los asesinatos de Luis Espinoza en Tucumán y Blas Correa en Córdoba, o el allanamiento ilegal perpetrado en viviendas de la comunidad Qom, en Chaco, son sólo tres de los distintos casos de violencia institucional y uso excesivo de la fuerza registrados hasta el momento en el país desde que se decretó, a mediados de marzo, el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) para contener la pandemia por el coronavirus.

Si bien a lo largo y ancho del país se han presentado gran cantidad de episodios, desde Amnistía Internacional hemos relevado 30 hechos incluidos en el informe “El uso de la fuerza en el contexto del COVID-19. La violencia como respuesta del Estado”, en el que mostramos cómo todos los casos relevados tienen una vinculación directa con el estado de excepción que estableció el decreto 297/2020 del Gobierno para contener el avance del virus.

Esa medida gubernamental encargó a las fuerzas de seguridad, dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación y de las diferentes jurisdicciones provinciales, la misión de velar por el efectivo cumplimiento del ASPO. Si bien es razonable que en un escenario excepcional en materia de salud se adopten medidas especiales para extremar los cuidados y morigerar el contagio, todos los hechos de violencia que relevamos desde Amnistía Internacional muestran un accionar violento y desmedido por parte de las fuerzas de seguridad. Este modo de proceder denota la existencia de un problema estructural que la pandemia solo ha agudizado.

Las detenciones arbitrarias, torturas, tratos degradantes, uso excesivo de la fuerza, allanamientos irregulares e, incluso, los asesinatos que protagonizaron en los últimos meses miembros de diferentes fuerzas de seguridad -algunos de ellos, inclusive, filmados por las mismas víctimas- tuvieron como blanco a personas pobres.

En muchos de estos casos los poderes ejecutivos locales de diferentes signos políticos repudiaron los hechos, promovieron investigaciones judiciales y separaron de sus cargos a los agentes sospechados. Además, tras presentar nuestro informe, tanto el Ministerio de Seguridad de la Nación como la Secretaría de Derechos Humanos se comunicaron con nosotros. Desde Amnistía Internacional valoramos estos acercamientos, no obstante, enfatizamos también que la violencia institucional refleja un problema que requiere la coordinación de medidas urgentes entre la Nación y las provincias.

Sabemos que es un trabajo complejo, pero el Estado debe desarrollar la normativa adecuada para atacar este problema. Sería deseable la sanción de una ley que involucre a las distintas fuerzas políticas, que sea un compromiso contundente de todos los partidos. Sumado a ello, es fundamental el establecimiento de protocolos de actuación para la intervención de las fuerzas de seguridad, así como el diseño e implementación de programas de formación y capacitación permanentes en todo el país.

Independientemente de la fuerza que esté en el poder y de la concepción acerca del modo de combatir la inseguridad que tenga, no hay dudas de que hace falta una política de Estado integral que penetre y por fin funcione; caso contrario, seguiremos contando víctimas.

Aquí me quiero detener en el caso de Facundo Astudillo Castro. Como es sabido, el sábado 15 de agosto se encontró un cuerpo y se estudia si pertenece al joven del que nada se sabe hace más de cien días. Astudillo Castro, de 22 años, había sido visto por última vez el 30 de abril cuando la policía lo detuvo en la ciudad de Mayor Buratovich en la Provincia de Buenos Aires por circular durante la cuarentena. El 2 de julio su familia había presentado una denuncia ante la justicia federal para iniciar las investigaciones sobre su paradero. Durante la investigación familiares y abogados manifestaron críticas y dudas sobre el avance de la causa.

Si bien se investigan las condiciones en las que desapareció Facundo, tanto el Presidente de la Nación como el gobernador de la provincia de Buenos Aires aseguraron respectivamente que “es necesario saber qué pasó con Facundo” y que “no habrá encubrimiento”. Hasta que no haya definiciones contundentes, es cauteloso esperar la información certera y, en el mientras tanto, garantizar que se lleven a cabo procedimientos independientes, expeditos y transparentes.

Para finalizar, quisiera hacer una reflexión. Las historias de Santiago Maldonado y Facundo Astudillo, si bien son diferentes, tiene ciertas similitudes. En ambos casos Amnistía Internacional tuvo y tiene contacto con la familia directa y sus abogados. En los dos hemos sido testigos de la tristeza, el dolor, la frustración y el enojo de familiares y abogados que se encuentran y enfrentan a un Estado que aparece lento, ineficiente y muchas veces insensible. En el caso Maldonado la familia sigue buscando verdad y justicia. Ojalá que en el caso de Astudillo Castro su mamá, Cristina, pueda saber qué pasó con su hijo y sanar sus heridas.

La autora es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina