El Gobierno logró lo que se creía imposible

Una movilización importante se llevó a cabo en las principales ciudades del país, a tan solo ocho meses de haber asumido Alberto Fernández

(Adrián Escandar)
(Adrián Escandar)

Sorprendió al Gobierno y a la oposición la magnitud de la marcha. En Olivos se aseguraba en la mañana del 17 de agosto que el banderazo iba a ser mediocre. Del mismo modo, en el entorno del Jefe de Gobierno porteño se especulaba que el alineamiento de Horacio Rodríguez Larreta con el gobierno nacional para desalentar la marcha reduciría sensiblemente la presencia de sus simpatizantes. Un error que merece un análisis. El gobierno nacional logró lo imposible: motivar con sus actos (y omisiones) una movilización importante en las principales ciudades del país, a tan solo ocho meses de haber asumido.

La marcha del 17-A descubrió algunas novedades. Muestra a un gobierno como si estuviera cerca de finalizar su mandato. También es un fracaso de la política bien entendida, que pareciera no representar a amplios sectores de la población. El acuerdo entre Rodríguez Larreta y Fernández destinado a desactivar la marcha mostró sus límites. También significó un quiebre en Juntos por el Cambio: la mayoría de sus dirigentes se encolumnó detrás de la posición pública de no asistir promovida por Larreta, pero la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que responde a Mauricio Macri, fue e hizo declaraciones a través de los medios.

Fue una marcha sin liderazgos, un evento espontáneo que respondió a numerosas motivaciones. Es aquí donde reside su éxito.

En efecto, el lanzamiento de la reforma de la justicia por el Gobierno disparó y unificó a través de la movilización una serie amplia de demandas, como las vinculadas con la crisis económica provocada por la prolongada reclusión, la falta de trabajo, la defensa de la democracia y las instituciones, la creciente inseguridad, el control gubernamental del sistema judicial y el avance del kirchnerismo en la gestión.

Asimismo, la marcha del 17-A puede ser interpretada a la luz de la agenda del oficialismo, o más bien de su ausencia. El presidente Fernández desaprovechó el inicio de su mandato para instalar una agenda tendiente a cambiar las expectativas y promover la esperanza. En cambio, consintió públicamente el avance de Cristina Kirchner en la conducción política y la gestión del gobierno, y estableció como prioridad la sanción legislativa de una reforma que buscaría promover el perdón judicial de la vicepresidenta a través del control partidario de la justicia.

Es llamativo que a poco de iniciar la gestión el Gobierno se muestre carente de ideas e iniciativa, fatigado, alejado de los problemas reales, sin proyecto ni capacidad de respuesta a los problemas que importan, y que destine sus menguantes recursos políticos a satisfacer las demandas de reivindicación judicial y moral de Cristina Kirchner.

Algunos voceros calificados del Gobierno y oposición devuelven un análisis diferente de los resultados de la marcha. Un secretario de Estado de frecuente acceso a Olivos consideró que el 17-A “es la expresión minoritaria de sectores medios y altos contrarios a los gobiernos populares, que reúne no más del 30% de la población en las urnas”. En cambio, un ministro del gobierno porteño afirmó que “pudo haber sido un error de cálculo militar en contra de la marcha”, pero que a pesar de ello “el PRO representa a la oposición y Rodríguez Larreta es el mejor candidato para disputarle el poder al kirchnerismo cuando llegue el momento, no ahora”.

La historia argentina a partir del advenimiento de la democracia ha producido con frecuencia creciente eventos políticos y económicos inesperados, que han cambiado de manera brusca el normal desarrollo de los acontecimientos. No es posible asegurar que el 17-A sea el preludio de uno nuevo, aunque impresiona su eclosión a tan solo ocho meses de haber asumido la nueva gestión, máxime si consideramos que se trata de un gobierno kirchnerista, otrora caracterizado por la fortaleza de sus liderazgos, el férreo control de las instituciones y el uso extensivo de los recursos del poder.

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