Las consecuencias políticas de la crisis económica

El año 2020 será muy probablemente el peor año en la historia económica argentina. De acuerdo con la edición de junio pasado del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central los analistas económicos prevén en promedio una caída de 12,3 puntos del PBI. El FMI y la CEPAL son ligeramente más optimistas. El primero espera una contracción de 9,9% del nivel de actividad en tanto que la segunda pronostica una caída de 10,5%. A su vez, la inflación esperada para este año de acuerdo con la encuesta del Banco Central es de 39,3%, por debajo del valor de 2019. Sin embargo, los analistas esperan una aceleración en el ritmo de aumento de los precios al consumidor en lo que resta del año conforme se vayan levantando las medidas de aislamiento y distanciamiento social. Según el REM del Banco Central la inflación esperada para los próximos 12 meses es de 52,3%.

El descalabro económico vendrá acompañado por un marcado deterioro en los indicadores sociales. De acuerdo con las previsiones de la CEPAL, la Argentina es el país de la región que experimentará el mayor aumento de la pobreza. En materia de empleo, los datos reportados la semana pasada por el Ministerio de Trabajo de la Nación muestran que entre febrero y mayo hubo una caída de 200.000 empleos registrados en el sector privado.

Frente a semejante panorama surge una pregunta obvia, pero cuya respuesta no lo es tanto: ¿cuáles serán las consecuencias políticas de la crisis económica en curso? Semanas atrás la actriz devenida en conductora televisiva Juanita Viale preguntó al aire a sus invitados de manera cándida y espontánea –pero a la vez punzante: “¿Termina el gobierno? ¿Termina el mandato?”. Por entonces, el escenario político lucía bastante más convulsionado. El Gobierno venía de dar un paso en falso con el fallido intento de estatizar a la empresa Vicentin y el presidente Alberto Fernández se encontraba bajo fuego amigo.

El recientemente anunciado acuerdo con los tenedores de deuda bajo legislación extranjera es en este sentido una bocanada de aire fresco para el Gobierno, que probablemente contribuya a calmar las hasta hace poco agitadas aguas dentro del Frente de Todos. Pero tal como ha reconocido el mismo Gobierno, el arreglo con los bonistas no resolverá todos los problemas que aquejan a la economía argentina.

Para algunos observadores la analogía con el 2001-2002 resulta obvia y en virtud de ello tal vez conviene detenerse en la incómoda pregunta de Juanita Viale. El colapso de la salida de la convertibilidad y sus coletazos, no solo resultaron en la caída del gobierno de la Alianza y en la efímera presidencia de Adolfo Rodríguez Saá, sino que también llevaron a que el presidente Eduardo Duhalde, designado por la Asamblea Legislativa para completar el mandato trunco de Fernando De la Rúa, anticipara las elecciones presidenciales y el traspaso del mando.

Los colapsos presidenciales no son una rareza argentina, sino que han sido un fenómeno frecuente en la región desde la última ola de democratización. En el pasado los presidentes democráticos eran desalojados por sendos golpes militares. Este tipo de eventos son hoy más bien la excepción antes que la regla. Pero a pesar de ello, en los últimos 40 años más de 20 presidentes latinoamericanos no pudieron completar su mandato, ya sea porque adelantaron las elecciones o el traspaso del mando, porque renunciaron frente a la perspectiva de un impeachment exitoso, o porque fueron destituidos por el Poder Legislativo.

A pesar del sombrío escenario económico que transita la Argentina, la probabilidad de una crisis política como la de 2001 es baja. Las crisis económicas, independientemente de su magnitud, son condición necesaria pero no suficiente para los colapsos presidenciales. La evidencia muestra que los presidentes que no terminan el mandato son aquellos que se quedan solos. No cuentan ni con el apoyo de “la calle” ni tampoco del Legislativo. Las manifestaciones por sí solas no tumban presidentes. Jefes de Estado altamente impopulares como Michel Temer o Alejandro Toledo fueron capaces de completar su mandato. Sin embargo, los presidentes minoritarios que no cuentan con un escudo legislativo sí resultan vulnerables a las crisis económicas y a la presión de la calle.

Alberto Fernández cuenta con un nivel de aprobación elevado (50% de acuerdo con una reciente encuesta realizada por la Universidad de San Andrés) y su coalición controla 42 de las 72 bancas del Senado y 119 de los 257 escaños de la Cámara Baja. A pesar de la caída en la popularidad presidencial causada por diversos motivos tales como la fatiga hacia las medidas de aislamiento, decisiones como el fallido intento de expropiar Vicentin o la grave situación económica, Alberto Fernández cuenta aún con un elevado respaldo en la opinión pública y con espaldas sólidas en el Congreso. De ahí que la probabilidad de un nuevo 2001 sea baja siempre y cuando no haya un quiebre en la coalición oficialista.

¿Cuán factible es un quiebre del Frente de Todos? Poco probable también. Si bien en las últimas semanas hubo tensiones, nada indica que la coalición oficialista enfrente riesgos de ruptura. Podría decirse que invirtiendo la fórmula de Alem, el Frente de Todos se doblará, pero difícilmente se quebrará. En todo caso, si el kirchnerismo –el grupo mayoritario y con la figura de mayor volumen político de la coalición– se siente disconforme con la gestión presidencial, probablemente ello lleve a un cambio en el equipo de gobierno y a una mayor presencia kirchnerista en el gabinete, algo que repercutirá negativamente sobre la imagen presidencial. Paradójicamente, hay allí un círculo vicioso. Cada medida que Alberto Fernández toma para satisfacer las demandas del kirchnerismo –como el intento de estatizar Vicentín– o atender a las urgencias de la vicepresidenta –como la recientemente anunciada reforma judicial o los embates sobre Horacio Rodríguez Larreta– hacen caer la imagen de moderado que el presidente promovió durante la campaña presidencial dañándolo en las encuestas. Ello a su vez, lo hace más dependiente del núcleo duro del Frente de Todos, los votantes de Cristina Fernández de Kirchner.

Para resumir, puede haber tensiones, disensos y fuego amigo, pero la ruptura no es un escenario probable. Ni el presidente ni la vicepresidenta ganan nada con un quiebre de la coalición. Tampoco Sergio Massa, el otro socio minoritario en la coalición gobernante, tiene rédito alguno en una ruptura del Frente de Todos. Una ruptura de la coalición en este contexto económico dejaría al peronismo en una situación de debilidad de cara a las elecciones legislativas de 2021. En buena medida el resultado de las mismas no solo estará dado por la economía, sino por el grado de cohesión o fragmentación del oficialismo y de la principal fuerza de oposición. En términos políticos, es posible que la nueva normalidad presente un panorama signado por la administración de las disputas internas del Frente de Todos.

*Con permiso de reproducción exclusivo de: “Informe Calíbar el rastreador” (www.calibar.com.ar).