Moratoria sí, impunidad no

Una cosa es diseñar una moratoria para pymes y otra totalmente distinta es que la misma se convierta en un salvataje para Cristóbal López

Cristina Kirchner y Alberto Fernández
Cristina Kirchner y Alberto Fernández

Si bien el proyecto de ley que permite sumar más personas y empresas a un régimen de moratoria para regularizar el pago de deudas impositivas, previsionales y aduaneras, nos parece una buena iniciativa, hemos planteado varios reparos y modificaciones para poder acompañarlo, de manera de impedir que se otorgue impunidad a personajes que han estafado al Estado argentino y que se han enriquecido durante el gobierno kirchnerista.

Una cosa es diseñar una moratoria para pymes y otra totalmente distinta es que la misma se convierta en un salvataje para Cristóbal López, quien enfrenta procesos judiciales por defraudación millonaria al Estado, a través de la empresa Oil Combustibles y negocios vinculados al juego.

Concretamente, la incorporación de algunos artículos en el actual proyecto nos hace pensar que el objetivo final de la misma es, en realidad, que el señor López goce de un total blindaje económico y penal, y eso no lo podemos avalar. Por eso, desde Juntos por el Cambio estamos pidiendo que se excluyan de la moratoria los impuestos sobre los combustibles líquidos y la realización de apuestas.

Cabe señalar que las deudas tributarias de OIL Combustibles ante la AFIP rondan los $7.000 millones, por lo que, si este proyecto termina beneficiando efectivamente al fundador del Grupo Indalo, también se generaría un perjuicio notable para el fisco y eso se podría traducir en menos hospitales, menos recursos para los jubilados y menos viviendas sociales.

Además, no existen razones comerciales, fiscales ni legales para ofrecer un plan de pagos extraordinario a quien no cuenta con un flujo de fondos que garantice su cumplimiento en el tiempo, ni con activos que no sean los remanentes en la quiebra. Por eso, solicitamos que se elimine la posibilidad de incluir a empresas quebradas, porque las mismas ya no cuentan con empleos a proteger ni actividad productiva a restablecer.

Lamentablemente, el Gobierno de Alberto Fernández, hasta el momento, no ha tenido en cuenta ni los cuatro proyectos de moratoria ni una serie de medidas que hemos presentado en el Congreso desde Juntos por el Cambio para apuntalar a diferentes sectores que durante la cuarentena no han podido hacerse de ingresos para afrontar sus pagos y que, por lo tanto, debemos acompañar en la reanudación de sus actividades para que no queden por el camino.

Así, dentro del paquete de modificaciones que elevamos, también sugerimos que la moratoria contemple un régimen de “premios fiscales”, a modo de reconocimiento, para aquellos contribuyentes o empresas que sí pudieron hacer frente a sus obligaciones. Por último, propusimos que la ventana temporal entre la fecha de entrada en vigencia de la normativa y el plazo para acceder a la regularización de deudas se extienda un mes más, desde el 31 de octubre al 30 de noviembre, y que la tasa de financiación del 2% rija hasta diciembre de 2021 y no hasta enero.

En síntesis, el foco de esta ley debe ser oxigenar a aquellos monotributistas, autónomos, trabadores y pymes que en estos meses sufrieron las terribles consecuencias de una de las cuarentenas más largas del mundo, y no el de garantizar impunidad a quienes son investigados por delitos tributarios. Porque, de ser así, sentaría un precedente muy negativo para el país, por lo que ojalá que aquellos sectores de la oposición que están dispuestos a apoyarlo, como el Socialismo de Santa Fe, revean su decisión.

El autor es diputado nacional y vicepresidente del PRO

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