Por qué la política económica conduce a la licuación de salarios y jubilaciones

Las aparentemente contradictorias declaraciones del Presidente, que ora dice no tener ni querer tener un plan económico y otrora asegura que siempre lo tuvo, encierran un escandaloso secreto.

Lo que nadie parece haber descubierto, hasta ahora, es que la variable fundamental del “modelo económico” en el que se enmarca la actual política del Gobierno es el de una licuación ostensible del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones.

Todo parece indicar que se buscará crecer al estilo chino que se puso en vigencia en 1978, que se basaba en planificar la inversión pública y privada, mediante la selección de sectores ganadores, a los que se otorgaban fuertes ventajas impositivas y regulatorias. Se aseguraba así, un fuerte disminución de los costos de las empresas, favoreciendo de esta manera la existencia de rentabilidad suficiente como para permitir la elaboración de altos volúmenes destinados a la exportación.

Esta política provocó un auge inversor muy agresivo. En los primeros años, las fuentes de origen del capital eran locales. El rápido crecimiento despertó el interés de las principales empresas multinacionales de ese momento, que decidieron radicar importantes proyectos, a fin de aprovechar las numerosas ventajas que otorgaba el gobierno chino, con un punto de partida de un costo salarial bajísimo, ya que los ingresos y el nivel de vida de la mayoría de la población eran paupérrimos. Esto permitía contar con lo que los autores marxistas denominan un “ejército de reserva”.

Una necesaria digresión teórica

En estos últimos, el presidente Alberto Fernández aseguró que la inversión privada, la exportación y la generación de empleo en áreas con gran potencial de desarrollo son las claves para salir de la crisis del COVID-19. Y, refiriéndose al elevadísimo déficit fiscal dijo que el objetivo de su gobierno no es vivir con él sino superarlo. Recordó que el norte de su gestión es lo que aprendió del ex presidente Néstor Kirchner: “Desendeudamiento; acumulación de reservas; tipo de cambio real alto; superávit comercial; y superávit fiscal”.

Los objetivos son loables y las reglas son adecuadas. La gran duda es si el Presidente tiene el asesoramiento técnico necesario para interpretar la importancia de la variable fundamental del “modelo”, de la cual dependen las otras cuatro. Se trata del superávit fiscal y de la manera de lograrlo. Aunque de éste depende el desendeudamiento y la acumulación de reservas, hay una sola manera de llegar al mismo que es congruente con las dos reglas restantes: tipo de cambio real (TCR) alto y superávit comercial.

Pero, si no se baja fuertemente el gasto público y los impuestos, “el modelo no cierra” y los resultados serán diferentes a los deseados.

Es necesario considerar que el TCR es la inversa del gasto público (GP). Este supuesto fundamental lo introdujo Domingo Cavallo en su libro Volver a Crecer (1984).

Desde un punto de vista macroeconómico, el gasto público es un costo que se agrega a las empresas que producen, puesto que la contracara del estipendio estatal es la recaudación fiscal. Como el TCR surge de comparar los precios locales con los internacionales, mientras más alta es la presión tributaria, más altos serán los costos de las empresas y más bajo el TCR. Dicho de otra manera, el peso del Estado impide que los exportadores compitan en igualdad de condiciones con los de otros países, en los cuales la exacción estatal es menor.

Impuesto inflacionario

Aunque éste es ilegal, la inflación es uno más de todos los gravámenes de los cuales se sirve el sector público para financiar sus gastos y por tal motivo es una variable fundamental del “modelo”, porque una parte de la recaudación proviene de la AFIP y la otra del BCRA, que emite dinero por encima de su demanda, generando una pérdida de poder adquisitivo de los billetes y monedas en circulación o depositados en los bancos.

El fuerte ritmo alcista que tendrían los índices de precios, a raíz de la monetización del creciente déficit fiscal provocarían la pulverización del poder adquisitivo de los ingresos de los empleados estatales y los jubilados. El silencio de los sindicalistas y el temor a la desocupación se ocuparían de formar el “ejército de reserva” necesario para implementar esta cruel y desalmada política.

El autor es economista y asesor financiero

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