La democracia no usa mordazas

La obligación del Estado es la de dar suficientes garantías a la libertad de expresión, por cuanto la inexistencia de ella debilita nuestra democracia (AFP)
La obligación del Estado es la de dar suficientes garantías a la libertad de expresión, por cuanto la inexistencia de ella debilita nuestra democracia (AFP)

La libertad de expresión es la libertad de las libertades, y reviste gran importancia en el fortalecimiento de la democracia y la república. Por ello, en estos momentos, donde los ánimos están crispados y cualquier opinión o crítica puede sonar como un ataque a la autoridad, es necesario reflexionar y tratar de saltar la grieta. John Stuart Mill decía en Sobre la libertad: “Negarse a oír una opinión, porque se está seguro de que es falsa, equivale a afirmar que la verdad que se posee es la verdad absoluta. Toda negativa a una discusión implica una presunción de infalibilidad”.

La Constitución en su artículo 14 establece que todos los habitantes gozan de los siguientes derechos conforme las leyes que reglamenten su ejercicio, y entre ellas, la de publicar sus ideas sin censura previa; la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 13 nos habla sobre la libertad de pensamiento y expresión; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 18 reconoce la libertad de pensamiento, y en artículo 19 establece que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; en definitiva ninguna autoridad puede limitar, censurar o silenciar la voz del que piensa distinto y esta debe ser la regla.

Para ilustrar esta cuestión, resulta esencial una somera lectura sobre lo expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo referente a esta libertad y especialmente sobre las cuestiones de interés público: “La libertad de expresión, (...) ‘es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática’. No sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que resultan ingratas para el Estado o cualquier sector de la población. Tales son las demandas del pluralismo, que implica tolerancia y espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática” (Caso Ríos y otros vs. Venezuela).

La obligación del Estado es la de dar suficientes garantías a la libertad de expresión, por cuanto la inexistencia de ella debilita nuestra democracia. De esta manera, el Estado debe minimizar al máximo todo tipo de restricciones a la información, debe frenar el ataque abierto hacia los comunicadores, por cuanto necesitamos de una prensa libre y sin restricciones, ya que de esta forma se enriquece y robustece el debate público. Eugenio Zaffaroni dijo que el Estado debe favorecer políticas competitivas y antimonopólicas que “preserven la diversidad y pluralidad de voces en salvaguardia de a libertad de expresión y del derecho de información” (Fallo Grupo Clarin S.A. c/ PEN y otros s/ acción declarativa).

En estos últimos tiempos, desde distintos sectores del poder buscan mediante el amedentramiento, amenazas, recomendar a no escuchar a uno u otro comunicador, mediante conceptos ambiguos, se busca la censura del que piensa distinto y, en estos tiempos debemos promover el robustecimiento de la sociedad democrática mediante la pluralidad de voces y el debate libre. En definitiva, la libertad de expresión es la piedra angular que sostiene el pesado edificio de la democracia.

En nuestra joven democracia, todavía discutimos, debatimos, etiquetamos, discriminamos, a partir de la palabra. Por ello, se hace fundamental respetar los derechos, reconocer en el distinto las diferencias y buscar lugares comunes, debemos garantizar el libre y pleno ejercicio de las libertades a toda persona, sin discriminación alguna por motivos de raza; color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social (Art. 1 CADH) y saber, como dijo el juez Hugo Black, que “la prensa debe servir a los gobernados, no a los gobernantes”.

El autor es abogado constitucionalista


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