El uso público asignado a la cosa intervenida y sus distorsiones

La intervención por parte del Poder Ejecutivo sobre la propiedad privada —que está prohibida por la Constitución Nacional— distorsiona los incentivos de los individuos y provoca ineficiencia económica

Una de la plantas de la empresa Vicentin (Pablo Lupa)
Una de la plantas de la empresa Vicentin (Pablo Lupa)

Las incidencias jurídicas del Estado sobre la propiedad privada deben estar circunscriptas a determinadas exigencias constitucionales y sustentadas a propósitos específicos. Precisamente, para el caso de la expropiación, debe darse exclusivamente por causa de utilidad pública, calificada por ley y ser previamente indemnizada. Esto significa que la propiedad en nuestro sistema normativo es inviolable, y ningún habitante puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. De cualquier otro modo la actuación estatal sería confiscatoria o de dominación como mero derecho de señorío. De ahí entonces que los únicos canales previstos para interceder legítimamente en la propiedad privada sean la expropiación a cargo del Poder Legislativo y la intervención de la sociedad a oficio del Poder Judicial.

¿Fuera de esto, nada? Nada. Fuera de esto, nada. Es lo que es y fuera de esto — nada (und weiter — nichts, como advirtiera Martin Heidegger en Was ist Metaphysik?).

La propiedad en nuestro sistema normativo es inviolable, y ningún habitante puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley

Sin embargo, la fundamentación metafísica confronta con cierta experiencia histórica: desde 1900 a esta parte fueron intervenidas por el Poder Ejecutivo —es decir, sin utilizar la técnica expropiatoria o la intervención judicial— setenta y cinco (75) empresas privadas. Las intervenciones sucedieron en 1969 (2), 1970 (3), 1976 (3), 1977 (20), 1980 (44), 2012 (2) y 2020 (1).

La muestra presenta, cuando menos, seis consideraciones. Primero, que en ciento veinte años fueron intervenidas setenta y cinco empresas privadas. Segundo, que la mayoría de las intervenciones fueron durante contextos no democráticos. Tercero, que la mayor parte de las intervenciones fueron dispuestas por decretos-leyes o de necesidad y urgencia. Cuarto, que ninguna de las intervenciones dieron lugar a indemnización previa a favor del propietario ni tampoco estuvieron convenidas a la declaración por causa de utilidad pública calificada por ley formal. Quinto, que el índice Merval, que traduce el mercado accionario argentino, cayó luego de la publicación de cada decreto de intervención (ej. -1,70% 2012 y -4,93% 2020). Sexto, que existía una probabilidad de ocurrencia de otra intervención para el primer semestre de este año del 0,0097%.

Marcha a favor de Vicentin el 9 de Julio, en Avellaneda (Pablo Lupa)
Marcha a favor de Vicentin el 9 de Julio, en Avellaneda (Pablo Lupa)

Desde este punto de vista, resulta posible afirmar que la intervención por parte del Poder Ejecutivo sobre la propiedad privada —que está prohibida por la Constitución Nacional— distorsiona los incentivos de los individuos y provoca ineficiencia económica. Y el motivo es bastante simple: la intervención transitoria dispuesta por el presidente de la Nación, sin requerimiento alguno, está apoyada en que la cosa (en el sentido general del término) no vale por lo que es, sino por el significado exclusivo que la figura presidencial le atribuye.

El Poder Ejecutivo cuando interviene en la propiedad privada demuestra —expresa o implícitamente— la necesidad y preferencia que tiene sobre esa propiedad. En efecto, exhibe por qué la intervención fue llevada a cabo sobre esa empresa y no sobre otra. En otras palabras, deja en claro el uso público asignado a la cosa. De esta forma, cualquier empresario del segmento intervenido tendrá alteraciones en los incentivos con relación a sus propiedades. En general, los dueños típicamente asumirán el riesgo y la incertidumbre en razón de la discrecionalidad generada.

Los únicos canales previstos para interceder legítimamente en la propiedad privada sean la expropiación a cargo del Poder Legislativo y la intervención de la sociedad a oficio del Poder Judicial

La poca seguridad jurídica y la acción gubernamental incierta será internalizada como externalidad negativa por los propietarios y probablemente considerada en el mismo orden por los potenciales inversionistas. En este sentido, habrá distorsión en las preferencias de los agentes que pertenezcan al sector comprometido y, con ello, una posible distensión general del mercado, aunque sea leve. Después se observarán distribuciones económicas ineficientes, esto es, ambivalencias en los esquemas motivacionales de los participantes de la fracción involucrada. Naturalmente, se cuestionarán, por ejemplo, si sería deseable hacer mejoras excesivas para ser eventualmente expropiado antes que intervenido, o bien sería preferible reducir los avances de inversión dada la asimilación del riesgo de intervención que antes no estaba considerada.

Por eso es importante no perder de vista el uso público establecido por la autoridad estatal cuando decide sancionar la medida interventora. Porque no es lo mismo que la razón pública sea definida mediante el proceso deliberativo y democrático materializado por las cámaras del Congreso que conceptualizado unilateralmente por una persona. La causa-efecto de esta última situación es elemental y consiste en convertir discrecionalmente en signo una variable circunscripta en el significado asignado únicamente por el Poder Ejecutivo. Dicho de otro modo: a través de la intervención ejecutiva, vedada por la Constitución Nacional, se configuran y habilitan las bases para un programa de acción de gobierno sobre determinado tipo de propiedad privada. Por este motivo, el valor designado a la propiedad intervenida resulta ser un signo para esa empresa, pero también para las restantes.

Los primeros convencionales constituyentes fueron sabios cuando escribieron que los habitantes de la Nación solo pueden ser privados de la propiedad por una causa de utilidad pública y con previa indemnización

No es casual entonces que justamente G. W. F. Hegel haya afirmado, en sus Principios de la filosofía del derecho, que "la toma de posesión por designación representa mi voluntad, es un signo sobre la cosa cuyo significado es que he depositado mi voluntad en ella. Cuando me apodero de una cosa, el último significado es también un signo, un signo para los otros, que los excluye y les señala que he puesto mi voluntad sobre esa cosa. El concepto de signo es precisamente que la cosa no vale por lo que es, sino por el significado que se le atribuye. Al proporcionar un signo y poder adquirir algo con él, el hombre señala precisamente su dominio sobre las cosas" (op. cit. ed. Sudamericana, Bs. As, 2004, pág. 73).

Los primeros convencionales constituyentes fueron sabios cuando escribieron que los habitantes de la Nación solo pueden ser privados de la propiedad por una causa de utilidad pública y con previa indemnización. Pero mucho más certeros fueron cuando consagraron que esa injerencia debe ser además calificada por ley del Congreso de la Nación, mas no por la injerencia indebida del Poder Ejecutivo. Pues si esto ocurre, como en el caso, la distorsión no solo recaerá en la causa de la medida, sino también en los efectos originados por la misma.

El autor es abogado y magíster en Derecho Administrativo

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