La seguridad ciudadana en la post pandemia

La ansiedad que genera la pandemia está estrechamente relacionada a las incertidumbres acerca del futuro inmediato y de mediano plazo. Sentimos que la economía se ha visto seriamente afectada y eso repercute en los mercados laborales, pero no sabemos cuánto nos afectará y qué tanto afectará a nuestros afectos o familiares. La percepción de amenazas, el malestar derivado de las incertidumbres y la consecuente angustia son los componentes de esa ansiedad.

Aventurar escenarios en materia de seguridad es muy arriesgado ya que no tenemos registro de situaciones similares a las cuales remitirnos. La crisis económico-financiera mundial de 2008 se valió de la experiencia de la crisis de 1928 y los delitos contra la propiedad bajaron sensiblemente. De hecho, los primeros dos meses de esta pandemia demostraron una importante caída en los delitos, pero esa tendencia se revirtió y hoy los indicadores muestran un aumento sustancial.

Algunos estudios, aun no concluyentes, nos hacen pensar que los ciclos económicos están relacionados con los tipos de delitos que prevalecen en sus diferentes fases: con la expansión económica aumentan los delitos contra la propiedad y con las crisis económicas aumenta la violencia interpersonal. Pero la pandemia impuso una crisis cuyas raíces no están en lo económico, con lo que aquellas lecciones no nos aportan escenarios de previsibilidad. No todos sufriremos los impactos de la crisis de la misma manera: habrá diferencias entre países, entre regiones, entre rubros de la economía, entre franjas etarias.

Admitiendo esas diferencias, solo nos resta analizar las tendencias que permitan prever posibles escenarios que parecen presentar una peculiar característica: aumentan los delitos patrimoniales y, al mismo tiempo, aumenta la violencia interpersonal. Es decir: las amenazas se manifiestan en los espacios comunes y públicos y también en nuestros hogares.

De tal manera podemos mencionar los siguientes problemas que afectará a los simples ciudadanos de a pie:

76. Robo de vehículos y sus partes. El menor uso de vehículos y sus largas estadías en la vía pública los expone a todo tipo de delitos.

77. Robos, hurtos y asaltos a quienes se dedican a prestar servicios de entrega domiciliaria. Esta gente lleva encomiendas e incluso valores, con lo que se vienen convirtiendo en un blanco preferido. En muchos países los comerciantes establecen un margen de pérdida cada vez más alto (entre el 5 y el 12%) relacionado a este problema.

78. Robos y asaltos domiciliarios. La modalidad del robo y asalto en banda a los domicilios se ha incrementado notablemente ante la ausencia de transeúntes en la vía pública. El uso cada vez más extendido de la entrega domiciliaria (delivery) facilita las “entraderas”.

79. Desprotección por fuerte merma en servicios de seguridad privada. Las circunstancias económicas han retraído en más del 25% la demanda de servicios de seguridad privada, dejando desprotegido al sector de la clase media más vulnerable. Al mismo tiempo, queda sin trabajo un importante número de personas que puede verse tentado a hacer uso delictivo de los conocimientos y la información valiosa que poseen.

80. Las salidas anticipadas que, para evitar una crisis sanitaria en el sistema penitenciario, beneficiaron a personas privadas de libertad, pero cuya reincidencia es estadísticamente muy alta en nuestra región, presenta un riesgo adicional.

81. Secuestros extorsivos. En los momentos de crisis económicas, se suelen tomar mayores recaudos para proteger los bienes y valores, con lo que los delincuentes recurren a métodos de mayor violencia para obtener esos recursos.

82. Usura. Las urgencias económicas exponen a las poblaciones vulnerables a la usura.

83. Extorsiones y estafas.

84. Usurpaciones y saqueos de viviendas, comercios y fábricas.

85. Victimización por fuego cruzado entre pandillas y narcos enfrentados por el control territorial. El aumento de la actividad del crimen organizado desata guerras sangrientas por el control de territorios y los mercados criminales.

86. Aumento de tenencia informal/ilegal de armas tanto para la comisión de delitos como para la defensa personal.

87. Mayor impunidad de malhechores por la normalización del uso de mascarillas/tapabocas y guantes que facilitan la anonimidad y dificultan las labores de identificación en la investigación criminal.

88. Justicia por mano propia producto de la ineficiente respuesta estatal ante un fuerte y repentino aumento de la delincuencia. Estas situaciones pueden llegar a extremos de puebladas y linchamientos.

89. Aumento de la adicción a drogas lícitas e ilícitas. La pandemia dio lugar a un mayor consumo de alcohol y drogas, según revelan las estadísticas. La experiencia muestra que esas tendencias rara vez se revierten.

90. Ludopatías. Las adicciones al juego aumentan con el desempleo y agravan la disfunción del núcleo familiar.

91. Aumento de violencia contra los menores.

92. Violencia de género y contra la mujer. Las llamadas de auxilio relacionadas con estos casos aumentaron en más de un 70% a nivel mundial. Las violencias intrafamiliares, especialmente entre parejas son, en la mayoría de los casos, procesos irreversibles. El hacinamiento y la irritación que causa en confinamiento y el desempleo deteriora las relaciones interpersonales, situación que tendrá efectos durante períodos que superarán ampliamente a la pandemia.

93. Aumento de menores en situación de riesgo en hogares monoparentales. La gran cantidad de divorcios que se iniciaron por deterioro en las relaciones intrafamiliares obliga a ambos progenitores a trabajar, en la mayoría de los casos, lo que priva a los menores de un adecuado cuidado, atención y tutelaje parental.

94. Repitencia y abandono escolar. La educación a distancia o en línea requiere de una disciplina personal muy estructurada que no siempre está presente en los menores. Las encuestas realizadas en varios municipios de Argentina muestran que tan solo el 70% de los alumnos han realizado alguna tarea escolar durante la pandemia y casi la mitad de ellos han realizado menos del 10% de las tareas solicitadas. Por su parte, la crisis económica llevará a muchos menores a abandonar la educación formal para contribuir con su trabajo al sostén familiar, especialmente entre los sectores más vulnerables.

95. Suicidios.

96. Erosión de la privacidad digital a manos del sector privado, del sector público y del crimen organizado.

97. Acoso y abuso sexual contra mujeres y menores.

98. Acoso y explotación laboral. Las dificultades económicas y el alto nivel de desempleo, combinados con baja capacidad de monitorear y controlar la problemática, ofrecerá mayores oportunidades para este tipo de excesos delictivos.

99. Discriminación, racismo y xenofobia. Las crisis económicas y el desempleo generan condiciones favorables para la discriminación y la xenofobia. El populismo político suele echar mano de este recurso con criterios clientelistas, acusando a los extranjeros de todos los males, especialmente de la delincuencia y la violencia. Los datos estadísticos muestran claramente y en todo el mundo que esta hipótesis no se verifica.

100. Violencia institucional, corrupción y letalidad policial que suelen acompañar las políticas de “mano dura”. Estas desesperadas respuestas estatales ante las escaladas descontroladas de delincuencia recurren y toleran inaceptables excesos y apremios en las labores de los operadores de seguridad y justicia.

Los cien problemas de seguridad no son más que un muestreo precipitado por la pandemia (hay muchos más, pero no es cuestión de dar ideas).

Cabe mencionar que los problemas planteados se pueden presentar aisladamente o en múltiples combinaciones entre sí, por lo que la complejidad es enorme.

La inseguridad debería ser atendida por las instituciones estatales, pero las características particulares de esta crisis que parece disparar simultáneamente un aumento en los delitos contra la propiedad y un aumento en las violencias interpersonales hacen que las instituciones se vean sobrepasadas. A ello debemos agregar las dificultades que tiene el fisco para atender las inseguridades debido a la parálisis parcial de la economía: el Estado recauda menos y se ve obligado a priorizar la inversión en las labores de los operadores de salud pública y gastos en seguridad alimentaria en detrimento de los recursos destinados a los operadores de seguridad y justicia.

Así presentada, parece una situación de extrema gravedad, sin salida y desesperante. Pero no lo es. La propia pandemia muestra el camino de salida: se trata de que todos y cada uno de nosotros tome conciencia de los problemas y asuma sus responsabilidades en su resolución. La seguridad, al igual que otras políticas públicas, no puede ser delegada solamente en el Estado. Todos somos conscientes del rol que individualmente nos compete en la educación y en la salud. Si no hacemos nuestra parte, los maestros y los médicos no logran los resultados que queremos obtener. Lo mismo ocurre con la seguridad.

Este artículo es el último de una serie que plantea 100 problemas de seguridad potenciados por la pandemia. Ver la primera parte, la segunda parte, y la tercera parte.

El autor es profesor en la UBA