Ayudemos a las empresas a quebrar

Construyamos un razonamiento sobre algunas obviedades.

No hace falta comenzar este artículo enumerando lugares ilustres o paradigmáticos que tuvieron que cerrar para siempre. Con dar dos vueltas a la manzana es suficiente para notar que no hay rincón en donde no estén cerrando comercios, locales y espacios gastronómicos. En función de esa experiencia irrefutable, enunciemos la primera obviedad: la crisis está destruyendo la capacidad de crear valor del país porque las empresas están cerrando.

El Estado es un socio bastante particular: cuando a alguien le va bien… ahí está para llevarse su 50% (o más) a través de todo tipo de impuestos y tasas municipales, provinciales y nacionales. Ahora, ¿dónde está cuando le va mal? No me refiero a las iniciativas descoordinadas que lanzó para mitigar el impacto de la cuarentena en las empresas, sino a ¿qué pasa si alguien ya no puede aguantar más? Si quebrás, ¿dónde está el Estado?

Para los que quieren terminar con sus sueños de una manera prolija, corre la doble indemnización, la integral en la AFIP, el “riesgo” (por no decir la inevitabilidad) del veraz, y, con mucha suerte, probablemente entre 12 y 18 meses de visitas a la IGJ. Todo esto, claro, si hay plata para liquidar. El problema de la inmensa mayoría de los que cierran es ya no tiene plata ni para cumplir con el contrato de alquiler. Y el socio-Estado se esfuma: no hay fondos para cubrir los costos de una quiebra ni para simplificar los (muchos) trámites administrativos que debe resolver quien “fracasa”. Si la única alternativa es bajar la persiana… Dependiendo del vehículo jurídico, el dueño del emprendimiento gastronómico, del local comercial, del gimnasio de barrio o de la marca de indumentaria, tiene que responder hasta con su propio patrimonio, salvo que sean bienes de familia. Las dobles indemnizaciones se convierten en juicios y hay que multiplicar los tiempos y trámites burocráticos, más los costos asociados, por tres. Chocolate por la noticia y obviedad número dos: es muy difícil quebrar en Argentina y si te toca, estás solo.

Decían los latinos: “nadie da lo que no tiene”. Si quienes quiebran no tienen plata, ¿por qué se les sigue exigiendo tanto? Todo sale plata y se la exigimos a quien no la tiene. ¿Dónde está el estado para asistir a quienes toman riesgo y crean valor? Valor que, dicho sea de paso, va a ser más necesario que nunca en la Argentina post-pandemia. O, ¿de dónde piensan tomar los recursos suficientes para afrontar los gravísimos problemas sociales y económicos? En un contexto en el que la destrucción de valor se traduce en marcados descensos en la recaudación fiscal, el estado sigue poniendo palos en la rueda a los que emprenden. Quizás por eso el Reporte del Monitor de Emprendedurismo Global (GEM) del 2018/9 informó que casi 4 de cada 10 porteños (37,8%) ven oportunidades para emprender un negocio pero que no lo hacen porque tienen miedo a fracasar. Y… ¿no es razonable tanto miedo cuando las únicas reglas de juego que no cambian son las descriptas en el párrafo anterior? Tercera obviedad: para sacar al país adelante se necesitan más empresas.

La mayoría de quienes cierran no van a actualizar su CV para que los emplee otro, sino que van a volver a intentarlo. Por eso debería ser fácil quebrar: para que la gente que quiere seguir apostando por el país pueda levantarse más rápidamente. “Los emprendedores” no son jóvenes de garaje que leen libros de Steve Jobs y que quieren visitar Singularity University… son personas de carne y hueso que no tienen incentivos para comenzar una empresa porque el marco institucional no les da nada. Tienen miedo porque tienen mucho para perder. Y las señales del sector público son las equivocadas.

El ejemplo de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) es grotesco: en el marco de una pandemia global y del decreto de una cuarentena que inhabilita el funcionamiento normal de la administración pública, la conducción de la IGJ decidió ir a contramano del mundo, del sentido común y del contexto y no tuvo una mejor idea que decirle a los emprendedores que todo lo digitalizado se “papeliza”. Ya no vale la pena ni mencionar el nulo esfuerzo simbólico del sector público, en general, y del político, en particular, al seguir exigiendo el pago de impuestos a empresarios quebrados para la cobertura de los gastos de un estado en el que nadie se bajó ni un peso del sueldo.

Estos problemas no son nuevos. Esto quiere decir que no los creó este gobierno: son problemas del estado argentino. Este gobierno no hizo más que complicar la situación, sin dudas. Pero para resolver la cuestión de fondo, hay que ir a consensos que trasciendan los módicos cuatro años que un gobierno está en el poder. Y para que todos ganemos mucho, todos los sectores tienen que ceder un poco. Volviendo a las obviedades: estamos perdiendo empresas y las necesitamos más que nunca, en una Argentina en la que quebrar es un dolor de cabeza. ¿La conclusión? El contexto sólo le dio urgencia a una medida que ya era necesaria: la del cierre simplificado de empresas. Si es más fácil fracasar, será más fácil volver a levantarse. Tan evidente como eso.

El autor es filósofo, PhD en Management y Profesor del IEEM Business School