Es necesario llevar a cabo cambios en la legislación que favorezcan el empleo, la producción y los salarios

Existe un alto grado de consenso entre los economistas más alejados de las ideas intervencionistas de raíz keynesiana, respecto de la importancia de reformar las instituciones que rigen las relaciones laborales en la Argentina, a fin de contar con mayor flexibilidad microeconómica para salir de la pertinaz estanflación que se arrastra desde hace casi una década.

El Senado de Brasil aprobó hace pocos días, de forma unánime, la propuesta de ley que habilita la suspensión transitoria de la relación laboral, como así también una disminución de los salarios y de la jornada de trabajo durante la crisis sanitaria causada por el Covid-19.

Una reforma anterior había introducido ya una importante flexibilización de la carga regulatoria e impositiva de la legislación laboral, quedando así, nuestro vecino y hermano país, dos pasos adelante en la carrera por retomar el abandonado crecimiento económico que pueda mejorar los ingresos de la población de manera genuina y permanente.

En la Argentina es muy intrincada la maraña de intereses gremiales y políticos que sostienen la vetusta y empobrecedora carga sobre los salarios y el empleo de una legislación anti-empresa, que coloca asíduamente a las más pequeñas al borde de la ilegalidad, cuando no a la total y absoluta imposibilidad de contratar en blanco, so pena de quedar fuera de mercado por exceso de costos o falta de rentabilidad, que son, en realidad, dos caras de una misma moneda.

Por otro lado, los grandes perjudicados por esta inusual situación son los empleados actuales y, muy especialmente, los jóvenes que, estando en edad de comenzar una carrera laboral, no logran ingresar al mercado debido a la baja apetencia contractual del sector empresario.

El sistema actual genera una alta conflictividad laboral que lo convierten en oneroso y difícil de administrar. Provee incentivos que lo convierte en un paraíso para los abogados laboralistas y premia a los malos trabajadores, que con sus “avivadas” extraen recursos de las empresas, aumentando los costos, que son pagados siempre, en última instancia, por los consumidores de los bienes o servicios que las empresas venden en el mercado.

Es así que se produce una injusta “redistribución del ingreso” desde la población general hacia los usufructuarios de los muchas veces mal habidos fondos originados en demandas constantes, alentadas por la frondosa y compleja legislación laboral que es, por otra parte, una copia burda de “la Carta del Laboro” de Mussolini.

Es necesario llevar a cabo una serie de cambios que favorezcan el empleo y la producción y que produzca una mejora de los salarios de los trabajadores. En su lugar, reina la conflictividad entre patrones y empleados que beneficia solamente a una minoría que obtiene cuasi rentas con el mantenimiento de la situación actual.

Los verdaderos progresistas, que promueven los cambios, enfrentan una dura oposición de los favorecidos directos y también por la mayoría de la población, que es reacia a aceptar las reglas de juego que rigen en los países que crecen y progresan.

Son numerosas las encuestas de opinión comparativas entre países que muestran que el argentino es uno de los que menos cree en las reglas de funcionamiento de los mercados libres y prefiere, en cambio, que el Estado intervenga para “favorecer” a los más “pobres”, en detrimento de los más “ricos”.

Ha sido necesario un trabajo de muchas décadas, por parte de intereses ideológicos genuinos, en algunos casos, y negociados espurios a veces, hasta convertir la mente del ciudadano en refractaria a las ideas de competencia, mérito, cultura del trabajo y otras similares, que otorgan incentivos a la mejora de la situación socioeconómica de la población por medio del crecimiento económico y la consecuente mayor generación de recursos, cuyo fruto es compartido por capitalistas y trabajadores.

Con una mentalidad propia del “perro del hortelano” se “combate al capital”, perjudicando a los que no obtienen empleo y también a los que ven disminuido su salario real por la injusta carga extra-laboral que soportan los salarios nominales.

Existe el convencimiento, bastante generalizado, de que las propuestas de reformas, a las que suele llamarse despectivamente “flexibilización laboral” precariza el trabajo y quita derechos o conquistas de los trabajadores a favor de las ganancias de los empresarios.

Sin embargo, una reforma inteligente, que disminuya los costos de las empresas, tendría el efecto totalmente contrario, porque favorecería el incremento de la inversión en bienes de capital que, para funcionar adecuadamente deben complementarse con la contratación de nuevos trabajadores.

Algunos integrantes, por ahora minoritarios, de la coalición gobernante están alentando la discusión de una reforma de las leyes de relaciones laborales. Se trata del sector más “liberal”, orientado por el otrora Alsogaraísta Sergio Massa, que propone discutir principalmente el sistema de indemnizaciones por despido vigente y su eventual reemplazo por una sistema de ahorro personal del trabajador, cuyos aportes serían pagados por el empleador, al estilo de la “Mochila Austríaca”.

Algunos legisladores de origen sindical, varios sindicalistas activos y numerosos empresarios apoyan decididamente esta propuesta, lo cual alienta la esperanza de su próxima implementación.

El sistema de indemnizaciones por despido actual torna imprevisibles los costos del mismo, dada la gran cantidad de recargos que la frondosa legislación prevé y que son aplicados con contundencia y desdén por los jueces laborales que fallan siempre a favor del “más débil”, provocando la indefensión y muchas veces la quiebra de las empresas pequeñas, que no pueden afrontar los costos de las enormes sumas a las que son condenados a pagar.

Un cambio virtuoso

La “mochila austríaca”, en cambio, implicaría un costo fijo para las empresas, que eliminaría la incertidumbre, y oscilaría entre 4% y 7% de la nómina salarial. Esas sumas, abonadas mensualmente, integrarían un fondo personal del trabajador, que sería invertido en activos financieros para mantener o incrementar su poder adquisitivo, y sería usado para abonar durante un tiempo, que dependería de la antigüedad en el empleo, un “seguro personal de desempleo” al trabajador despedido.

Otra ventaja notoria de esta propuesta es la flexibilidad que otorgaría al mercado laboral, puesto que un trabajador no conforme con su empleo, puede renunciar y obtener otro más satisfactorio, sin perder el fondo de indemnizaciones acumulado, ya que se lo “llevaría con él”, al estilo del actual régimen de los obreros de la construcción.

Sin esta reforma, existe un fuerte incentivo a no cambiar de empleo, cuando la antigüedad en el mismo es considerable, condenando a permanecer en el mismo, independientemente del deseo y la convicción del asalariado.

Sin embargo, esta reforma, si bien importante, es insuficiente y se requieren cambios más profundos que beneficien tanto al trabajador como a quien lo emplea.

Para comprender la urgencias y la magnitud de los cambios necesarios, es posible consultar una amplia literatura. En ella se destacan: En busca del pleno empleo de Adrián Ravier y Legislación laboral contra los más necesitados de Alberto Benegas Lynch (h) y Martín Krause. Después de su atenta lectura se pueden listar una serie de instituciones que, con el declarado objetivo de proteger a los trabajadores, sólo consiguen aumentar la conflictividad y disminuir la productividad física conjunta del capital y el trabajo, que es la base de determinación de los ingresos reales de ambos factores de producción.

Estas son: el monopolio sindical, la existencia de salarios mínimos, la negociación colectiva obligatoria de salarios y condiciones de trabajo, los altos costos de aseguramiento de riesgos de accidentes de trabajo, la afiliación obligatoria a las obras sociales sindicales y su mera existencia, los aportes compulsivos, los altos costos laborales extra-salariales, el alto costo del despido sin causa, del que ya hablamos anteriormente, y muchos otros, que sería muy extenso enumerar.

Diferencias entre empresarios y sindicalistas

Durante el gobierno de Mauricio Macri, el sector empresario impulsó cambios, apuntando a potenciar las políticas de empleo, en lugar de priorizar las que atienden a las situaciones de desempleo. Las medidas solicitadas eran: fomentar el empleo temporal y a tiempo parcial, eliminar la falta de movilidad de los planteles, incluir el contrato por proyecto o por obra (como alternativa al contrato por tiempo indeterminado), permitir la negociación salarial basada en resultados o en productividad, adaptar la jornada laboral a los nuevos requerimientos tecnológicos, reglamentar el derecho de huelga para evitar que su uso abusivo permita acciones extorsivas que generan paradas de planta y pérdida de producción, disminuir los costos laborales no salariales (aportes y contribuciones sobre las nóminas).

La CGT, en cambio, proponía realizar acuerdos sectoriales al estilo del que se firmó con el Sindicato de Petroleros del yacimiento de Vaca Muerta, mediante la modificación de los convenios respectivos.

Muchos economistas han advertido que ir sector por sector es equivocado. Recomiendan, en cambio, modificar de raíz la legislación laboral, efectuando una reforma integral, ya que la actual ha generado alto desempleo, alta informalidad y bajos salarios. Si bien estas apreciaciones son correctas, actualmente no existe consenso suficiente como para llevar adelante una reforma profunda y generalizada.

Sin embargo, existe una opción superadora y difícil de contradecir política y/o ideológicamente: permitir la libre negociación por empresa a simple solicitud de los trabajadores.

Al comienzo de la vigencia de este nuevo sistema, serían mínimos los acuerdos solicitados. No obstante, seguramente unos pocos visionarios de los cambios posibles y deseables, en algunos sectores de alta productividad, harían punta y conseguirían incrementar aún más, en un lapso de tiempo razonable, la productividad de la empresa. Los sectores acuerdistas verían una mejora sustancial en sus ingresos a medida que los cambios se vayan consolidando, y actuarían como reflejo para otros sectores, que también querrían lograr estos nuevos beneficios. Habría competencia entre distintos sectores y la generalización posterior sería ineludible.

De esta manera, se obtendría el mismo resultado que con una reforma integral, pero sin pagar los costos de la agitación social por imponerla. Es un camino lateral, exploratorio e inteligente. Los opositores de hoy serán, seguramente, los demandantes del cambio de mañana. Esto permitirá modificar posteriormente la totalidad de la legislación o tornarla abstracta. Sólo será necesario e imprescindible, en el corto plazo, que se permita la superioridad de los convenios por empresa o sectoriales por sobre la legislación vigente, para evitar costosos conflictos judiciales generados por denuncias de ilegalidad de los convenios acordados.

Los modelos microeconómicos clásicos predicen, en condiciones ideales, que los salarios dependen del valor del producto marginal del trabajo (VPML). Este puede estimarse multiplicando su precio por la cantidad física de producción que se obtiene con el agregado de una nueva unidad de trabajo. Dicho en otros términos, el salario es igual a la cantidad de dinero que se obtiene, en el margen, por la nueva producción que se logra agregando un nuevo empleado, operario u obrero al plantel existente.}

Ganancias de productividad

La productividad (o rendimiento) del factor trabajo se mide por la cantidad de producción que se obtiene por cada trabajador empleado. Todo aumento de la productividad conlleva un incremento similar en el VPML y del salario.

La productividad es mayor cuanto más flexibles y adaptables a los requerimientos productivos son las reglas de relacionamiento entre patrono y empleado, también lo es si el empleador puede rotar en distintas tareas a los trabajadores, de manera flexible, y de acuerdo a las cambiantes necesidades productivas, en lugar de atenerse a reglas fijas y reglamentadas de asignación de labores.

El empleo temporal y a tiempo parcial permite optimizar la cantidad de empleados a utilizar en las tareas de ciertas actividades que tienen características estacionales. De esta manera, la producción se torna más eficiente, ya que se utilizan menos unidades de trabajo, incrementándose la productividad.

Los contratos por proyecto o por obra, en lugar del tradicional contrato por tiempo indeterminado, en aquellas actividades que tienen una duración fija o discontinua, permiten obviar futuras indemnizaciones por despido. La producción se obtendrá con un costo laboral menor y la productividad será mayor.

La negociación salarial por resultados o por productividad permite incentivar al personal e inducirlo a incrementar su rendimiento.

La reglamentación del derecho de huelga, de manera que pueda ejercerse libremente pero sin violencia y sin afectar desmedida y/o injustificadamente la producción, evitará pérdida de jornadas laborales, incrementándose la productividad.

Una hipotética reducción o eliminación de los aportes y contribuciones se trasladará a los salarios (incrementándolos), ya que la productividad y el VPML no se ven afectados. Con el mismo costo para el empleador, los salarios podrían duplicarse en pocos años. Hay que recordar que por cada peso nominal de salario, el empleador abona un extra de 60 centavos de aportes y contribuciones, mientras que el asalariado recibe un neto de 80 centavos, luego de los descuentos y deducciones que se aplican sobre su nómina.

Uno de los objetivos principales de la política económica de cualquier gobierno que desea el progreso y la sustentabilidad social es el incremento de los salarios reales, el poder adquisitivo de los salarios nominales. Al igual que el resto de los precios de la economía, los salarios se determinan por medio de las decisiones de producción, inversión, consumo, exportación, etc. de millones de agentes económicos que, anónimamente y sin proponérselo, determinan simultáneamente el nivel de todas las variables que intervienen en los distintos procesos económicos.

Otro objetivo principal debiera ser la reducción del desempleo y la informalidad. Como consecuencia de estos cambios, se reduciría o se eliminaría la pobreza, doloroso flagelo de nuestra sociedad.

Pese a las numerosas críticas sobre una posible precarización laboral, todas las medidas que citadas, están orientadas a incrementar la demanda laboral. Los trabajadores y los sindicatos deberían ser los más beneficiados por los cambios propuestos.

La mayoría de los economistas coinciden con el trabajo señero de Milton Friedman, que enseña que no es el realismo de los supuestos sino la capacidad predictiva del modelo lo que determina su validez.

El autor es economista y asesor financiero

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