Las dos diferencias con la crisis de 2002 que determinarán una recuperación más lenta del PBI

La Argentina está nuevamente, como hace alrededor de 2 décadas, ante una ya inevitable y muy grave caída del PBI que resultará incluso superior a la ocurrida entonces. Por, cuanto menos, 2 importantes diferencias. La primera, se han unido a las históricas y conocidas cíclicas causas endógenas (los continuos y elevados déficit fiscales financiados con excesos de emisión monetaria y/o de deuda pública), los negativos efectos económicos de una extensa cuarentena, auto activada como una casi única respuesta sanitaria a la pandemia del Covid-19, a cuyos resultados se conocerán solamente una vez superada la muy penosa contingencia biológica. La segunda, no cabe esperar, como en 2003, un ciclo económico externo muy favorable de altos precios relativos de los productos exportables: alimentos; energía; o minería.

Son las pocas certezas que aparecen a la vista; no resultan agradables pero son relativamente valiosas en los actuales contextos globales de elevadas y numerosas incertidumbres que se enfrentan. En ese marco, llama la atención y preocupa en extremo que el principal mensaje político continúe siendo únicamente el de ir por "más equidad". Sin reparar que fue con ese exclusivo y elogiable objetivo, con el que se llegó a donde hoy se está.

La distribución del ingreso nacional continúa siendo similar, o incluso peor según el riguroso índice de Gini, a la que se registraba en 1983. Más aún, los ejercicios realizados de la estimación de la equidad antes del pago de impuestos y del gasto público, resultan muy semejantes, demostrando la grave inconsistencia de las políticas practicadas con el objetivo planteado.

Pero, además, estas políticas públicas fallidas en términos de la equidad declamada han resultado simultáneamente muy onerosas, como era de esperar, en los términos de la eficiencia necesaria para otro de los grandes objetivos permanentes de una nación: su crecimiento económico. Histórica y equivocadamente se ha asumido en el país: “el crecimiento económico está siempre dado”.

Y así, se ha naturalizado, como un muy redituable activo político, a los continuos incrementos del gasto público en la asistencia estatal, siempre con “filtraciones”, a una también creciente población en situación de pobreza. La cual, a su vez, penosamente dependiente y atrapada en ella, le daba el sustento electoral necesario a ese falaz mensaje político, el mismo que hoy interpela dramáticamente a los resultados de nuestra democracia, ya con casi 4 décadas de ejercicio ininterrumpido.

Preconceptos que conducen al estancamiento

Ese mensaje político proviene de la equivocada hipótesis de que una “inagotable riqueza argentina” reposa en las feraces tierras del país, en una especie irreal de “infinitos yacimientos de alimentos, de energía o mineros”; todos extraíbles sin la necesidad del financiamiento de las inversiones previas de alto riesgo, de la incorporación de trabajo y de la preservación de la continuidad en el largo plazo de las imprescindibles condiciones de competitividad internacional, por sus características de exportables.

Para la mayoría de la clase política doméstica solo se trata de "tareas extractivas", de una "muy elevada renta económica", a la que es necesario gravar, hasta los límites legales mismos de la confiscación, para únicamente repartir, haciendo trizas a todos los incentivos a ahorrar, a invertir, a trabajar, a producir, a comercializar y a exportar. Solamente el consumo interno, y solo en el presente, es el válido.

Resulta muy triste recordar que se ingresó, en un contexto político y económico muy complejo, al más extenso período continuo de régimen democrático de la historia institucional, con un desempleo del orden del 5% de la población económicamente activa y una pobreza de alrededor del 11% de la población total. El primer tramo 1983-1989 se recorrió con una tasa promedio anual per cápita de decrecimiento económico del 2%. Se desembocó en una traumática hiperinflación, que llevó la pobreza a 42% de la población.

Luego se transitó el período 1992-1998 a una tasa media de crecimiento económico anual por habitante de poco más del 4%, pero solo se pudo reducir la pobreza a un 20%. Una nueva recesión y una abrupta caída de 12% del PBI en el 2001 incrementó nuevamente la pobreza, esta vez al 54% de la población y retrotrajo el PBI por habitante al mismo nivel de más de 10 años atrás.

Una “serendipia”: el encontrar lo que no se buscaba, pero que se necesita, fue el referido ciclo exógeno de precios muy favorables para las exportaciones que llevó a un período 2003-2009 de crecimiento económico anual promedio por habitante superior al 6%, pero transformando a todo ingreso extraordinario en inmediato consumo corriente. Con el que nuevamente disminuyó la pobreza, pero ahora solamente a alrededor del 30% de la población; confirmando que, luego de cada nueva crisis, con cada recuperación económica se alcanzan nuevos “pisos” de pobreza, ya estructural, pero siempre cada vez más altos que los anteriores.

Cada vez más lejos de los vecinos

Desde 2010 se transita una elevada volatilidad del PBI, sin un crecimiento económico neto y con el PBI actual por habitante muy próximo a resultar inferior al registrado unos 10 años atrás. Los problemas de la Argentina ya no son los de la región. Se dispone del mismo PBI por habitante de cuando se ingresó al siglo XXI, mientras que Perú lo duplicó, Chile y Uruguay lo incrementaron en un 70% y Brasil en 30% desde entonces.

La persistencia en el error llevó a la situación que se conoce como “la trampa de estancamiento económico”: un muy elevado gasto público que destina 3 de cada 4 pesos al pago de salarios, jubilaciones y subsidios, dejando al Estado sin margen para ser un agente de reactivación económica y, simultáneamente, un sector privado agobiado por una alta presión fiscal, con más de 1 de cada 3 numerosos impuestos absolutamente distorsivos, que desalientan al ahorro, la inversión, al empleo, a la producción, a las ventas y al comercio exterior, lo que lo deja sin una renta suficiente para constituirse como un “motor” de reactivación.

Así, se ha generado un Estado solo “gerenciador de la pobreza”, con el que a lo único que se puede aspirar es a la penosa ilusión de hacer sustentable el subdesarrollo. Desde 1983 la tasa de inversión fija disminuyó del 25% al 15% del PBI: 10 puntos porcentuales que se trasladaron al consumo. También cayó la inversión externa. De ser el país receptor del 20% de la inversión extranjera en Latinoamérica pasó a recibir menos del 4%. Además, cerró la economía, el comercio exterior resulta inferior al 30% del PBI, mientras que en Uruguay la suma de exportaciones e importaciones significa el 40% del PBI; y en Chile 50 por ciento.

Mientras que existen acuerdos comerciales con muy pocos países, los cuales en conjunto menos del 10% del PBI mundial, en tanto Chile lo tiene con el 85% y Colombia con 70% del PBI global.

Desde la vuelta de la democracia en 1983 no se supo construir lo que resulta cada vez más relevante: los consensos básicos mínimos acerca del significado del progreso económico y de la prosperidad compartida; sin destruir los valores que se deben preservar y sin desarrollar la suficiente confianza interna mutua necesaria. Además de la capacidad de trabajar en equipo y de volver a tener las necesarias ansias de protagonizar un liderazgo regional. Incluso, se renegó de todos y de cada uno de esos objetivos, con la penosa y consistente consecuencia de un Estado de mediocridad que ya abruma, pero que simultáneamente, parece apasionar a muchos.

El autor es presidente de la Fundación Pensar Santiago del Estero

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