Alberto Fernández y la inexplicable nostalgia del horror

En una insólita retahíla de declaraciones registradas en video, el presidente Alberto Fernández rememoró afectuosamente las (para él) gloriosas épocas del eje bolivariano. Se refirió, en una conversación con el brasileño Lula da Silva, y con especial hincapié en el venezolano Hugo Chávez, a los presidentes de corte izquierdista que gobernaron diversos países latinoamericanos, como fueron Fernando Lugo, Rafael Correa, José Mujica y los anteriormente mencionados. Fernández afirmó sentirse aislado y contar, solamente, con Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano.

Esta supuesta nostalgia de tiempos idos no es inocente. Se entronca con la vergonzosa abstención del gobierno de nuestro país en la votación de la Organización de los Estados Americanos con respecto a Venezuela, votación -vale la pena recalcar- de una importancia fundamental y quizá soslayada en los tiempos del COVID-19. Hagamos un breve resumen.

El viernes 26 de junio, 21 países americanos aprobaron una resolución que repudia las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, que pretende reemplazar las cúpulas de dos partidos políticos opositores por elementos afines al régimen de Nicolás Maduro. Nuestro país, antaño referente internacional en políticas de defensa de los derechos humanos, ninguneó la situación de la tierra de Bolívar y compartió este dudoso honor con Belice, Granada, Guyana, Trinidad y Tobago, México y Surinam. Prefirieron ausentarse los representantes de Antigua y Barbuda, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Barbados, San Cristóbal y Nieves y la Nicaragua de Daniel Ortega.

De este modo, el actual gobierno decidió pisotear la tradición que ubica a la diplomacia argentina entre las más prestigiosas del continente. Lo más penoso y lo menos creíble son las excusas de los voceros del canciller Felipe Solá, que fundamentaron la abstención en el poco tiempo que tuvieron para leer el documento y llegar a un acuerdo. ¿Cuánto tiempo más necesitan para expedirse en contra de una dictadura que atormenta alevosamente y a la vista del mundo entero a su población? ¿Se puede a esta altura pretender hacernos creer que con Maduro se puede negociar? Es aquí donde me quiero parar para recordar la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela, documentada por los más altos organismos de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil con las que este gobierno dice coincidir. ¿Es que acaso el dolor y sufrimiento de los venezolanos que ven día a día violados sus derechos pueden taparse tras la excusa de la falta de tiempo de los diplomáticos en un tema que investigamos durante años quienes trabajamos en el OEA y votamos en consecuencia? Nuevamente surge la pregunta, ¿la defensa de los derechos humanos es selectiva? Venezuela no es una anécdota y el régimen dictatorial de Nicolás Maduro no es un asunto para tibiezas. Hablamos de un país al borde del apocalipsis.

La profundización de la crisis social, política y económica (que continúa día a día) se da en el marco de una represión brutal, constante y generalizada, y redunda en una virtual ausencia del Estado de derecho en Venezuela. Los gravísimos problemas multicausales que atraviesa el Estado venezolano tienen su origen, entre otros factores, en las intromisiones indebidas del Poder Ejecutivo sobre las otras ramas del Poder Público volviendo ilusoria la separación y el equilibrio de poderes, lo que significa restricciones y limitaciones democráticas. Maduro vive en un estado de excepción sin la aprobación de la Asamblea Nacional, tal como exige la propia Constitución promulgada por Hugo Chávez. Un estado de situación que el régimen extendió en más de 20 oportunidades desde 2016.

La falta de independencia judicial aplasta la ya citada división de poderes. Ello se refleja de manera atroz en la extralimitación en sus funciones de la Asamblea Nacional Constituyente, que intentó suplantar al Poder Legislativo generando el exilio de varios legisladores opositores. Los pesos y contrapesos ya no existen para el Poder Ejecutivo, que ejerce como moneda corriente poderes extraordinarios. Todo ello ocurre en un contexto de persecución sistemática a la disidencia que se caracteriza, entre otras cosas, por la militarización de la seguridad pública, el uso excesivo de la fuerza para reprimir las manifestaciones (por motivos tan urgentes y desesperados como la falta de alimentos), la interrupción del orden social y el atropello de los derechos civiles y políticos; en particular, el derecho a la libertad de expresión y la participación en los asuntos públicos, ADN fundamental de una república.

Todo lo hasta aquí expuesto no fue producto de la imaginación de nadie. Como muestra de que todo fue documentado a través de testimonios y vivencias, alcanza con mencionar el Informe de la OEA sobre la Institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos humanos en Venezuela en diciembre de 2017 y el último, donde la CIDH presenta sus observaciones y recomendaciones preliminares tras la visita a Venezuela para monitorear situación de derechos humanos que demostró el agravamiento de las violaciones a los DDHH del informe anterior, entre los que se encuentran: muertes violentas durante las manifestaciones opositoras; detenciones arbitrarias y encarcelamiento de los disidentes o quienes hacen público su disenso con el régimen; represión y acallamiento de las protestas; despidos y amenazas a empleados públicos que osen levantar la voz en contra del statu quo; campañas de estigmatización y hostigamiento en perjuicio de periodistas, opositores políticos, defensoras y defensores de derechos humanos y ciudadanos en general; y el uso del derecho penal y otros controles punitivos para castigar o inhabilitar el trabajo de los opositores políticos y la prensa crítica. Todo esto, enmarcado en la clarísima imposición de obstáculos para acceder a información de interés público.

Se suman a estos dos informes el que Michelle Bachelet, como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), publicó sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, julio de 2019, donde se confirma una vez más, por medio de documentación detallada, la situación preocupante de graves violaciones y abusos.

Recordemos también que, junto a otros cinco países, la Argentina materializó a una denuncia formal ante una de las fiscales de la Corte Penal Internacional para solicitar que dicho tribunal investigue la violación a los derechos humanos en Venezuela. El documento, de septiembre de 2018, lleva la firma de los presidentes Mauricio Macri, Sebastián Piñera (Chile), Iván Duque (Colombia), Martín Vizcarra (Perú) y Mario Abdo (Paraguay), además del premier canadiense Justin Trudeau. El texto refleja los argumentos por los cuales se apela al artículo 14 del Estatuto de Roma por el cual, un grupo de Estados por primera vez demandan la investigación de otro de los adherentes al tratado internacional que dio vida a este tribunal de lesa humanidad.

El informe de marras fue lapidario y fue confeccionado por tres expertos internacionales que concluyeron en impulsar el juicio a Maduro por crímenes de lesa humanidad (mayo 2018). Este panel, impulsado por el secretario general, Luis Almagro, e integrado por el argentino Santiago Cantón, describió puntillosamente casos que representan ataques generalizados y sistemáticos a la población civil, lo que incluye casos tan crueles e inhumanos como ejecuciones extrajudiciales, tortura, violaciones, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y persecución política.

Argentina, como país comprometido con la normativa internacional, exigió durante la presidencia de Mauricio Macri la realización de una investigación independiente, exhaustiva y creíble para llevar a la justicia a los autores materiales e intelectuales de las violaciones y los abusos de derechos humanos.

Mientras se escriben estas líneas, Nicolás Maduro ordena la expulsión de la embajadora de la Unión Europea ante Venezuela, Isabel Brilhante, utilizando el eterno argumento de la injerencia extranjera (y “neocolonialista”) en los asuntos internos del país bolivariano. ¿Cuál fue el pecado de la UE? Criticar, precisamente, los turbios manejos del gobierno de Maduro para con la oposición venezolana.

El actual gobierno argentino, lejos de “extrañar” el horror que inició Chávez y continúan sus adláteres, debería estar exigiendo, reclamando por las víctimas de la dictadura venezolana. Es con ellos, con sus familias y amigos, con los que debemos estar; es por ellos que debemos retomar la senda diplomática en la que la paz, la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos sigan siendo los principios por los cuales la República Argentina siempre alzó su voz.

La autora fue embajadora ante la OEA