Que la cuarentena no sea el huevo de la serpiente

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Foto de archivo: un hombre con barbijo camina al lado de un comercio cerrado por la cuarentena obligatoria dispuesta para evitar la expansión del coronavirus en una calle céntrica de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 22 mayo, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian
Foto de archivo: un hombre con barbijo camina al lado de un comercio cerrado por la cuarentena obligatoria dispuesta para evitar la expansión del coronavirus en una calle céntrica de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 22 mayo, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

Como buen populista, el cuarto gobierno kirchnerista, ahora con Alberto Fernández como presidente, tiene que construir un enemigo feo, malo y sucio, frente al que todas sus acciones adquieren legitimidad. La división es clara: se está del lado del bien, es decir con el gobierno, o del lado del mal.

No hay, no puede haber, términos medios ni matices. Toda crítica es considerada poco menos que subversiva. El mundo es binario. El Gobierno defiende la vida; por lo tanto, quienes exponen algunas observaciones a las políticas gubernamentales, defienden la muerte.

Así se ha llegado a esa absurda oposición entre quienes están a favor de la cuarentena y quienes son llamados “anticuarentena”. Es absurda porque estos últimos no existen. Nadie niega la necesidad de que se imponga alguna forma de aislamiento social que torne más lento el proceso de contagios mientras los sistemas de salud se preparan para lidiar con los afectados. No hay, pues, “anticuarentenas”. Pero la cuarentena no es algo que se pueda realizar de una única manera. Basta ver lo que sucede en los distintos países del mundo, que han reaccionado frente a la pandemia con modulaciones diversas.

Otra falacia es la del “gobierno de científicos”. El presidente aparece rodeado de un comité de infectólogos que le da respaldo a sus medidas. Oponerse a ellas es, en el discurso oficial, negar la ciencia, es decir, negar la verdad. Y, por esa vía, alentar la enfermedad y la muerte.

Por respetables que sean en el campo de su especialidad tales infectólogos, un gobierno no es un hospital. Gobernar un país es una tarea compleja, que presenta muchas variables que deben ser consideradas. Reducir esa complejidad a un asunto sanitario es ignorar las tremendas consecuencias que una cuarentena prolongada y rígida va a ocasionar en la economía. Los eslóganes oficiales sugieren que la preocupación por la economía es irresponsable cuando la salud está en juego, sin tener en cuenta que la destrucción a mansalva de riqueza y de empleos también repercutirá en la salud de la población.

Por otra parte, la infectología es solo una de las disciplinas médicas. Desde muchos sectores se está alertando sobre los graves problemas que acaecerán por la falta de tratamientos de otras enfermedades, en especial las crónicas. Los pacientes cardíacos o diabéticos, por ejemplo, van a sufrir mucho si interrumpen sus tratamientos o demoran la consulta médica. Y aún en el ámbito de la infectología, no todas las posturas son coincidentes. Me consta que muy prestigiosos infectólogos han propuesto otras modalidades para enfrentar la pandemia, sin ser escuchados.

En consecuencia, no solo es lícito sino que es imprescindible que se oigan todas las voces. Lo peor que nos puede pasar es que se cercene la palabra o que, lo que es lo mismo, se cree un clima tal que muchos se autocensuren para no ser estigmatizados como impulsores de la muerte. Es inaceptable que un documento muy mesurado, que alerta sobre varias de estas cuestiones, suscripto por trescientos intelectuales de diversos ámbitos, haya sido objeto de las diatribas más encarnizadas por parte del oficialismo, comenzando por el Jefe de Gabinete.

Con el Congreso semiparalizado y la Justicia sin funcionar, el Poder Ejecutivo está concentrando todas las decisiones sobre políticas públicas, deteriorando tanto las bases de la República como las del federalismo. Eso no solo es contrario a la letra y el espíritu de la Constitución, sino que es el camino más seguro a la comisión de numerosos y graves errores, porque las medidas que adopte no se beneficiarán de la contribución de diversos puntos de vista.

A la tragedia sanitaria se le suman, entonces, una tragedia económica y social cuya dimensión pareciera que el presidente está subestimando. La respuesta no puede ser la obturación de los mecanismos republicanos ni la conculcación de cualquier derecho por la mera voluntad de una persona.

La existencia de la pandemia y de su gravedad no están en duda, pero hay formas de enfrentarlas con más inteligencia, reservando el aislamiento más cerrado para los grupos de riesgo y permitiendo que los otros puedan trabajar asumiendo todas las precauciones necesarias. Es hora de persuadir antes que de imponer. Pero parece bastante claro a esta altura que la pandemia es una poderosa excusa para aquellos cuya ideología los conduce naturalmente a actitudes hegemónicas y al avance de la prepotencia estatal a expensas de las libertades individuales.

Eso ha quedado muy claro con el caso Vicentin. El presidente dictó un DNU manifiestamente inconstitucional en el que intervino una sociedad que se halla en concurso de acreedores. Es decir, ejerció facultades jurisdiccionales en clara violación de lo dispuesto por el artículo 109 de la Constitución Nacional. Y lo hizo intentando legitimar ese atropello en la pandemia, a la que quiere utilizar como un talismán que le permita sortear cualquier límite constitucional y ejercer el poder absoluto, que por otra parte ejerce en forma vicaria, ya que es un simple mandatario de la vicepresidente. Además, anunció que enviaría un proyecto para expropiar la empresa, con fundamentos tan absurdos (y variables en los días siguientes) como la “soberanía alimentaria” y la necesidad de que la compañía no caiga en manos extrajeras, lemas arcaicos que no hacen más que espantar a la inversión genuina, única fuente de desarrollo y creación de empleo.

El juez del concurso, al que el presidente le faltó el respeto en una de sus tantas declaraciones insolentes, que desmienten en los hechos la vocación de unidad nacional que pregona, puso las cosas en su lugar, al desplazar a los pretendidos interventores a la función más inocua de veedores. El sábado pasado, a lo largo y a lo ancho del país hubo multitudes que salieron a la calle a expresar no la defensa de una empresa en particular, sino la defensa del Estado de Derecho, el único sistema que nos asegura vivir en paz y libertad, al tiempo que nos brinda las oportunidades de progreso que el kirchnerismo nos quiere pisotear.

De ahí que quienes ansiamos vivir en una sociedad abierta, democrática y plural tengamos muchos motivos para estar preocupados. El paternalismo profesoral y pretendidamente científico es el rostro amable de una concepción autoritaria del poder. Debemos estar alertas y elevar la voz cada vez que veamos en peligro la libertad.

El autor es diputado nacional (Juntos por el Cambio- PRO) - CABA