Veedor sí, intervención no

Es claro a esta altura, más allá de los esfuerzos que se hicieron desde el propio Poder Ejecutivo, que la medida de intervención societaria importa una extralimitación de las funciones que nuestra Constitución Nacional le concede al titular del Poder Ejecutivo

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SANTA FE JUNIO 9: Vecinos 
protestan contra la expropiacion 
de la empresa vicentin frente a 
su sede en esta localidad.
 Foto NA
NOTICIAS ARGENTINAS AVELLANEDA SANTA FE JUNIO 9: Vecinos protestan contra la expropiacion de la empresa vicentin frente a su sede en esta localidad. Foto NA

En tiempos de cuarentena (vamos por el día 92) nada mejor que una serie de Netflix para pasar el tiempo. La “saga” Vicentin pareciera haber llegado para quedarse por un par de temporadas más.

Acaba de salir una resolución del juez que interviene en el concurso de la empresa Vicentin SAIC de gran importancia jurídica e institucional. Los directores de la empresa concursada se presentaron solicitando la reposición en sus cargos, con el consecuente desplazamiento de los interventores “presidenciales”.

El fundamento de los directores de Vicentin, que habían sido desplazados por el decreto presidencial que dispuso “ipso facto” la intervención de la empresa, pasa por la falta de apoyo constitucional de la medida presidencial, situación en la cual, la gran mayoría de la doctrina nacional que trató el tema es coincidente y crítica.

Es claro a esta altura, más allá de los esfuerzos que se hicieron desde el propio Poder Ejecutivo, que la medida de intervención societaria importa una extralimitación de las funciones que nuestra Constitución Nacional le concede al titular del Poder Ejecutivo.

Como dijimos reiteradamente, no es posible ni jurídicamente viable que por un DNU se intervenga una sociedad. Tal modo de proceder carece en sí mismo de toda apoyatura legal.

Y mucho más en el caso que nos ocupa, donde la sociedad en cuestión se encuentra sometida a la jurisdicción de un juez de la nación, el cual, como director del proceso, está investido de tomar todas las medidas que sean necesarias para asegurar el patrimonio de la empresa concursada.

Si bien el juez elude pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto, sí acepta adoptar las medidas necesarias, que, a su criterio, son precisas para garantizar la continuidad de la actividad de le empresa concursada.

Debemos entender que, en una situación compleja como la que nos ocupa, se debe empezar siempre por la preservación del patrimonio de la empresa concursada, y, en consecuencia, adoptarse las medidas que resulten conducentes para la protección de este.

Como Vicentin es una empresa en marcha, y con infinidad de temas que deben ser resueltos en el día a día, me parece más que apropiada la resolución judicial tratando de poner orden y mesura en el mar de incertidumbre que generó el decreto intervencionista del Poder Ejecutivo.

Respecto del Directorio de la sociedad, entiendo que no es el momento de juzgar sus atributos éticos, sino el de centrarnos en la aplicación de la ley y por ende en la seguridad jurídica que tanta falta hace a nuestra nación.

Lo que elabora el juez a cargo del concurso de Vicentin puede resultar, en una primera visión auto contradictorio, pues si bien se declara “incompetente” (o sea señala que no le corresponde resolver sobre la constitucionalidad del DNU cuestionado), sí acepta tratar la medida cautelar.

En mi opinión lo hecho por el magistrado es “técnicamentecorrecto. Pues nada le impide a un juez abstenerse de tratar la temática constitucional, pero sí hacerlo respecto de la medida cautelar, que por su propia esencia resulta de tratamiento urgente, pues se presume que existe un peligro mayor en la demora y verosimilitud en el derecho.

Como bien señala el magistrado de la causa, una de sus principales funciones es la preservación del patrimonio de la empresa y la continuidad de la hacienda empresaria en marcha. En esto no puedo menos que coincidir.

También es dable advertir, de las propias palabras que el magistrado expone en su fallo, que entendió la situación de peligro que afronta la empresa, a consecuencia de la intervención decretada por el DNU ya referido. Y en este sentido es que afirmamos párrafos más arriba lo correcto del tratamiento de la medida cautelar planteada y su resolución posterior.

La cautelar que trata el juez es del tipo “autosatisfactiva”, en otras palabras: La “medida autosatisfactiva” ordenada sin audiencia de la contraria, como bien afirma Falcón, es una tutela cautelar anticipada que no se agota con su despacho favorable; el proceso debe continuar hasta la sentencia que ponga fin al conflicto de manera definitiva (Falcón, Enrique M. “Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial”, Rubinzal-Culzoni, 2006, to IV, p. 887).

Es así como, en situaciones de urgencia extrema, encontrándose en peligro derechos fundamentales de los sujetos, y el derecho fuese verosímil, el juez se encuentra facultado para resolver el tema planteado disminuyendo los plazos previstos para el proceso y tomando las medidas que juzgue necesarias para una tutela real y concreta. En casos excepcionales se puede decidir a pedido de una sola de las partes, y sin audiencia de la otra. Por tal razón es una primera medida de carácter provisorio.

El juez tiene en claro que lo planteado por la empresa Vicentin es una auténtica demanda de inconstitucionalidad”, la cuál deberá ser canalizada por la vía procesal pertinente (que no es la del juzgado concursal). Por ello su declaración de incompetencia.

Resuelto el punto anterior, el fallo bajo análisis pasa al estudio de la medida “autosatisfactiva” tendiente a “reponer” a los directores de Vicentin, desplazados por el DNU 522/2020, en sus funciones. En este aspecto nuevamente el juez se apoya en la preservación del patrimonio y la continuidad de la actividad de la empresa en marcha.

Y en esto es de gran importancia el instituto de la “prevención del daño” previsto en el artículo 1710 del Código Civil y Comercial de la Nación, que permite “anticiparse” a la producción de un daño para “evitarlo”. Cuestión que el magistrado aborda, a mi modo de ver, escueta pero apropiadamente.

Reconoce el fallo en cuestión que son los administradores naturales de la persona jurídica intervenida quienes tienen las potestades naturales para preservar y continuar administrando el patrimonio de la sociedad concursada, diferenciando correctamente el tratamiento de esta cuestión en un proceso concursal (como el que nos ocupa), de una quiebra, donde si los administradores societarios deben ser desplazados.

Se hace cargo la sentencia, en cierta medida, de la situación de grave incertidumbre generada por la intervención presidencial. El juez lo denomina “incerteza jurídica”, (en mi opinión es más grave aún: falta de seguridad jurídica).

La magnitud de la empresa, la crisis pública y notoria actual de nuestra economía son factores que han sido juzgados por el magistrado como conducentes para el “peligro en la demora” de una resolución judicial (requisito ineludible para este tipo de medidas).

En esta cuestión advierte “por lo tanto, su patrimonio debe ser administrado con el grado de experticia que asegure su adecuada gestión dado que justamente de ello dependerá su continuidad operativa”.

Entiende el juez concursal que la situación planteada a consecuencia del decreto 522/2020 produce una situación “disruptiva” a consecuencia de la intervención ipso facto del directorio de Vicentin, colocando al proceso concursal en un impasse que amenaza con afectar negativamente su giro comercial y la actividad industrial, con la consiguiente paralización de sus actividades. En esto, no puede menos que coincidir desde una visión estrictamente de la técnica jurídica.

Por tales fundamentes el juez resuelve -acertadamente- que, si no fueran adoptadas las medidas tendientes a recomponer ese escenario de crisis, muy posiblemente se precipitaría la quiebra de la empresa (de ahí la importancia del art. 1710 del CCCN que antes destacamos).

A renglón seguido, el magistrado analiza la temática de la intervención societaria, para llegar a la conclusión de que la figura del veedor judicial es la más adecuada para las circunstancias especiales de ese proceso concursal. El veedor “mira” e “informa lo que vio”, el “interventor con desplazamiento del directorio”, “decide y actúa”. Las diferencias son abismales.

También entendemos apropiado que haya sostenido en la calidad de veedores “controladores” a los dos delegados presidenciales que primeramente fueron designados interventores en el DNU cuestionado de inconstitucional.

El directorio de Vicentin (y sin que esto importe juzgar su conducta como buena o mala) es repuesto en sus funciones plenas, bajo la veeduría y control de los delegados presidenciales, quienes pasarán actuar, mientras esta medida judicial se encuentre vigente, como veedores controladores de la actuación del directorio votado por los accionistas de Vicentin. El juez mantiene el plazo de duración en 60 días siguiendo en esto al DNU 522/2020 y sujeto también a eventuales prórrogas.

En conclusión, entendemos que la resolución judicial es acertada en tanto preserva la vigencia de la normativa aplicable en este caso tan particular, dándole a la problemática planteada a consecuencia del decreto presidencial. Todo un respiro de seguridad jurídica, previsión y lógica legal.

Las razones políticas, quedarán en manos de los políticos. Como hombre de derecho me permito afirmar que el fallo es jurídicamente correcto, al menos, hasta que la Cámara de Apelaciones (entendemos que el fallo será apelado por los abogados del Estado), disponga algo diferente.

Como se atribuye a Demócratas: Toda está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de burla”. El tiempo nos dirá quien es quien.

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