¿No lo vimos venir?

El Gobierno anunció que avanzará sobre Vicentin (REUTERS/Nicolas Misculin/File Photo)
El Gobierno anunció que avanzará sobre Vicentin (REUTERS/Nicolas Misculin/File Photo)

Desde el año 2004 comenzó entre Venezuela y Argentina lo que yo llamo paralelismos desfasados –lo que pasaba en un lado, al tiempo ocurría en el otro, y viceversa- que llevaron a construir el eje Caracas-Buenos Aires, que tuvo su punto culminante en el famoso fideicomiso –por cierto, aun no investigado en ninguna de las puntas del eje-, fuente de una corrupción tan grande, que más pronto que tarde los tribunales de los EEUU investigarán, pues un porcentaje importante de las transacciones se pasaron por el sistema financiero norteamericano. Quedarán fuera de vista las que pasaron por Irán, Rusia y China, pues allí los sistemas son opacos.

El eje sirvió para alinear ideologías, compartir inteligencia y asegurarse de que las dos puntas fueran los garantes de un tipo de penetración regional, que hoy parece diluida entre tantos gobiernos en la región, que no son populistas de izquierda; pero que las pistas que hay (especialmente los niveles de pobreza) indican que podrían retornar, y que allí estarían esperándolos Argentina y Venezuela, a través del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo, respectivamente.

Esta introducción sirve para poner en contexto la situación de las empresas privadas argentinas, las cuales desde el lunes 12 de agosto de 2019 comenzaron a sentir la desconfianza que el mundo tenía en el tipo de gobierno que se avecinaba, pues les cortaron el crédito, algunas multinacionales se fueron del país, y las inversiones se frenaron o se retiraron. Ya se anticipaba la hostilidad del kirchnerismo que asumiría el poder, a través de la figura de Alberto Fernández. Y las empresas que se quedaron, que también lo sabían, no tomaron conciencia de la seriedad de la amenaza que enfrentaban. Pues cuando un gobierno de este perfil se ve en la necesidad de declarar que ellos no tienen nada contra la empresa privada, es porque sí lo tienen. De otra forma, no habría necesidad de aclararlo.

Bueno, ahora lo saben. El caso Vicentin, más las presiones camporistas para capitalizar en las empresas los pagos de sueldos que se hicieron por la pandemia, muestran que habrá más empresas en riesgo de intervención –sin importar tamaño o condición, y por la razón que se les ocurra en cada momento- y que deben prepararse para que desde ahora en adelante el proceso diario de toma de decisiones incluya formalmente los aspectos políticos y sociales, que en general constituyen los puntos ciegos de las empresas. Puede parecer exagerado o tremendista, porque aun no está en el ambiente, pero siempre es mejor estar preparados que no hacer nada, y dejar que el tsunami les pase por encima. Algo como el cuento del pastorcito y el lobo…

A seis meses de iniciado el gobierno de Alberto Fernández, queda cada vez más claro que, más pronto que tarde, terminará en manos de La Cámpora, con una repetición de la etapa anterior, esta vez reforzada por los “progresos” de la revolución bolivariana, y por la intervención más fuerte de Cuba. Y lamentablemente, alejándonos más del centro geoestratégico al que naturalmente pertenecemos, que es Mercosur, la UE y EEUU.

El manual del buen expropiador dice que el Gobierno debe sorprender al expropiado, para que no tenga tiempo de reaccionar, y que las circunstancias le pasen por encima, y se le genere un ambiente de miedo a cosas que pudiera haber hecho, sin ser ilegales, pero que podrían mandarlo preso y generarle una matriz reputacional negativa, para él y su familia. Con el criterio de que la empresa es la buena, pero su accionista es el malo –víctima y victimario-, y que el Estado salvador va a preservar los empleos y la soberanía alimentaria, energética, tecnológica, etcétera, y que ese fin supremo justifica los métodos, cualesquiera que estos fueran.

Cuando en Venezuela el chavismo expropió la primera empresa privada, fue una sorpresa que agarró fuera de base a todos; a la sociedad, al chavismo que para ese momento se había manifestado pro empresa privada, pero principalmente a los dueños de la empresa que no supieron o pudieron reaccionar a tiempo.

Desde entonces, en Venezuela han pasado muchas expropiaciones, que fueron generando lecciones que permitieron que a veces pudieran ser detenidas, y a veces, solo pudieran documentarse para un posterior resarcimiento. La suma de los cuales, a esta fecha, puede alcanzar, en total, los 20 mil millones de dólares en pagos que la república tendrá que hacer, además del resarcimiento de sus activos; ya sea por demandas en el CIADI, o en tribunales federales de EEUU, y de la misma Venezuela.

Cada empresa en la Argentina tiene la obligación de darle un pensamiento a este nuevo riesgo, que estaba fuera de su mapa, pero que ahora debe ser incorporado. Se abren, al menos, dos líneas de razonamiento:

Una es la de la posibilidad de evitarla, lo cual se logra con un monitoreo constante del entorno político, social y económico, la identificación y seguimiento de señales débiles, que mas tarde pudieran convertirse en alertas tempranas, las que, a su vez, puedan considerarse para acciones –principalmente de lobbying- para evitar que ocurran.

La otra es la preparación de la estructura financiera, patrimonial, jurídica y operativa de la empresa, para que el daño sea el menor posible, y que se pueda instrumentar, en tiempo y forma, una arquitectura jurídico-financiera, tendiente a recuperarla en el futuro, y a obtener un resarcimiento adecuado.

En los dos casos la palabra clave es “anticipar”, estar un paso adelante, armar escenarios, y asignarles una probabilidad de ocurrencia. Y eso se logra con un trabajo sistemático de análisis del entorno (con gente propia o contratándolo en outsourcing), focalizado en acceso a información privilegiada, noticias, seguimiento de actores, redes sociales e identificación de tendencias; principalmente en lo político y social; y aunque también en lo económico, parecería que es lo menos relevante, porque una expropiación es un acto eminentemente político, que suele llevarse por delante a las leyes y a los números. Son temas que conocemos muy bien pues son el eje de nuestros proyectos de consultoría gerencial.

Después de Vicentin, ninguna empresa argentina puede decir “no lo vimos venir”, porque ya están sobre aviso, especialmente aquellas que están públicamente expuestas, o en sectores considerados atractivos para la versión local de la revolución bolivariana. En el caso de Vicentin, el motivo también podría ser una caja de 3 mil millones de dólares de exportaciones, o asegurar el control en una provincia eminentemente agro empresaria y capitalista, o cualquiera sobre la que un análisis de entorno podría echar luz.

No está claro si la “revolución” camporista finalmente logrará hacerse del poder de la misma forma que la bolivariana lo hace en Venezuela; más que nada porque en Argentina las instituciones aun son un poco más fuertes, y las manifestaciones populares tienen más efecto que allá. Pero el tema no es el resultado final, sino todo el proceso de intentarlo, que funciona como una máquina de demoler y desgastar, que termina afectando la productividad y desviando el foco desde el mercado y la producción hacia la política. Cada empresa, entonces, debe reconocer y formalizar la nueva fuente riesgo, e incorporarlo en su propio proceso de toma de decisiones. Para que si ocurre, al menos no nos agarre desprevenidos y fuera de base.

El auto es economista y consultor gerencial


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