Día Mundial Contra el Trabajo Infantil: la deuda que más nos duele

Los que aún desconocen y pretenden quitar importancia a este compromiso de la comunidad mundial se escudan en supuestas prácticas culturales en las que los niños aprenden trabajando con sus familias en tareas agrícolas y hogareñas desde tiempos remotos. Esto no deja de ser una falacia.

El programa Buena Cosecha, implementado en la provincia de Mendoza en el 2010, con la participación del gobierno provincial, los sindicatos y los empresarios de la vendimia, logró desarrollar una política activa de acompañamiento de los hijos e hijas de los trabajadores de la vendimia. Los niños asistían a centros socioeducativos gestionados por organizaciones sociales, mientras sus padres trabajaban. Esto generó no solo el bienestar de los pequeños, sino incluso un aumento en la productividad, ya que sus padres no debían preocuparse por las amenazas a su salud generadas por el trabajo infantil. Así reflejaba este logro el informe sobre el Programa:

Con esta estrategia se busca evitar situaciones de vulnerabilidad y hasta riesgo de vida, dado que las niñas, niños y adolescentes se encuentran en un lugar seguro, un ambiente afectivo contenedor, un espacio educativo y a cargo de adultos profesionales responsables y no en el lugar de trabajo de sus padres o en sus hogares al cuidado de sus hermanos, en el mejor de los casos.

Un dato importante también es que los familiares de los educandos que asisten a los Centros Socio Educativos Buena Cosecha logran un mejoramiento significativo en su capacidad de trabajo, elevando el rendimiento, así como sus ingresos, trabajando con la tranquilidad de que sus hijos están en el mejor lugar durante ese tiempo.

Las cifras de la OIT son contundentes, y demuestran que detrás de esta forma de esclavitud moderna se mueven (junto a las demás formas de trabajo forzoso y trata de personas), cifras que superan los 150 mil millones de dólares al año fundamentalmente en beneficio de las cadenas de suministros.

¿Sabías que...?

152 millones son víctimas del trabajo infantil; casi la mitad, 73 millones, están en situación de trabajo infantil peligroso.

Casi la mitad de los 152 millones de niños víctimas del trabajo infantil tienen entre 5 y 11 años; 42 millones (28%) tienen entre 12 y 14 años; y 37 millones (24%), entre 15 y 17 años.

El trabajo infantil se concentra en primer lugar en la agricultura (71%), que incluye la pesca, la silvicultura, la ganadería y la acuicultura, y comprende tanto la agricultura de subsistencia como la comercial; el 17% de los niños en situación de trabajo infantil trabaja en el sector de servicios; y el 12% en el sector industrial, en particular la minería.

En nuestro país, además de la explotación infantil en tareas agrícolas, se da en otras actividades como los talleres clandestinos textiles; o en la zona del NEA bajo la figura del padrinazgo, a través de la cual se promueve la explotación infantil en tareas del hogar (práctica común en la hermana república del Paraguay y extendida desde allí a nuestras provincias del NEA), entre las más comunes.

Hoy en día también se ha extendido también la existencia de los llamados soldaditos de la droga, obligados a desarrollar funciones laborales para las redes narcos, mientras son iniciados en el consumo, sometiéndolos a las más crueles condiciones de vulnerabilidad.

Los esfuerzos que se hacen en nuestro país no encuentran aún un compromiso por parte del Estado que esté a la altura de la dimensión del problema, y que comprometa a la sociedad para su total erradicación. Argentina fue sede en el año 2017 de la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, cuya temática sabiamente se extendió a toda forma de trabajo forzoso. Ese Foro constituía una oportunidad fundamental para avanzar en su erradicación. Veníamos de conseguir en 2016, por la insistencia de la CGT, que nuestro país ratificara el Protocolo 2014 de OIT sobre el Convenio 29 de Trabajo Forzoso, y la Conferencia Mundial era una ocasión de comprometernos ante el Mundo con una política nacional y regional para el combate de la esclavitud moderna; atento a que las mafias operan en distintos países usando niños o mayores de un país para esclavizarlos en otros.

Creemos con dolor que esa oportunidad se perdió. El Plan Nacional presentado por el Gobierno argentino con bombos y platillos en ese Congreso Mundial donde nuestro país era anfitrión no se ha cumplido y ni siquiera estamos seguros que haya tenido algún intento serio de inicio.

Aún esperamos desde la CGT la convocatoria para la elaboración de un Plan Nacional para erradicar toda forma de trabajo forzoso, que sea la continuación lógica y necesaria para cumplir las metas del Protocolo 2014 de OIT y el objetivo 8 sobre Trabajo Decente de la Agenda 2030 para el desarrollo sustentable suscripta por todos los países (incluido el nuestro) que integran la ONU en 2015.

Los trabajadores organizados no nos hemos quedado quietos. En todas las reuniones tripartitas del Consejo del Salario desde 2016 a la fecha hemos reclamado la concreción de la Campaña Nacional contra el Trabajo Forzoso, que no tuvo más que palabras de apoyo, pero jamás la creación de un equipo de trabajo para llevarla adelante. Tampoco respecto a la puesta en marcha e implementación del Plan Nacional para erradicación del trabajo infantil, a la que no fuimos convocados ni conocemos las acciones concretas realizadas, ni las metas, ni los resultados parciales obtenidos. Más aún fuimos testigos del papelón del Gobierno de entonces que había eliminado el Ministerio de Trabajo (rebajándolo a categoría de Secretaría) pero retrasó la publicación de la norma para que el representante oficial que había participado en todas las reuniones previas pudiera inaugurar la Conferencia con su rango de ministro que en la práctica ya no ostentaba. Esta anécdota no es pueril, sino que delinea la falta de coherencia entre el anuncio de un Plan Nacional y la degradación del Ministerio que tiene que llevarlo adelante.

Desgraciadamente y sin cifras oficiales nadie duda que, producto de la recesión económica, la falta de implementación del Plan y el débil ejercicio de poder de policía por parte del Estado, podemos afirmar que, lejos de disminuir, el trabajo infantil ha crecido en la Argentina.

Le cabe al nuevo Gobierno, rápidamente y más allá de los problemas que genera la pandemia del Covid-19, la puesta en marcha del Plan Nacional con las mejoras que puedan hacerse y la Convocatoria para el Plan Nacional contra toda forma de trabajo forzoso, tal cual quedó establecido por la OIT a partir de la ratificación del citado protocolo del Convenio 29 y que va en concordancia con los objetivos mencionados de la Agenda 2030 de la ONU firmada por nuestro país.

El informe de este año de la OIT “Poner fin al trabajo infantil a más tardar en 2025”, en consonancia con que aquí expresado, establece seis ámbitos de acción: promover el compromiso legal con la eliminación del trabajo infantil y el papel central del diálogo social; fomentar el trabajo decente para los adultos y los jóvenes que han alcanzado la edad legal para trabajar, en especial luchando contra la informalidad. Crear y extender sistemas de protección social, a fin de mitigar la vulnerabilidad económica de los hogares; ampliar el acceso a la educación pública gratuita y de calidad como alternativa lógica al trabajo infantil; combatir el trabajo infantil en las cadenas de suministro; proteger a los niños que se encuentran en situación de fragilidad y crisis.

Desde la Secretaría de DDHH de CGT impulsamos un Observatorio que monitorea las políticas sobre trabajo infantil y toda forma de trabajo forzoso, que va receptando denuncias y desarrolla propuestas de políticas para aportar al Plan a elaborar.

En el caso especial de los niños soldados, llevamos adelante en conjunto con el CIPJE (Centro de Investigaciones y Proyectos en materia de Política de Estado de la UEJN-gremio judicial) proyectos de ley ya finalizados respecto a la no incriminación penal de los “niños soldados de la droga”, a la vez que trabajamos para que la OIT los asimile a la situación de los “niños soldados” en zonas de conflicto bélico que son alistados forzosamente. En sentido similar, planteamos despenalizar a las “mulas” de la droga que son obligadas a traficar arriesgando sus vidas y su libertad, en otra forma de trabajo forzoso en beneficio del narcotráfico.

Estos proyectos, y las acciones solidarias realizadas en todo el país por las organizaciones sindicales y la juventud sindical, van en conjunto con la acción social impulsada desde la Conferencia Episcopal Argentina y los Hogares de Cristo que trabajan en los barrios populares para contener y rescatar a esos niños soldados de las garras del narcotráfico, a pesar de la aún insuficiente colaboración del Estado argentino.

Hay mucho por hacer, pensando en qué sociedad y con qué valores queremos vivir. Necesitamos reconstruir nuestras comunidades a partir de sentir verdaderamente que los únicos privilegiados sean nuestros niños y niñas.

El autor es secretario general de UEJN y secretario de Derechos Humanos de la CGT