La trágica Noche Judicial

“Quien reniega de la historia hipoteca su futuro”. General Juan Perón

El 31 de mayo de 1976, la realidad en Tribunales como en todo el país era trágica. La dictadura cívico militar que había cometido la infamia de derrocar al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón prohibió toda actividad sindical. Muchos dirigentes del arco gremial y político fueron apresados en un barco anclado en el Puerto de Buenos Aires, el 33 Orientales, y como en mi caso en particular, muchos otros fuimos encerrados en distintas cárceles a lo largo país. Se multiplicaban además, día a día, los secuestros y la desaparición de personas. Aún ignorábamos la existencia de los campos de concentración. Vale aclarar que hasta el 24 de marzo, las detenciones quedaban a disposición de un juez o, en virtud del estado de sitio, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Esos días, la violencia de los grupos parapoliciales venía mostrando cotidianamente el terror asesinando a cientos de militantes días después de su secuestro. Esas muertes brutales tenían como objeto enrarecer el clima político para justificar el derrocamiento del gobierno peronista que venía defendiendo contra viento y marea los intereses nacionales y que frente a los enfrentamientos imparables del movimiento nacional, había decidido adelantar las elecciones. Pero la desgracia ya estaba echada: la decisión de dar por tierra con la experiencia justicialista se había resuelto hace tiempo.

En la primavera de 1973, cuando nuestro pueblo votaba masivamente el regreso de Perón al gobierno, y se aceleraban los cambios con el Plan Trienal, el Pacto Social y las reformas legislativas que garantizaban la recuperación de la soberanía nacional y de la independencia económica, cuando el nivel salarial seguía en alza para alcanzar a comienzos de 1975 el nivel más elevado de salario real en toda la historia de nuestra Patria, ya Martínez de Hoz y los personeros de la oligarquía y los intereses financieros foráneos, urdían el plan económico de destrucción nacional que aplicarían a partir del 2 de abril de 1976. Con ese objetivo, comenzaron previamente a generar la acción terrorista mancomunada desde los extremos derecha-izquierda –no olvidemos la masacre de Ezeiza que buscó impedir la épica esperanzadora del encuentro del pueblo argentino con su líder y el crimen del secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, “el pequeño gran hombre”, como lo definiera amorosamente el General Perón- que conjugados al boicot económico y legislativo en marcha, buscaban desestabilizar al gobierno popular que había vuelto al poder para revertir, como lo había hecho el peronismo en el período 1946-1955, la estructura colonial de la Argentina: nueva Ley de Entidades Financieras, nacionalización de los depósitos bancarios, reforma tributaria equitativa, Ley de Inversiones Extranjeras, Ley de Sociedades, y avance sobre las medidas revolucionarias que llevaría adelante Isabel tras la ausencia de Perón: Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, la más avanzada en el mundo en cuanto a protección de los derechos del trabajador, nacionalización de los depósitos bancarios y de las bocas de expendio de combustibles de las petroleras multinacionales, transformación del Sistema Nacional Integrado de Salud, anulación de los leoninos convenios con la multinacional ITT y con Siemens, rechazo del negociado con la empresa Italo de electricidad, Ley de represión al narcotráfico, Ley de represión de la subversión terrorista y económica, consecución del pleno empleo sin planes asistenciales ni trabajo precario estatal, decisión de convocar a una Convención Constituyente para la reforma constitucional cuyos objetivos eran la reforma política (Modelo Argentino para el Proyecto Nacional) y la reimplantación del artículo 40 de la Constitución de 1949, la celebración de una reunión de gabinete en la Antártida Argentina para ratificar nuestra soberanía nacional, la construcción de 350 viviendas y la no toma de deuda ni empréstito alguno con el extranjero.

A 44 años de aquel 31 de mayo, ignorábamos los judiciales y el resto de los argentinos, que estaba accionando en nuestro suelo el plan de exterminio planificado más atroz de nuestra historia. Los judiciales ya habíamos sufrido la desaparición en la primavera de 1975 de un compañero, hijo del delegado general de la Morgue Judicial, él también empleado de esa dependencia, Eduardo Occhiato, durante el ensayo general en la zona oeste del GBA de la futura estrategia de operativos realizados por grupos de tareas de las Fuerzas Armadas, verdaderas bandas criminales. Habían sido secuestrados además varios delegados judiciales, Roberto Vera Barros y Estaban Ojea Quintana, del Fuero Comercial, Ignacio Ojea Quintana, delegado del Juzgado 2 del Fuero Civil, y Alicia Mallea del Fuero Penal, todos secuestrados de sus domicilios sin información de su destino. Igualmente estaban detenidos a disposición del PEN desde el 24 de marzo, el defensor en lo Criminal y Correccional, Guillermo Díaz Lestrem, y la secretaría de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Carmen Argibay, que sería Miembro de la Corte Suprema desde el 2005 hasta su fallecimiento en 2014. Se multiplicaban en el hall central del Palacio de Justicia los pedidos de aparición con vida de muchos abogados del foro. Pero no existía información fidedigna. Mientras tanto, había comenzado en la Justicia la aplicación del bando dictatorial de las “prescindibilidades”, es decir, la cesantía sin ningún tipo de sumario previo. En el Fuero Civil, a principios de mayo, le tocó el turno a la afiliada número 1 de la UEJN, la compañera Malisa Orlando. Comenzamos entonces a juntar firmas para su reincorporación a la actividad que dirigía con la ayuda de Ernestina Storni, del grupo fundacional de la UEJN en 1971. Recuerdo que de los centenares de firmas que llevábamos juntadas, eran más las de los abogados que de los propios judiciales ganados por el temor a que continuaran las cesantías en un marco de terror generalizado que ya comenzaba a percibirse en todo su espesor. Ese día sería el último en libertad para muchos en la Justicia y el último con vida del compañero Alberto Maidana Casco, delegado en el Fuero Comercial. En la madrugada del 1 de Junio la represión golpeó nuevamente a la UEJN: fui secuestrado junto a Luis Olmos, delegado del Juzgado Civil 11, Luis Galasso, delegado del Juzgado Civil 29, Gustavo Galligo, de fiscalías penales, Germán Moldes, secretario de un Juzgado de Instrucción y hasta hace unos meses, fiscal ante la Cámara Federal de Casación, y la mujer de Maidana Casco, quien murió al “caer” del piso 15 del edificio donde vivía con su esposa según informe del operativo represivo. Muchos se salvaron de ser secuestrados por no estar en los domicilios registrados en la Justicia al tiempo de los operativos.

Los secuestrados esa noche fuimos llevados vendados, amordazados y saqueados nuestros domicilios, a la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal en la calle Moreno al 1400 de Capital Federal, convertida en campo de concentración, donde fuimos sometidos por diez días a todo tipo de torturas y vejámenes. Nuestra suerte fue que por ser empleados del Poder Judicial y en esa época temprana de la dictadura, legalizaron nuestra detención y fuimos derivados a la Justicia Federal. La causa que se nos imputaba era una farsa elaborada por el grupo de tareas que suponía la existencia de una organización subversiva infiltrada en la Justicia liderada por el ministro de la Corte Suprema Constitucional, el Dr. Héctor Masnatta. El juez de la dictadura, Dr. Marquardt, a cargo del Juzgado Federal N° 1 -hoy a cargo de la Dra. María Servini- no se animó a legalizar esa absurda fábula porque era imposible ignorar la actividad de los detenidos que militábamos y trabajamos en el mismo Palacio de Tribunales y, como en mi caso en particular, a metros del despacho del mismo Marquardt. Éramos reconocidos por los judiciales y los mismos magistrados. Por esa razón fuimos sobreseídos el 23 de agosto de ese año, aunque continuamos. Detenidos, en mi caso por 6 años y 7 meses hasta mi liberación el 24 de diciembre de 1982.

Tras esa noche, nada fue igual en la Justicia. Fueron secuestrados en el trayecto que efectuaban a Córdoba a una reunión de la Federación Judicial, el presidente del gremio, Ricardo García Conde (Fuero del Trabajo) y el vicepresidente Carlos Lavié (Fuero Penal), afortunadamente puestos a disposición del PEN. Fueron cesanteados, entre otros, el Secretario Gremial Julio García Torre (Fuero Laboral) y “desaparecidos” Carlos Malvino (Comercial), Wenceslao Caballero (Civil), Laura Serra (Civil), Álvaro Colombo (Defensorías Penales), Julia Lozano (Comercial), Carlos Gatto (Civil), Verónica Basco (Civil), Jorge Sanz (Penal), Nélida Ortiz (Fiscal en lo Penal Económico), Enrique De Pedro (Laboral), Gustavo Varela (Penal) y Guillermo Díaz Lestrem (Defensor Penal).

Al calor de la represión, como les ocurrió a todos los trabajadores, arrasaron las conquistas de años de lucha, como había sido para los judiciales la eliminación de la Ley de Porcentualidad Salarial. No obstante esta crónica dolorosa, nuestra golpeada UEJN nunca claudicó y estuvo en las organizaciones sindicales que enfrentaron la dictadura y organizaron el primer paro general el 27 de abril de 1979 con el compañero Horacio Alonso, a cargo de la conducción del gremio diezmada por la represión, y que desde 1982 llevó adelante una intensa lucha sindical que culminó con la recuperación de la Ley de enganche en 1983, derogada en 1989 durante el gobierno de Menem por constituir supuestamente un “privilegio”.

Desde el año 2006, por iniciativa de los compañeros Martín Giambroni y Julio Gómez Carrillo (QEPD), recordamos todos los años la Noche Judicial como símbolo cabal de la represión en la Justicia, como la Noche de los Lápices lo fue para la educación o la Noche de la Corbatas para la abogacía. Y este recuerdo es sentido reconocimiento y homenaje a todas las víctimas de la represión en la Justicia y un compromiso con su memoria, savia vivificante de nuestra tarea diaria en defensa de los derechos de todos los judiciales, de la independencia de la Justicia y de la dignidad de todos los trabajadores en nuestro ideal de hacer de una Argentina Justa, Libre y Soberana.