Acuerdos políticos sobre diagnósticos de procesos electorales

Las políticas de Estado a menudo se instalan en la agenda pública por acciones propias de gobierno, por eventos externos a la política local o por imperativo legal, entre otros casos. En materia de procesos electorales, nuestro país los lleva adelante a través de un mapa electoral complejo, el cual se compone de 24 distritos con variedad de fechas de elección de autoridades -simultáneas o desdobladas- en un sistema que no es lineal.

La lógica temporal del armado del cronograma electoral se construye sobre un esquema de normas cuyo antecedente es la Constitución Nacional y cabe aclarar, también, que el Congreso Nacional dispuso por ley 25.983 -vigente en la actualidad- que las elecciones a Diputados Nacionales de todas las provincias deben ser simultáneas y realizarse en la misma fecha. A su turno, las provincias pueden optar por realizar las elecciones de cargos provinciales de forma desdoblada o simultánea con las elecciones nacionales o bien dejar en poder del ejecutivo local, la facultad de fijar la fecha de elecciones.

En el año 2019 en la República Argentina además del proceso electoral en el orden nacional, esto es, las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la elección general, hubo casi un centenar de elecciones locales (entre primarias y generales provinciales, con más una diversidad de elecciones municipales en el país) y el año próximo los ciudadanos deberán ir nuevamente a las urnas para las elecciones legislativas.

Ahora bien, en el transcurso del proceso electoral pasado en el orden nacional, se instaló en la agenda pública no solo por imperativo legal y las consideraciones políticas propias de una contienda de carácter presidencial, sino también por las innovaciones de carácter técnico con la incorporación de tecnología e innovación operativa a efectos de dotar al sistema de rapidez, transparencia y participación en todo su ciclo, por parte de las agrupaciones políticas en lo referente al procedimiento de recuento provisorio de resultados.

En ese contexto vale destacar que el acto electoral más sustancial, entendido como la elección general, fue el más ágil de la historia argentina, la ciudadanía tuvo la información relevante el día de la elección a las 21 con un porcentaje de datos procesados de 70,48% comparativamente muy superior a los 8,68% procesado a esa hora en la elección general del año 2015.

Existió claro, como en toda contienda electoral, ganadores y perdedores y finalizados los procedimientos formales en cuanto a la legitimidad del proceso (recuento definitivo realizado por la justicia), las consideraciones y observaciones a esas nuevas formas de llevar adelante el proceso, quedaron de lado por parte de las agrupaciones políticas participantes.

La organización y gobernanza de un proceso electoral parte de la base de directrices claras, consensuadas y transparentes de los actores judiciales y de gobierno, responsables de la ejecución de las acciones tendientes a la materialización del acto electoral y garantizar la pureza del sufragio.

Reflexión aparte y no menor es la coyuntura mundial en un contexto de pandemia donde casi 70 países han prorrogado sus calendarios electorales y los expertos en cuestiones electorales actualmente estudian, proponen y ensayan nuevas prácticas y consideraciones operativas a la hora de diseñar los procesos electorales bajo una perspectiva de inclusión de factores sanitarios a cumplimentar. Tal instalación, aparece como razonable en un marco donde la gran mayoría de políticas de Estado y acciones puntuales de gobierno deberán -inexorablemente- sumar dicha consideración de cuidados y protección sanitaria.

A su turno, en la época de proliferación ascendente de las fake news, deviene oportuno resaltar que de lo que se trata es de dotar, también, de herramientas transparentes y claras en término de comunicación e información política electoral ya que los procesos electorales, en sustancia, son los mecanismos instituciones para garantizar el principio de representación política y la soberanía popular.

El transcurso del proceso electoral pasado se llevó adelante en un contexto de suma exposición pública, de intervención de los órganos judiciales no solo dentro de sus facultades ordenatorias del proceso, sino también a raíz de presentaciones judiciales partidarias, la disposición de veedores judiciales para el sistema de recuento provisorio y requerimientos para las auditorias de los software tecnológicos, entre otros.

Tanto las agrupaciones políticas, como así también las organizaciones de la sociedad civil tuvieron en los ámbitos respectivos, tanto de la administración – vía el consejo de seguimiento de partidos políticos- como judiciales, la oportunidad de hacer saber sus observaciones operativas y técnicas en lo referente al proceso.

Ahora bien, resulta pertinente advertir que todas esas consideraciones fueron con anterioridad al acto electoral. Sin perjuicio de que en lo que se denomina año electoral existen los mecanismos pertinentes para esa participación y observación, debe tenerse presente que la organización de un proceso como el descripto con las complejidades que supone debe ponerse en marcha con más de un año de anticipación, ya que refiere de un cumulo de tareas, contractuales, logísticas, tecnológicas, presupuestarias y operativas donde intervienen muchos actores del sistema electoral.

La crisis sanitaria por la que atraviesa la República Argentina y el mundo supone en varios casos un corrimiento de cronogramas de políticas de Estado, que agregan cuestiones a cumplimentar nuevas en muchas acciones, pero en supuestos como el de mención, con las complejidades y un sin número de tareas que por imperativo legal deben cumplirse, resulta de manera inmediata realizar un diagnostico de lo pasado, consensuar lo futuro para así también sumar las medidas preventivas y de cuidado sanitario al proceso electoral.

Las agrupaciones políticas deberían acompañar y colaborar con el diseño estructural de los procesos electorales y resulta imperativo el desarrollo de ámbitos de diagnósticos claros del proceso pasado, a efectos de que las acciones que daban llevar adelante los órganos instituciones para la organización del próximo proceso electoral -sumado a las cuestiones sanitarias ya conocidas- no demoren su implementación.

El autor es abogado, especialista en Derecho Público