No testear masivamente es no querer salvar vidas

El Presidente incurre nuevamente en la manipulación de la realidad y de las palabras.

Ha dicho: “No puedo hacer una mesa con los economistas porque su voluntad no es necesariamente salvar vidas”.

Lamentablemente, salvar vidas no parecería haber sido la única motivación del fundamentalismo epidemiológico del Dr. Cahn que ha abrazado el Presidente. Salvar vidas no es sólo ser consciente que una pandemia implica enfermedad y muerte, por lo que los gobernantes deben minimizar ambos, sino también tener en cuenta la ley de gravedad de que la gente trabaja, da trabajo y vende productos y servicios.

¿Por qué el trabajo y la economía son la ley de gravedad? Porque no sólo es el lugar donde la gente pasa el grueso de su día (salvo que seas un militante político) sino que las consecuencias de la pérdida del trabajo (hoy hay miles de puestos de trabajo en peligro) implica serios riesgos para la salud psíquica y física de las personas y más si se tiene en cuenta que la Argentina es, desde hace tiempo, una verdadera pesadilla económica para sus habitantes.

Así que el Presidente pone en riesgo la vida y la salud de los argentinos cuando sólo piensa en la cuarentena y el aislamiento por el pánico a la enfermedad y empuja a la gente a mirar cómo desaparece su comercio, su empresa, su industria, su actividad, de la misma manera que se mira el paso de los carruajes de un desfile mortuorio.

El Presidente, hay que decirlo, también pone en riesgo la vida y la salud de los argentinos cuando otra vez por el pánico al coronavirus los ciudadanos no asisten a los hospitales y sanatorios por patologías que también pueden ser mortales.

Y por sobre todo pone en riesgo la vida y la salud de los argentinos de manera deliberada o por impericia cuando no se testea en forma masiva para saber dónde está el virus, detectar a los contagiados, aislar a los enfermos y decidir una salida de la cuarentena ordenada y segura.

En definitiva, el Presidente todavía no puede cantar victoria ni en materia sanitaria, ni muchos menos en lo económico, y ahora tampoco en lo institucional, donde hay cada vez más dudas de la constitucionalidad de un confinamiento que marcha rumbo a romper un record mundial.