Teorizar hoy sobre los desafíos que plantea la comunicación de los poderes judiciales o sobre el vínculo entre la Justicia y los medios es parte del pasado. Los jueces han dejado de hablar solo por sus sentencias. Una variedad de recursos tecnológicos y comunicacionales permite que magistrados de todas las instancias, de todos los fueros y jurisdicciones difundan fallos, resoluciones y audiencias a públicos cada vez más amplios.

La sentencia, antes un recurso limitado y escaso, es ya un bien de amplia circulación mediante sitios web del Estado o de particulares, redes sociales o grupos de mensajería instantánea. Los juicios orales se transmiten en vivo por plataformas virtuales y portales de internet. Las imágenes de los jueces son hoy habituales en cualquier medio. También sus artículos de opinión. Las sentencias pueden ser consultadas de manera gratuita y totalmente online todo el tiempo. Y el nivel de conocimiento de la actividad judicial ha permitido que, acertadamente, se opine más que nunca sobre el rol de los operadores del sistema judicial.

Desde que creamos en la Corte el Centro de Información Judicial, bajo la presidencia de Ricardo Lorenzetti, en el año 2008, hasta hoy, un número significativo de jueces y funcionarios de todo el país han internalizado que la difusión de información a periodistas y abogados primero, y a audiencias más amplias después, es la manera correcta de rendir cuentas en un sistema republicano.

El proceso no estuvo exento de polémica. Durante algún tiempo fue objeto de discusión que el Poder Judicial pudiera marcar agenda con un sitio de noticias propio, como el CIJ. También se debatió si la comunicación judicial oficial debía ser técnica para una élite jurídica o simple con lenguaje claro para un público más masivo. La discusión fue saldada y el modelo fue replicado exitosamente en poderes judiciales provinciales, cámaras federales, ministerios públicos y consejos de la magistratura de todo el país. Lo que significa que aquella revolución comunicacional de la que hablábamos en 2008 cuando lanzamos el CIJ es hoy una realidad concreta y arraigada en el sistema judicial.

Algo parecido sucedió con los sitios web dedicados a cubrir la actividad de los tribunales. Nunca hubo tanta información judicial disponible, de manera gratuita y muchas veces de manera casi inmediata a la producción de la noticia, sin intervención del Estado, sino en manos de periodistas o abogados.

Es que la revolución comunicacional fue, en verdad, una revolución cultural, anclada en una Política de Estado. Es decir, planificada a partir de una estructura legal para superar cualquier disputa de poder, permanecer en el tiempo más allá de coyunturas o transiciones, y ser ejecutada no solo por un poder público sino también por la mayor cantidad posible de actores de la sociedad.

Esta semana dos tribunales han avanzado aún más. El Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 desarrolló íntegramente una audiencia a través de la plataforma Zoom. Y el Tribunal Oral en lo Federal 2 de San Martín hizo lo propio a través de Twitter.

En breve es de esperar que se sumen otros fueros y otras jurisdicciones que ya están en condiciones de hacerlo y están ajustando detalles formales. Numerosos tribunales orales estudian formas y adecuaciones procesales para continuar audiencias mediante plataformas virtuales gratuitas. La transparencia ya no es una entelequia ni una teoría vacía de contenido en el Poder Judicial.

Los sistemas institucionales tradicionales de difusión piramidal pierden peso frente a la demanda cada vez más creciente de información judicial para todos los públicos, en el momento en el que la noticia sucede y por la web.

La autora es periodista y abogada