Palacio de Tribunales
Palacio de Tribunales

Una de las claves de la reforma de la justicia federal debería ser la íntegra implementación del sistema acusatorio adoptado en el Código Procesal Penal Federal, aun no vigente en todo el país sino sujeto a un gradualismo territorial que tuvo por pionera a la jurisdicción de Salta-Jujuy, en junio del año pasado.

Las ventajas del nuevo sistema para dinamizar la administración de justicia federal penal, que es de excepción y para ciertos delitos (como narcotráfico, contrabando, trata de personas, secuestro extorsivo, delitos tributarios y contra la administración pública nacional) pueden enlistarse, resumidamente, en:

1) Separación de funciones entre fiscal y juez: la división de roles, requirente del primero y jurisdiccional del segundo, es medular. El juez deja de investigar y se reserva para el juzgamiento, lo que robustece su imparcialidad; mientras en el sistema mixto es el mismo magistrado quien investiga (por eso se llama de “instrucción”) y luego juzga.

Esta delimitación, que ya existe en muchos modelos provinciales, refuerza las garantías del imputado y dota de mayor eficacia al sistema, porque se incentiva la intervención de fiscalías temáticas para investigaciones especializadas y la unidad o continuidad en la actuación del fiscal (para que siga la causa de principio a fin).

2) Oralidad: es la antesala de la celeridad si entendemos que la concentración del proceso en audiencias donde las parten ventilan sus planteos implica dejar de lado las formas escriturales, las vistas (participación/confronte) rígidas, los numerosos requisitos de admisibilidad que deben cumplirse en ciertas presentaciones, etc. Discutir y resolver verbalmente en encuentros únicos o continuados (sin interrupciones vacuas) es, sin duda, la mejor (si no la única) manera de abreviar la tramitación de los procesos.

3) Concentración, contradicción, transparencia, inmediación, simplicidad: estas pautas, establecidas en el art. 2 del CPPF, son la derivación del hecho de que todo transcurra en audiencia, donde además de transparencia, hay un contacto directo entre el juez y las partes (inmediación) que de por sí sincera y acota las discusiones que, bien conducidas, ya no pueden ser excesivas o superfluas.

4) Plazos acotados: la garantía de ser enjuiciado en un “plazo razonable” toma cuerpo, se cuantifica, perfeccionando el enunciado clásico y etéreo que todos conocemos.

Existe ahora un término puntual: 3 años como plazo máximo de duración del proceso desde que se formaliza la investigación preparatoria (lo que se duplica en procesos complejos declarados como tales) bajo responsabilidad del juez y del fiscal.

5) Persecución selectiva: la disponibilidad de la acción, que permite al fiscal prescindir de la persecución penal (cuando se trate de un hecho insignificante, por ejemplo), junto a la conciliación y la suspensión del juicio a prueba, adquieren vital importancia a la hora de descomprimir el sistema. Implican un paso significativo en la gestión de la conflictividad, en línea con la idea del derecho penal como la última ratio que debe preservarse para los casos verdaderamente indispensables, donde sí será efectivo a consecuencia de esta depuración.

6) Sinergia: los procedimientos abreviados y las convenciones probatorias, son ejemplos de opciones que procuran una actitud colaborativa de las partes, en la que todos salen ganado. Incluso la sociedad, que espera que las causas sean resueltas en tiempo útil, antes de consumirse en el olvido.

Esta apuesta a alianzas estratégicas, moneda corriente en el derecho anglosajón, se regula no sólo en el CPPF sino también en las Leyes Orgánicas del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, que instan a fiscales y defensores a arribar a acuerdos que permitan alivianar el sistema sin llegar a juicio, o purgar el contenido del debate, si es que se avanza a dicha etapa.

7) Medidas de coerción: las disposiciones del nuevo Código son más celosas en el resguardo de las restricciones a la libertad durante la tramitación del proceso. Así, respecto de las medidas de coerción, existe un catálogo de alternativas, de menor a mayor intensidad, con el objeto de neutralizar el riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación; extremos que han de ser reales y ponderados en cada caso por el juez, de acuerdo a parámetros objetivos detallados en la norma.

Sólo en supuesto de insuficiencia o ineptitud de ese listado puede llegarse a la prisión preventiva, que además debe solicitarse y disponerse con expresa indicación del plazo de duración.

8) Participación de la víctima y la querella: a la par que se profundiza la tutela al imputado, se ensancha la otrora tímida participación de estos dos sujetos del proceso. La querella adquiere autonomía como para formular su propia acusación, continuar con el proceso si el fiscal desiste, oponerse al acuerdo pleno, solicitar una medida de coerción, apelar el sobreseimiento.

La víctima, en tanto, adquiere derecho a recibir un trato digno y que sean mínimas las molestias derivadas del procedimiento; a que se respete su intimidad; a requerir medidas de protección para su seguridad y de sus familiares; a ser informada sobre el estado del proceso y la situación del imputado (incluso en la etapa de ejecución de la condena); a aportar información; a cuestionar la desestimación de las actuaciones, su archivo, la aplicación de un criterio de oportunidad o el sobreseimiento; y (por supuesto) a participar en el proceso en calidad de querellante, entre las principales.

9) Modernización: además del derecho de las víctimas, cuestiones como flagrancia, técnicas especiales de investigación para los delitos complejos (arrepentido, informante clave, agente encubierto, etc) y responsabilidad penal empresaria, que tuvieron recepción legislativa entre fines de 2016 y fines de 2017 constituyeron soluciones que, incorporadas al CPPF, implican un progreso remarcable.

10) Garantías sobreentendidas: el nuevo digesto verbaliza garantías inferidas (pero no expresadas) en el Código Levene. Tal el supuesto del derecho de toda persona a recurrir la sanción penal que se le haya impuesto ante otro juez o tribunal con facultades amplias para su revisión (art. 21); la participación ciudadana en la administración de justicia penal (art. 23); o la diversidad cultural (art. 24).

Como es lógico, estas virtudes van acompañadas de una serie de desafíos para una implementación satisfactoria. Como premisas básicas, se requiere inyección presupuestaria, a la vez que un meticuloso trabajo de gestión, que se desagregan en lo que sigue:

1) Infraestructura y logística: Salas de Audiencias, espacios para el funcionamiento de las Oficinas Judiciales y Alcaidías devienen imprescindibles.

También se requiere mejorar la logística para el traslado de los internos a las audiencias y para la realización de videoconferencias desde la cárcel, en aquéllas que puedan prescindir de su presencia física.

2) Dotación y redistribución del personal: es este un punto delicado, porque hay que atender a muchos factores en simultáneo: la carrera de los que ya revistan en el Poder Judicial, el traspaso interno de agentes idóneos hacia la Oficina Judicial y su migración al Ministerio Publico, etc.

Todo ello teniendo en cuenta que la transición de un modelo a otro no se institucionaliza, vale decir, no se crean juzgados residuales para atender exclusivamente las causas “viejas” (anteriores a la fecha de implementación del sistema); sino que las mismas unidades judiciales tienen que ocuparse de todo, con el agravante de la competencia múltiple (o multifuero) en muchas jurisdicciones.

Para una eficaz redistribución de tareas debe planificarse sobre la base de datos exactos de causas en trámite real.

3) Tecnología y conectividad: como todo el registro de lo actuado es virtual, la tecnología adquiere preponderancia y supone equipamientos adecuados, con suficiente capacidad de almacenamiento y conectividad. Cada sala de Audiencias debe estar dotada de estos equipos y habilitación para videoconferencia.

La adaptaciones al distanciamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) debido al COVID-19 han demostrado que las reuniones y audiencias virtuales resultan opciones funcionales plenamente válidas.

4) Jueces y sujetos esenciales: sin jueces no es posible que el sistema funcione, porque no hay manera de reemplazarlos, no hay jueces auxiliares, no son fungibles. Por otro lado, su trabajo no puede reposar, delegarse o dividirse, deben dirigir las audiencias y resolver fundadamente en todas.

Por lo tanto, las vacantes en la justicia federal representan un obstáculo insalvable, que urge superar, al menos progresivamente y en las jurisdicciones que estén prontas a implementar. Sumado al refuerzo pertinente, pues la insuficiencia de magistrados es el lamentable complemento de las vacancias.

En compás, será menester reforzar la representación del Ministerio Público (Fiscal y de la Defensa) y concretar la designación del Procurador General.

5) Capacitación: por último, capacitar es un presupuesto central para la correcta aplicación del sistema. Se trata no sólo de información, nociones y conceptos, sino fundamentalmente, de la adquisición de competencias para llevar adelante las distintas tareas que supone el sistema, implicando a todos actores y cometidos, jurisdiccionales y administrativos. -

La autora es jueza de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, especialista en Derecho y Economía Ambiental, profesora universitaria titulada y doctora en Derecho Constitucional UBA