Palacio de Tribunales (Foto: NA)
Palacio de Tribunales (Foto: NA)

Hace 15 años, con la celebración de las Jornadas Preparatorias para la primera Conferencia Nacional de Jueces, se daba el puntapié inicial de una novedosa iniciativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se desarrolló entre los años 2006 y 2016 y que, tal como se titula en este trabajo, es una experiencia que sin duda alguna debe continuar.

El origen y objetivo de las Conferencias Nacionales de Jueces, fue claramente expuesto por Ricardo Lorenzetti, en el discurso de apertura de la VII conferencia, celebrada en las ciudades de Buenos Aires y La Plata, oportunidad en la que señaló “…el motivo que dio origen hace 10 años, a esta Conferencia Nacional de Jueces es justamente enfocarnos en políticas de Estado, es decir, en objetivos comunes, no solo del Poder Judicial, sino también de que manera podemos todos los poderes, los tres poderes del Estado, nacional y provinciales, enfocarnos en temas comunes que beneficien a nuestro pueblo…”.

De las palabras del por entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, surgen especialmente los dos ejes -por cierto novedosos y altamente auspiciosos- por los que han transitado estos encuentros de magistrados, cuales son la necesidad de que el Poder Judicial establezca políticas de Estado y la necesaria vinculación entre los tres poderes para afrontar todas aquellas cuestiones de interés para la sociedad.

Debemos decir que, como se advertirá del desarrollo y enumeración de las temáticas que fueron consideradas en las distintas conferencias Nacionales de Jueces, ambas premisas fueron cumplidas y con creces.

En cuanto al postulado de elaborar, examinar y proponer políticas de estatales, ha colocado al Poder Judicial en el papel institucional que realmente le corresponde ubicándolo en su verdadero rol de Poder del Estado con independencia de su específica función jurisdiccional, sorprendiendo gratamente a aquellos que intentábamos cambiar a esta altura de la historia el viejo apotegma que decía que los jueces solo debemos pronunciarnos a través de nuestras sentencias, cuando la sociedad hoy pide a gritos explicaciones, propuestas y soluciones.

La primera Conferencia Nacional se desarrolló en la Ciudad de Santa Fe en el año 2006 y tuvo como primeros ejes temáticos la ética judicial, la prensa y su relación con la justicia y la sociedad, la Independencia judicial y la capacitación y su debido correlato cual es la Escuela Judicial.

Como importantes logros concretos de esta primera experiencia, se deben destacar la creación, por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la Acordada 16/2006, de la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial, encargada de sistematizar actividades tendientes al fortalecimiento institucional del Poder Judicial.

Asimismo, se tomaron importantes decisiones en materia de Capacitación Judicial tanto en el ámbito de la Corte Suprema, generándose las bases para la elaboración del convenio marco del Plan Nacional de Capacitación judicial entre el Alto Tribunal, y la Junta Federal de Cortes y Tribunales de Justicia de las Provincias, como en el Consejo de la Magistratura, reforzándose los cursos de la Escuela Judicial, cuya aprobación brinda puntaje en los concursos de selección de magistrados.

El segundo encuentro, tuvo lugar en la Provincia de Salta en el año 2007, tomándose como base de la discusión de los más de 500 magistrados que asistieron a las sesiones, el documento “Políticas de Estado”, desarrollado a partir del examen de la situación del Poder Judicial tras la crisis del año 2002 y la búsqueda de las herramientas necesarias para el fortalecimiento de este Poder del Estado para revertir los efectos disvaliosos de la situación vivida en el año 2002.

Fue en la Provincia de Córdoba en el año 2008, donde se desarrolló la III° Conferencia Nacional de Jueces, la que consideró como núcleo de discusión, los “Fundamentos Institucionales del Poder Judicial”. El objetivo de los diferentes encuentros en el marco de la conferencia, apuntó a considerar los modos de consolidar las políticas de estado ya fijadas en las dos conferencias anteriores y avanzar en nuevas estrategias destinadas a mejorar el servicio de justicia.

La síntesis de las jornadas de trabajo fue expuesta en el documento final, cuyos puntos trascendentes pusieron de relieve: 1°) la necesidad de que el Poder Judicial pueda contar con el manejo autárquico de su presupuesto en forma plena, 2°) la creación, en el ámbito de la Corte Suprema, de las comisiones de “Acceso a la Justicia y Resolución de conflictos” y de “Gestión Judicial” y, 3°) la puesta en marcha de un Plan Nacional de Informatización Judicial.

Los postulados del encuentro de Córdoba, tuvieron efectiva concreción en importantes decisiones de la Corte Suprema. Así, por Acordada 37/2007, se dispuso la creación de una Comisión Nacional de Gestión Judicial, presidida por un Ministro de la Corte Suprema e integrada por jueces federales, nacionales y provinciales, siendo la tarea de este cuerpo “…desarrollar programas normativos de gestión así como de carácter formativo de recursos humanos y materiales para los poderes judiciales nacional y locales, y de facilitar su ejecución con ajuste a las particularidades de cada sector”.

También se dispuso la creación de la Comisión Nacional de acceso a la justicia, con idéntica integración que la anterior, siendo su función “…promover e incentivar el acceso a la justicia a través de programas educativos y de la sugerencia de modificaciones legislativas a otros poderes del Estado a fin de orientar y disminuir la litigiosidad judicial…”.

En punto al lanzamiento del plan Nacional de Informatización Judicial, esa decisión constituyó el inicio del proyecto de desarrollo tecnológico en el Poder Judicial de la Nación, y que merced a su constante perfeccionamiento y actualización permitió que en estas instancias de aislamiento por la que está atravesando la República, se pueda cumplir de la mejor manera posible el servicio de justicia, tal como lo pusimos de relieve en nuestro reciente trabajo publicado por Infobae.

Fue la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2010, la sede de la IV° Conferencia Nacional de Jueces, la que giró sobre el eje temático “Justicia para Todos”. Los magistrados participantes en el encuentro, manifestaron por unanimidad que la independencia del Poder Judicial es una garantía del ciudadano para que sus derechos sean respetados y se pongan límites a los poderes para un adecuado equilibrio republicano. Se destacó también la imprescindible necesidad de aumentar la cantidad de jueces en todas las jurisdicciones, siguiendo criterios objetivos basados en la cantidad de causas, en trámite ante los distintos órganos jurisdiccionales.

El producto concreto de la conferencia de Buenos Aires fue la elaboración de dos proyectos, uno de ellos impulsando la creación de un fondo estructural para el desarrollo de la justicia, consistente en la creación de un instrumento de desarrollo que a su vez se compadezca con el sistema jurídico, político federal, que esté disponible para ser utilizado por las provincias pero sin afectar la autonomía de estas, y que a su vez se ligue con parámetros objetivos que puedan permitir el avance de los programas “por tramo” y con “monitoreo por resultados”.

El segundo proyecto, apuntó a garantizar la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, proponiendo garantizar cambios en la legislación a través de los cuales, se permita ampliar los alcances de la autarquía judicial para darle un real significado y dar efectividad al desempeño del Poder Judicial en el contexto de un real equilibrio de poderes, necesario para acentuar la vigencia del Estado de Derecho y, con el, la de los Derechos Humanos.

La V° Conferencia, llevada a cabo en la Ciudad de Mendoza en el año 2012, apuntó al tratamiento de la responsabilidad y las obligaciones de los jueces. Los temas centrales que fueron objeto de debate estuvieron dirigidos a profundizar en cuestiones tales como el impacto de la reforma del Código Civil y Comercial y las repercusiones institucionales del sistema acusatorio.

La temática abordada en este encuentro, tuvo la importancia concreta de debatir las trascendentes reformas legislativas que estaban siendo motivo de tratamiento en el ámbito legislativo.

En el año 2014, se desarrolló en la Ciudad de Mar del Plata, la VI° Conferencia Nacional de Jueces, tomando como pauta directriz, la necesidad del fortalecimiento del Poder Judicial.

El acceso a la justicia , las políticas de género, la independencia del Poder Judicial y las obligaciones del Juez frente a la sociedad, fueron los ejes críticos de este encuentro, en el que se examinó y profundizó el desarrollo de las políticas de estado que habían sido motivo de conferencias anteriores, destacándose especialmente la labor que en materia de políticas de género estaba desarrollando la Corte Suprema de Justicia a través de las oficinas de violencia doméstica creada por Acordada 39/06 y de la Mujer, instaurada a través de la Acordada 13/09.

La última Conferencia Nacional de Jueces, se celebró en el año 2016 en las ciudades de La Plata y Buenos Aires, en la que se debatieron aspectos vinculados a la protección de los vulnerables a partir de la reforma del Código Civil y Comercial y a la problemática del narcotráfico, delitos de lesa humanidad, corrupción e impunidad.

La importancia concreta de los debates y conclusiones de este encuentro, consistió en evaluar tanto la reciente puesta en marcha de la reforma del Código Civil en un tema tan preocupante para la sociedad toda como es la protección de los vulnerables, como en particular la trascendente labor que en materia de lucha contra el narcotráfico desarrollaba la “Comisión Judicial para la lucha contra el narcotráfico”, creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la Acordada 28/15.

Como adelantáramos al inicio de este trabajo, de la exégesis puntual de todos y cada uno de los temas tratados por las Conferencias Nacionales de Jueces, se concluye que en su totalidad tuvieron su efectivo correlato en acciones concretas constitutivas de verdaderas políticas de estado que por primera vez, y como lo adelantáramos, ubicó al Poder Judicial de la Nación en el verdadero rol institucional que la Carta Magna le asignó.

El segundo aspecto de los objetivos tenidos en cuenta para la génesis de las conferencias, referido a la necesaria vinculación que debe existir entre los tres poderes de estado para la concreción de políticas públicas, fue también cumplido acabadamente.

Y este postulado no es ni más ni menos que la concreta aplicación para los tres ámbitos de gobierno del denominado “principio colaborador” al que hacía referencia Ricardo Corrales Melgarejo en su obra “Principio de Colaboración de Poderes” –Revista Jurídica de Perú, n° 134 abril de 2012- señalando que se trata de “…la obligatoria coordinación, cooperación , ayuda mutua y solidaridad de los poderes y órganos públicos independientes, en la concertación y ejecución de las políticas públicas y de estado, en la prevención y solución de sus conflictos, que involucran a la sociedad civil en su formulación, ejecución y fiscalización de sus estrategias, políticas, programas y proyectos; contributivo de un sub sistema político estadual unitario y a la vez descentralizado, de estructuras flexibles pero articuladas e incluso más democrático y menos autoritario, propios de una sociedad abierta, como horizontal y participativa…”.

Estos conceptos, que recogen el postulado de la necesaria cooperación de los distintos poderes del estado a los que apuntaron las conclusiones de las distintas conferencias nacionales de jueces, fueron aplicados y desarrollados concretamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Así, y a título ejemplificativo mencionaremos las más importantes como la creación ya mencionada de la “Oficina de Violencia Doméstica”, lo que constituyó un valiosísimo aporte a decisiones dictadas por el Poder Legislativo tendientes a atacar y erradicar este flagelo; tales como la ley 26.791 por la que se modifica el art. 80 del Código Penal, incorporando como agravante y reprimiendo con reclusión perpetua al homicidio motivado en causales de violencia de género.

Continuando con la reseña de decisiones en las que se encuentra presente el “principio colaborador” entre los distintos poderes del estado, debe destacarse muy particularmente la Acordada 42 , dictada el 29 de diciembre de 2009, por la que se crea en el ámbito del Alto Tribunal, la “Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad”, dependencia cuya función es el relevamiento de las causas de esa naturaleza “con facultades de requerir información relacionada con el avance de los procesos y con las dificultades operativas que puedan demorar la realización de los juicios en un tiempo razonable”.

En esta disposición, además de recoger un clamor social respecto de la pronta resolución de estas causas, explícitamente la Corte Suprema hace aplicación nuevamente del “principio colaborador” al invitar en la mencionada Acordada a los poderes públicos del estado, al Ministerio Público Fiscal y al Consejo de la Magistratura, a coordinar los esfuerzos para resolver las dificultades que provocan las demoras en la sustanciación de estos procesos.

Profundizando aún más la necesidad de interacción entre los distintos departamentos del estado en temas tales como los delitos de lesa humanidad, la Corte Suprema, constituyó la “Comisión Interpoderes”, organismo que se integró por representantes el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y que tuvo como fin la búsqueda de soluciones para resolver las dificultades que puedan presentar la sustanciación de causas por violaciones a los derechos humanos.

En este orden de cronología, el 29 d junio de 2010, a través de la Acordada 12, la Corte suprema crea la “Unidad de Discapacidad e Integración laboral”, dependencia que, en esencia, tiene por objeto primordial , por un lado, efectuar el seguimiento en la integración al ámbito laboral en el Poder Judicial de agentes con discapacidad y, por el otro, proponer pautas de capacitación en materia de integración, para hacer impartidas al personal de las dependencias que incorporen agentes con discapacidad.

Esta disposición, sin duda alguna, se anticipó a los postulados de la ley 26.816, en cuanto crea el “Régimen Federal de Empleo protegido para personas con discapacidad”, en la que en su artículo primero, tiene como objetivo primordial “promover el desarrollo laboral de las personas con discapacidad mejorando el acceso al empleo y posibilitando la obtención, conservación y progreso en un empleo protegido y/o regular en el ámbito público y/o privado”.

Nuevamente se advierte de la exégesis de estas disposiciones, la presencia de lazos de cooperación comunicantes entre los poderes del estado para el desarrollo de políticas, y para concluir con estos ejemplos mencionaremos el dictado de la Acordada 28 del 27 de octubre de 2015 por la que se crea en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una comisión judicial para la lucha contra el narcotráfico; disposición en la que además, se invita expresamente a los poderes públicos del estado, al Ministerio Público Fiscal y al Consejo de la Magistratura, a “coordinar esfuerzos para avanzar en la prevención y persecución de estos delitos”.

Creemos haber demostrado que se han cumplido con creces como lo aventuramos al empezar estas líneas, los postulados que han dado origen a las Conferencias Nacionales de Jueces y, por tal motivo, deseamos fervientemente que se continúe en ese camino que ha permitido al Poder Judicial la proposición y concreción de políticas públicas y la coordinada relación para su efectiva realización con los demás estamentos del gobierno.

Para concluir, nos permitiremos citar nuevamente a Corrales Melgarejo quien con envidiable claridad decía “lo que se trata es que el aparato estadual, no se convierta en un archipiélago de partes inconexas y desarticuladas, en las que habite la anarquía y el desgobierno donde la autonomía de sus órganos entendidos como autarquía, hagan del estado unitario una ilusión y de la exclusión ciudadana una regla”.

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