zzzznacp2 NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, OCTUBRE 29: Palacio de Tribunales luego de conocerse el fallo que declara constitucional los articulos de la ley de comunicacion audiovisual cuestionados por el Grupo Clarin. Foto NA: Hugo Villalobos zzzz
zzzznacp2 NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, OCTUBRE 29: Palacio de Tribunales luego de conocerse el fallo que declara constitucional los articulos de la ley de comunicacion audiovisual cuestionados por el Grupo Clarin. Foto NA: Hugo Villalobos zzzz

Desde hace tiempo, las instituciones públicas son destinatarias del mayor índice de desconfianza social. Por supuesto no escapan asociaciones privadas de sindicalistas y empresarios. Pero la política, como la Justicia, se encuentran al tope de esa crisis.

Preocupa la situación, por un lado porque los políticos son nada menos que los representantes populares, los beneficiarios del voto y, por tanto, deberían contar al menos por eso con mayores niveles de confianza pública. Pero ¿cuál es el mayor problema que afecta a los miembros del Poder Judicial? Es que a ellos les toca ser los receptores de los reclamos últimos de la ciudadanía. A ellos corresponde ser también el control del funcionamiento de los otros poderes, a través del test de constitucionalidad al que están sometidos todos los actos de la administración.

El mayor esfuerzo, por tanto, que deberíamos realizar en conjunto, es recuperar vía de la ejemplaridad y la transparencia, y también de una gestión más eficaz, un nuevo voto de confianza para restaurar el funcionamiento a pleno de nuestro Estado democrático de derecho.

Vale la pena la lectura del libro del Dr. Juan Carlos Vega, La corrupción como modelo de poder. Su análisis parte de un duro diagnóstico trazado en diversos estudios sobre la situación de la justicia. Ocho de cada diez argentinos no confía en su sistema de justicia, dice el trabajo encargado por el Colegio de Abogados de Córdoba. A partir de allí se desgranan una cantidad de propuestas puntuales para erradicar este fenómeno criminal.

Pero el objetivo de esta nota, a partir del reconocimiento de esa realidad, es analizar los anuncios del Gobierno sobre una reforma judicial. Es raro sentir estos anticipos casi como una amenaza: “Ojo, que estamos redactando la reforma”, “Ya se viene una profunda reforma de la justicia”, “Vamos a terminar con …”, entre otras expresiones que los medios vienen recogiendo. Poco podemos hablar de contenidos que no se conocen.

Sin duda, una reforma al sistema de administración de justicia es tan necesaria como oportuna. Pero para alcanzar un buen resultado y no simplemente un traje a medida para quienes pretenden evadirlo sería contar con un buen diagnóstico, o sea, tener claridad absoluta sobre cuáles son los problemas a abordar y solucionar, cuáles son los conflictos, las materias, los procedimientos, etcétera.

No es tan difícil describir las situaciones más evidentes: lentitud, ineficacia, poca transparencia, baja credibilidad. Pero está claro que nadie ni quien esto escribe está en condiciones de adelantar semejante sentencia sin escuchar, al menos, a las partes directamente involucradas. Me refiero a los actores del sistema judicial.

Es imposible pensar, diagramar, redactar una reforma judicial que no sea el resultado de una mesa de trabajo amplia, equilibrada, con tiempos prudentes y composición diversa, con los jueces, fiscales, defensores, miembros del consejo de la magistratura, abogados, académicos y expertos, asociaciones, sin exclusión de todos aquellos que pudieran aportar para una mejor tarea.

Saber los problemas a resolver permitirá realmente alcanzar las soluciones. No se trata de un problema numérico ni de competencias, que se pueda solucionar con más cargos ni transferencia de materias. De la misma manera que la imprescindible reforma tributaria no se puede dar por concluida creando un nuevo impuesto.

No vamos a avanzar salvando jueces de procesos en los que deberían ser investigados y sancionados. Tampoco con los intentos de injerencia que implican hasta las mínimas opiniones que sobre la justicia parten desde los otros poderes.

La reforma judicial debe abarcar una cantidad de cuestiones que hoy ni parecen estar consideradas. ¿No sería una buena oportunidad para incorporar en el debate a destacadas personas del área de la ciencia y de la técnica y de la innovación? ¿Cómo sostener y alardear de una reforma si ni siquiera existe una digitalización plena? ¿No sería momento oportuno para incorporar la creación de una justicia ambiental? ¿No es en la Justicia donde debería hoy discutirse la inconstitucionalidad de la reducción, por decreto, de los haberes jubilatorios? No debe perderse de vista que la Justicia es el altar de los derechos humanos, adonde todas las personas deben tener certeza de que sus demandas serán recogidas con equidad, plenitud y a tiempo.

Es una gran oportunidad. Pero hay que reencauzar las formas. Para que podamos creer que, esta vez, la reforma judicial va en serio y no que se está pensando en un traje a medida para nadie.

Alguna vez pensemos que nuestras acciones u omisiones del presente impactarán de lleno en aquellos que se harán cargo de los tiempos por venir. Estamos obligados a dejar un mundo mejor, con menos desigualdad y más futuro.

La autora es presidenta del Partido GEN