Hace algunos meses un grupo de personas interesadas en la vinculación de nuevas tecnologías y gobiernos imaginamos un plan para dar una discusión que creíamos necesaria y para ello nos propusimos fundar la primer comunidad Govtech abreviatura de gobierno y tecnología) en Argentina y desde ahí dar la batalla por la creación de una agenda digital federal que tenga al gobierno abierto como pilar fundamental. Nunca imaginamos que poco tiempo después esta charla pasaría a ser una necesidad imperiosa en el marco de un mundo post COVID-19.

¿Por qué una agenda digital federal? Significa una política de Estado orientada a establecer los procesos, protocolos y leyes al final de cuenta, que regulen y acompañen la sinergia inevitable entre tecnologías y las formas institucionales que nos demos como sociedad. No quisiéramos entrar aquí en un debate que supera a este artículo pero lo que hoy llamamos gobierno seguramente no significará lo mismo en un futuro cercano.

¿Por qué el pilar de esta agenda es el gobierno abierto? Esta no es una expresión de buenos deseos: gobierno abierto es un término aceptado en todo el mundo como la condición resultante de tres líneas de acción institucionales: a) transparencia y acceso a la información pública, b) participación ciudadana y, c) colaboración (entendida como co-diseño ciudadano-gobierno de políticas públicas).

Ahora, volvamos al inicio. La realidad nos tomó por asalto. De pronto gobiernos de todo el mundo comprendieron que en un contexto de catástrofe global y pandemia la tecnología tenía mucho para ofrecer, y en muchos casos, era la única respuesta a soluciones necesarias para continuar con la vida tal como la concebimos. Sin embargo, y como suele suceder en el ámbito público, se avanzó torpemente en la adquisición de herramientas o “armas” para dar una batalla urgente sin que hubiese un marco legal que acompañe y de sustancia a las decisiones.

En el caso de nuestro país hoy se presenta un debate público sobre una de las tantas herramientas digitales disponibles puestas en marcha por la crisis apremiante. Se trata de la aplicación móvil CuidAR, un software con la posibilidad de, entre otras cosas, almacenar los datos privados de los ciudadanos, contener características tales como edad, sexo y datos vinculados a la salud e inclusive hacer un seguimiento de su ubicación.

La pregunta es, ¿cuál es el marco legal que garantiza al ciudadano que sus datos (el nuevo petróleo de siglo XXI, tal como aseguran los especialistas de todo el planeta) son tratados y resguardados de forma segura y eficiente? ¿Cuál fue el análisis o los debates pre existentes que dieron el marco para que el Estado pueda capturar datos sensibles de una persona y disponer de ellos para fines pre establecidos? Con esto no pretendemos cargar únicamente a la administración actual como responsable de esta falla grave. Por el contrario, si hoy no contamos con una agenda digital federal o un proyecto de gobierno abierto vigente es porque la comunidad política en su conjunto no se propuso seriamente implementar y sostener esta innovación en la última década ni tampoco para los próximos diez años.

Las compañías de tecnología también se deben una fuerte mea culpa y analizar de qué forma se han propuesto vincular con el Estado. Claramente no han sido efectivas en impulsar esta agenda siendo sin dudas uno de los actores insustituibles en esta temática.

Necesitamos, entonces, una agenda digital federal que tenga en sus bases una ley de gobierno abierto e innovación digital para los tres poderes del Estado, que sostenga y sume los desafíos de esta nueva década que iniciamos, con la lección del COVID-19 incluida, que permita la transformación final y decidida de la gestión pública por medios digitales como una política de Estado no sujeta a vaivenes ni excusas de funcionarios sin experiencia en la materia.

La síntesis propuesta aquí es una ley de gobierno abierto impulsada por las nuevas tecnologías de la comunicación mediante un marco legal innovador que respete los derechos y garantías constitucionales. Esto dará lugar, en lo operativo y diario, a lo que denominamos régimen de gobernanza pública tecnológica, y una vez ahí podremos recién abrir el próximo nivel de debate institucional necesario: repensar los gobiernos, repensar la participación y así, mejorar la calidad de vida en democracia mediante una gestión de proximidad.

Finalmente, la creación de una comunidad GovTech tiene un rol decisivo en la implementación del debate y en saber comunicar e implantar las novedades que facilitarán los cambios sociales e institucionales, todo esto, sin dejar de atender a su propia responsabilidad de cara a la sociedad como promotores del cambio tecnológico. La cuenta regresiva comenzó: el avance tecnológico se transformó en una revolución y ya sabemos qué ocurre en las revoluciones: hay quienes las aprovechan para ser actores de cambio y evolución, y otros serán outsiders, cuasi parias tecnológicos.

La bifurcación está delante de nuestros ojos. El mundo nos obliga a elegir. Un camino nos lleva a un shutdown o apagón institucional que no es más que una desconexión con un mundo que no va a parar por nosotros. El otro camino es el del gobierno abierto, flexible y listo para afrontar los cambios que hoy nos toman por asalto en una sociedad hipercompleja e hiperconectada.

Gastón Massari Copes es fundador iniciativa “GovCodeSchool” https://govcodeschool.com. Javier Adrián Cubillas es analista en Asuntos Públicos y GovTech