Foto de archivo. Fachada del edificio principal del Banco Central de Argentina en Buenos Aires. Oct 16, 2013. REUTERS/Enrique Marcarian
Foto de archivo. Fachada del edificio principal del Banco Central de Argentina en Buenos Aires. Oct 16, 2013. REUTERS/Enrique Marcarian

El papel del sistema financiero en una sociedad es el resultado de decisiones políticas. Esto puede verse claramente al comparar lo que sucedía durante el gobierno anterior con lo que se hace hoy. En el mismo país, los mismos bancos cumplen hoy un rol diferente al que tenían unos pocos meses atrás. Dicho de otro modo, los bancos pueden estar al servicio de la especulación o al servicio de la producción, gracias principalmente a las decisiones de su regulador: el Banco Central.

Por decisión política del gobierno de Alberto Fernández, el mismo sistema financiero que hasta el 10 de diciembre les daba la espalda a los sectores productivos -al mismo tiempo que abría las puertas de par en par a quienes solo especulaban- hoy se reorienta para servir de instrumento de la producción y el trabajo nacional. Esto se vio apenas asumido el nuevo gobierno, con importantes bajas en las tasas de interés, que hasta diciembre estaban ubicadas en niveles tan altos que hacían inviable el financiamiento de la producción mediante el crédito, y con regulaciones tanto sobre el pasivo como el activo de los bancos, regulando así el spread, el margen, de beneficio de estos.

Poco antes de la irrupción de la pandemia, el sistema financiero había realizado este giro hacia el sostenimiento de la actividad productiva, en un escenario difícil, producto de cuatro años de políticas económicas que iban en la dirección contraria y que habían dejado una economía debilitada y un Estado endeudado. Para ponerlo en números, el PIB per cápita cayó un 34% entre 2015 y 2019, y más que duplicó el peso de la deuda en moneda extranjera sobre el PIB. Fue en este contexto que llegó la pandemia, complicando más la situación y volviendo aún más importante el rol del Estado en la regulación y conducción del sistema financiero, donde la banca pública ocupa un lugar fundamental.

Obviamente, las idas y vueltas hacen que no dispongamos de un sistema financiero con suficiente profundidad. La inclusión financiera sigue siendo una tarea pendiente, no solo hacia las personas, sino sobre todo de las empresas. Más de la mitad de las 650.000 empresas que existen en nuestro país no pagan sueldos a partir de transferencias bancarias, y la gran mayoría nunca accedieron a un crédito.

Pero con el contexto actual, de un país desarticulado y una pandemia, el gobierno argentino tomó desde el principio una serie de medidas para proteger al aparato productivo y el trabajo. Entre estas podemos mencionar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), créditos al 24% para MiPyMes (micro, pequeñas y medianas empresas) para pagar sueldos y capital trabajo, prohibición de los despidos y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que incluye postergaciones y reducciones en los pagos de aportes patronales, salario complementario para trabajadores y trabajadoras del sector privado y créditos a tasa cero para monotributistas y trabajadoras y trabajadores autónomos. Estas medidas tienen un alcance enorme: a modo de ejemplo, el IFE fue otorgado a casi 8 millones de personas, mientras que el Estado está pagando parte los salarios de trabajadores de cientos de miles de empresas a través del ATP. Estas políticas han llevado a que se reconozca a nuestro gobierno como uno de los que más ha hecho por proteger a trabajadoras y trabajadores. Por otro lado, de manera histórica vemos un aumento de los préstamos del sistema financiero a empresas de un 21% desde el inicio de la pandemia.

Desde el Banco Ciudad, como parte de la banca pública, hemos trabajado y seguimos trabajando en esta etapa clave para sostener el aparato productivo, mediante el otorgamiento de diferentes líneas de créditos a tasas reales negativas: capital de trabajo, descuento de cheques, compra de tecnología, pago de nóminas, entre otras, con cupos que sumados representan una masa de miles de millones de pesos. Estos créditos son indispensables para sostener la cadena de pagos, y permitirles a las empresas aguantar la crisis que supone el COVID-19. Esta es también una oportunidad para acercar a muchas personas y empresas al sistema financiero, en una relación que debería perdurar después de que pase la pandemia. La inclusión financiera puede ser una herramienta central para el cambio estructural que requiere la economía argentina.

Necesitamos aumentar la profundidad del sistema financiero, es decir, aumentar su peso relativo sobre el PIB, al tiempo que aumentamos también su accesibilidad. Sólo de esta manera lograremos un sistema financiero inclusivo, que esté al servicio del trabajo y la producción de todos los sectores, que no sólo incluya a las MiPymes sino que las multiplique, fortaleciendo y democratizando la economía.

La autora es economista y directora del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.