El presidente Alberto Fernández habla durante la presentación de la oferta para reestructurar la deuda. A su lado se encuentra la vicepresidenta Cristina Fernández y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta (Reuters)
El presidente Alberto Fernández habla durante la presentación de la oferta para reestructurar la deuda. A su lado se encuentra la vicepresidenta Cristina Fernández y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta (Reuters)

El género humano se encuentra transitando uno de aquellos sucesos que marcan un hito en la historia y dejan profundas huellas en sus sociedades. La nuestra no será una excepción. En los tiempos modernos, en cualquier país con una cultura democrática y arraigada, los gobiernos frente a este tipo de crisis toman medidas excepcionales y la oposición, sin resignar su rol de contralor y crítica, acompaña estas acciones sentada a la mesa donde se toman decisiones. Un claro ejemplo de esto fue el gabinete de guerra británico en la última contienda mundial, donde el primer ministro Winston Churchill convocó a líderes tanto laboristas como conservadores para tamaño esfuerzo bélico. La idea que subyace en estos casos no es que gobierno y oposición han modificado sus ideas, creencias y valores y se transforman en algo homogéneo, sino que ante un reto de envergadura inusitada ambos deponen sus querellas cotidianas en aras de un bien superior. Por supuesto, va de suyo que es parte de la esencia de esta tregua que ninguna parte intente sacar ventajas mezquinas de la situación. El gobierno no debe excederse en sus facultades constitucionales y la oposición no debe intentar licuar el poder de quien gobierna.

En nuestro país, la actitud tanto de unos como de otros pareció ajustarse a la respuesta que la pandemia demandaba. El gobierno dictó un decreto de dudosa constitucionalidad que, con el fin de preservar la salud y la vida de los argentinos, restringió libertades y derechos constitucionales básicos y la oposición acompañó esta medida. A fuerza de ser justos, hay que reconocer que una amplia mayoría de la sociedad “acordó” la legalidad de esta norma frente al inmenso mal que se cernía sobre ella. De hecho pareciera que, según los resultados, la “cuarentena” ha resultado eficaz para prevenir contagios y salvar vidas, y así lo demuestran las encuestas dando al Presidente de la Nación un aval en el manejo de la crisis.

También puede decirse que, en otro tema acuciante como la reestructuración de la deuda, todos los gobernadores sin distinción de color partidario están brindando su apoyo al gobierno.

Hasta aquí, podría estimarse que el manejo de esta grave coyuntura se inscribe en la lógica de cualquier sociedad abierta y democrática del mundo y sería deseable que así fuera y continuase. Sin embargo, no hay que olvidar que la libertad nunca puede considerarse obvia, y que un gobierno que se siente fuerte en la percepción social mientras enfrenta a un poderoso enemigo puede sentir deseos de incurrir en lo que algunos politólogos denominan “la tentación autoritaria”. Es decir, tomar esas ventajas indebidas y abusar de la discrecionalidad, ya no sólo para enfrentar la crisis sino para consolidar su poder más allá de lo que la Constitución Nacional establece. No debemos olvidar que quienes hoy nos gobiernan también lo hicieron entre los años 2003 y 2015, intentando imponer una única visión de la realidad, acallando o intentando acallar voces, creando un “nosotros” y un “ellos” que aún nos mantiene entrampados.

Es mezquino intentar pervivir en el pasado e intentar sacar provecho de eso cuando se enfrenta al COVID-19. Las alusiones constantes y claras al gobierno de Mauricio Macri pretenden hacerlo responsable de cuestiones endémicas, en un país donde el espacio que gobierna lo hizo durante 25 de los últimos 37 años.

Es peligroso, en medio de tanta confusión, haber intentado liberar presos de alta peligrosidad. Es verdad que la potestad de hacerlo recae en los jueces. También es verdad que son jueces que, designados por quienes hoy nos gobiernan en su anterior período, adscriben a la teoría del Derecho Penal del Enemigo, elaborada por el jurista alemán Gunther Jakobs y propagada en nuestro país por Eugenio Zaffaroni, soporte intelectual del gobierno en el ámbito judicial. Esa teoría sostiene, esquemáticamente, que se castiga a alguien sólo por el hecho de considerarlo peligroso y que, en realidad, todo delito obedece a la exclusión social.

Se socava aún más la institucionalidad cuando se hace lo posible para que el Congreso de la Nación, principal símbolo de la democracia, demore en sesionar, teniendo la oposición que luchar para que algo tan natural suceda. Comienzan a borrarse las letras de nuestra Constitución cuando se autoriza por decreto al Jefe de Gabinete de la Nación a aumentar el gasto, superar los topes presupuestarios y reasignar partidas obviando al Poder Legislativo. ¿Qué sobrevendrá luego de esto?

El gobierno no ha demostrado ánimo para crear una mesa de expertos en cuestiones económicas y sociales que trabaje para recuperar la debacle económica que va a dejar la pandemia y restaurar el tejido social, ya de por sí resquebrajado, que tiene la Argentina. Pero, ¿está realmente preocupado por eso? Cualquier gobierno lo estaría, salvo uno que sucumbiese a la tentación totalitaria. Si más argentinos dependen del Estado, ya sea porque perdieron sus empleos, necesitan prórrogas impositivas u otras ayudas para salvar sus pymes; si la penuria económica borra las publicidades de los medios y todos ellos pasan a depender de la pauta oficial; si la educación, tanto de gestión estatal como la de gestión privada, es rehén de la voluntad oficial; si para ser reconocido un intelectual o un artista no debe criticar a quien manda; y si finalmente naturalizamos que pueden ser regulados nuestros derechos más allá del espíritu constitucional, la tentación se habrá consumado y todos los senderos de nuestras libertades estarán sujetos a control.

Si eso pasa, correremos la triste y decadente suerte de otros países latinoamericanos que tampoco han podido escapar de la tentación autoritaria.

El autor es ex ministro de Educación de la Nación