La próxima epidemia será la de crímenes violentos

Una de las imágenes que dejó el violento motín en Devoto (Franco Fafasuli)
Una de las imágenes que dejó el violento motín en Devoto (Franco Fafasuli)

La vergonzosa política de liberación de presos que ha sacudido en los últimos días a nuestra sociedad carece en sí de justificativo.

La posibilidad de que un interno se enferme de COVID-19 debería haber sido prevista como cualquier otro aspecto sanitario de la pandemia. Así, dentro de los servicios penitenciarios, que ya poseen instalaciones de salud, tendrían que haberse adecuado salas específicas ante el eventual contagio.

Que las cárceles actuales, con honrosas excepciones, son de una infraestructura arcaica y en decadencia lo sabemos todos. Pero que ante el hacinamiento o situaciones extraordinarias que vivimos la única solución sea la de liberar presos pareciera esconder un trasfondo ideológico abolicionista.

Varios gobiernos han pasado y prometido solucionar la falta de capacidad de alojamiento de presos. Ninguno ha cumplido.

Recordemos que Argentina no tiene muchos presos: tiene una de las tasas más bajas de encarcelamiento de la región. Y que sus internos son todos de alta peligrosidad. Quien realmente está en estos momentos privado de la libertad es porque tiene una larga carrera victimizando gente. La falacia del preso por “casos menores” es eso, una gran mentira.

Para ir preso en Argentina se tienen que cometer muchos delitos y por mucho tiempo, los que comienzan durante la minoridad, luego escalando a los delitos más graves. Y tener la mucha mala suerte de toparse con un sistema policial que generalmente no previene y uno judicial que no investiga ni condena, o lo hace excepcionalmente a tasas asombrosas por lo bajas.

Quienes estudiamos seguridad pública sabemos que una sociedad verdaderamente libre es la que, primero, produce pocos delitos violentos (de ello estamos muy lejos) y, segundo, la que castiga a quienes los producen separándolos de la sociedad a la que dañaron. Por lo tanto, si hay amplia producción de delito violento, como en Argentina, debe haber entonces una también amplia población carcelaria, a la que se intentará rehabilitar (algo que sucede en bajo porcentaje en esta clase de delincuentes) intramuros.

Hacer pagar los costos de la actual pandemia a la sociedad en cuarentena haciéndola convivir rodeada de criminales sin ninguna supervisión estatal será pasaporte seguro a la próxima epidemia, la de delito violento.

Propongo, de otro modo, que cada juez que autorice la liberación de un delincuente se constituya en garante personal de su conducta. Y ante un nuevo delito de su pupilo, responda en juicio político y patrimonialmente.

El autor es doctor en Ciencias Penales y fue fiscal.