Créditos: queda mucho más por hacer

El acceso al crédito es una necesidad social urgente. Debemos reducir todo lo posible la destrucción de valor y empleos ayudando a los empresarios- en especial a los pymes- a sostener su estructura hasta que se recupere la actividad económica. Pero, además de la urgencia, es crítico ordenar la acción gubernamental para dar mas eficiencia al uso del recurso más escaso de nuestra economía: el financiamiento.

Para ello se necesita una planificación cuidadosa de fuentes y usos de fondos; encontrar nuevas fuentes de capital y optimizar los canales de llegada a todo el espectro productivo. Las cifras del mismo Gobierno muestran que ninguno de estos objetivos se está logrando. Los mecanismos de asignación actuales no funcionan.

Si no revertimos esta situación, despidos y quiebras se harán imparables.

Hay que planificar la asignación de crédito por sectores, objetivos y tiempos. El incendio es ahora, pero sus efectos serán muy largos. Y pensar en reformas regulatorias para facilitar los procesos y alentar nuevas fuentes de financiamiento.

En cuanto a agregar recursos, debe implementarse lo propuesto en el proyecto de Ley presentado por los diputados de Juntos por el Cambio sobre Reforma a la Carta Orgánica del BCRA como norma transitoria durante el período de emergencia, que establece: “El BCRA deberá extender redescuentos a las entidades bancarias para el otorgamiento de créditos para la refinanciación de las obligaciones surgidas como consecuencia de los cheques cancelatorios rechazados que hayan sido librados con anterioridad al 16 de marzo de 2020 y que tengan fecha de vencimiento durante el período que va del 16 de marzo de 2020 al 10 de abril de 2020; y que el BCRA tomará a su cargo el riesgo de crédito de los préstamos extendidos en virtud del artículo 3° y 5° de la presente ley”.

Si eventualmente la Argentina recibiera fondos extraordinarios de organismos multilaterales, un porcentaje del monto debería dedicarse a financiar al sector productivo, con programas bien diseñados para asegurar el impacto.

Pero hay otras fuentes. Existen recursos disponibles que están congelados por regulaciones estrictas y cuya flexibilización no implica un riesgo sistémico.

Las compañías de seguros, colegios profesionales y fondos comunes de inversión cuentan con recursos invertidos en diversos instrumentos; un porcentaje de ellos debería liberarse para ser aplicado a los objetivos del programa de crédito pyme que estamos pidiendo.

Si se repitiera lo que se hizo en el año 2015 con la RG CNV 644/2015, se agregarían $51.000 millones aproximadamente de capacidad prestable.

Asimismo, en el Presupuesto 2020 figura la obligación del BNA de pagar a la Tesorería intereses no cobrados por $70.000 millones. Levantar esa obligación permitiría al Banco aumentar en $600.000 millones su cartera de préstamos y por tanto duplicar cartera de microcréditos.

Sabiendo que es un tema conflictivo, debemos recordar los depósitos en divisas no declarados de empresas y particulares (que según algunos cálculos alcanzan a 1 PBI) podrían aplicarse para salvar lo que quede de nuestro sistema productivo. Pueden usarse como efectivo o como garantías para créditos, para lo que hay instrumentos financieros disponibles.

Pero para ello se necesita una decisión política: realizar un blanqueo automático y gratuito a quienes utilicen esos recursos –de manera indubitable- para el financiamiento de sus empresas.

El crédito a las personas no bancarizadas, por ejemplo a través de tarjetas, tiene un enorme impacto social. Existen tecnologías en el mundo para evaluar el riesgo crediticio de estas personas; quienes de otro modo caen en manos de prestamistas o simplemente no pueden consumir. Por ello es que hay que hacer las reformas regulatorias que permitan cuanto antes el desarrollo de este mercado de enorme impacto social.

También deben facilitarse los canales de acceso al crédito por fuera del sistema bancario, simplificando regulaciones y potenciando herramientas como nuevos la factura conformada y el cheque electrónico y una carpeta abreviada para todos los demandantes de crédito.

Finalmente -y siempre con el objetivo de preservar el capital productivo- es vital hacer las reformas de fondo y procesales que permitan resolver los conflictos laborales y comerciales en poco tiempo y con el menor daño posible. Nuestros diputados de JxC han presentado proyectos que deberían aprobarse con urgencia.

En síntesis, salvar a nuestras empresas es un objetivo central de la política. Aquí y ahora. Pero requiere profesionalismo, creatividad y audacia. Hay mucho en juego.