Vista general de la avenida 9 de Julio desierta, una de las principales avenidas de la ciudad, mientras los argentinos se quedan en casa durante la cuarentena obligatoria debido a la enfermedad por coronavirus (COVID-19), en Buenos Aires (Reuters)
Vista general de la avenida 9 de Julio desierta, una de las principales avenidas de la ciudad, mientras los argentinos se quedan en casa durante la cuarentena obligatoria debido a la enfermedad por coronavirus (COVID-19), en Buenos Aires (Reuters)

Queda una semana antes de que comience abril y la economía, con la excepción de algunos sectores claves, se ha paralizado completamente. Las empresas no facturan. Empresa que no cobra empresa que no paga a proveedores y empleados. La cadena de pagos está rota. Cuando se vuelva a habilitar la compensación de cheques podríamos tener un record de cheques rechazados en un solo día. La caída en las ventas sumada a la incapacidad de las empresas de cumplir sus obligaciones puede llevar a despidos masivos y quiebras generalizadas. La pérdida de empleos y la incapacidad de pagar salarios en este momento sería como echar nafta al fuego en una situación de tensión social producto de la cuarentena. Si las empresas entran en convocatoria de acreedores o quiebran se limita la posibilidad de una recuperación ya que el sistema no está preparado para administrar la cantidad de casos como los que podemos llegar a tener.

Los Estados Unidos está preparando un paquete de ayuda que consiste en enviarle un cheque a cada estadounidense, un refuerzo del seguro de desempleo y ayuda a empresas. En el Reino Unido el Estado le ofrece a las empresas hacerse cargo del 80% del salario para evitar los despidos. En Brasil se había implementando un programa donde las empresas podían suspender empleados por cuatro meses y el gobierno federal se hacía cargo de un subsidio para los empleados suspendidos (sin embargo parece ser que al final se dio marcha atrás con la medida). Más allá del mecanismo en particular creo que es imperativo tomar cartas en el asunto con un programa de ayuda de amplio espectro que pueda ser implementado en pocos días, de manera “online” y con la menor cantidad de trámites posible.

El universo de los trabajadores registrados del sector privado en Argentina comprende más de 6 millones de individuos distribuidos entre diferentes sectores. Hace una semana el gobierno planteó una serie de medidas pero parece que hasta ahora no se ha avanzado mucho en su implementación. Por ejemplo, se anunció que se iba a fortalecer el seguro de desempleo pero resulta ser que para tramitar dicho seguro hay que sacar un turno (en una página web que no funciona) e ir en persona a una oficina del ANSES que se encuentra cerrada. Otro anunció fue la extensión del Programa de Recuperación Productiva (REPRO). A primera vista este programa parece muy similar al que se intentó implementar en Brasil. Si bien puede ofrecer algo de alivio a las empresas tiene serios problemas de implementación. De solo hojear los formularios para solicitar la adhesión a dicho régimen pareciera imposible de hacerlo por la cantidad de documentación certificada que se necesita en un momento donde los colegios y consejos profesionales se encuentran cerrados haciendo imposibles muchos de los pasos. Incluso si se pudieran presentar los papeles el sistema colapsaría. El año de mayor utilización del REPRO fue en 2015. En julio de ese año unas 300 empresas estaban adheridas al programa y se otorgó asistencia para cubrir parcialmente los salarios de 75 mil trabajadores (1,25% de los trabajadores registrados del sector privado en la actualidad). Operativamente este programa no está preparado para la escala ni la urgencia de la ayuda que necesita la economía.

También se tomaron medidas desde el BCRA y se crearon unas líneas especiales para que los bancos ofrezcan créditos a MiPyMEs para financiar capital de trabajo con una tasa máxima del 24%. Para que los bancos consigan los fondos para dichas líneas el BCRA redujo la cantidad de Leliq que pueden tener las instituciones financieras y les ofrece el incentivo adicional de una reducción de encajes en función de la cantidad de créditos que otorguen. Esta medida va en la dirección correcta pero también tiene problemas. El primero es que estas líneas de créditos no están disponibles para grandes empresas las cuales también están siendo afectadas por esta crisis. Y segundo, los bancos no tienen el incentivo a prestarle a las empresas que tienen problemas. O sea que el banco va a desarmar Leliq para prestar a una tasa menor a la de mercado pero va a seleccionar a sus mejores clientes (los que no tienen problemas de liquidez); estas empresas después harán un plazo fijo en la misma institución y el banco volverá a comprar Leliq. En definitiva no habrá más crédito a empresas con dificultades por la cuarentena.

Estos inconvenientes no pueden ser una excusa para no hacer nada. Hay que actuar pronto para que las empresas afectadas por pandemia puedan seguir pagando los sueldos y no haya un colapso económico y social. Se habla de días (no años o meses) para que esto suceda.

Una opción es implementar una línea de créditos para el pago de haberes a empresas que no reduzcan su personal, o mejor dicho a empresas que mantengan a sus empleados en la nómina salarial a pesar que estos se encuentran en sus casas cumpliendo con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo. Estas líneas tienen que estar disponibles automáticamente para todas las empresas sin importar su tamaño. El monto del crédito sería por hasta un porcentaje de la nomina salarial de la empresa (y si el entrecruzamiento de datos lo permite se puede incorporar la facturación base caja en tiempo real de la empresa para alcanzar a las empresas que realmente lo necesitan). Los fondos serían depositados en una cuenta especial de la empresa y en principio solamente podrían ser utilizados para el pago de salarios. Para reducir el costo del programa se puede poner un límite de $50.000 por trabajador. También habría que buscar la forma de que esos importes estén exentos de realizar aportes y contribuciones y además se debería postergar la percepción del impuesto a las ganancias sobre dichos ingresos.

Para financiar estos créditos blandos los bancos tendrían a su vez acceso a una línea de redescuentos especial con el BCRA. Las tasas que cobren los bancos a sus clientes deben estar exentas de todos los impuestos, sellos y tasas nacionales, provinciales y municipales que pudieran llegar a aplicarles. Si el programa abarca a un 30% del empleo registrado del sector privado y suponiendo que el aporte promedio es de $30.000 por trabajador por mes entonces estaríamos hablando de otorgar redescuentos por $55.000 millones (unos 600 millones de dólares libres) por mes mientras dure la crisis. Si la medida es exitosa entonces la mayoría de las empresas podrían volver funcionar rápidamente cuando finalice la crisis sanitaria y entonces estarían en condiciones de comenzar a devolver los préstamos reduciendo el costo cuasifiscal del programa al subsidio en la tasa de interés y los eventuales quebrantos. ¿Qué tan importante tiene que ser el subsidio en la tasa? Lo que haga falta para evitar despidos y quiebras. Obviamente financiar este programa con emisión puede generar un aumento de la inflación pero es un riesgo que debemos correr.

Probablemente esta propuesta o cualquier otra que podamos llevar adelante sean imperfectas y no abarquen todos los casos particulares que puedan surgir. Puede ser que también se pueda flexibilizar el sistema REPRO y hacer algo como lo que intento Brasil o el Reino Unido. Sin embargo el tiempo corre y falta poco para que las empresas tengan que pagar los sueldos. No podemos quedarnos sentados debatiendo para siempre. Tenemos que ser más pragmáticos y actuar ya o muchos trabajadores la semana que viene se van a encontrar con un telegrama en lugar de un recibo de sueldo.

* Alejandro Rodríguez, es profesor de la UCEMA. Las opiniones aquí expresadas son mías exclusivamente y no necesariamente reflejan las opiniones de la UCEMA y su comunidad académica.-