No podemos marchar, pero sí recordar

A 44 años del Golpe cívico-militar, son muchas aún las deudas que el Estado tiene con las víctimas. Sobre todo después de cuatro años de políticas neoliberales, llevadas a cabo por un gobierno que no reconocía las violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante la dictadura. Un gobierno que no sólo ejecutó un plan económico de exclusión, sino que también violó los derechos humanos a través de sus fuerzas de seguridad, y que generó una democracia sin garantías constitucionales, al formar parte del esquema del lawfare regional.

En diciembre del 2015, CFK dejó una Argentina ejemplo a nivel mundial en materia de derechos humanos: numerosos periodistas, abogados, fiscales y jueces de diferentes partes del mundo llegaban al país para interiorizarse acerca del proceso de reparación llevado a cabo por los argentinos. Los juicios de lesa humanidad constituyeron, sin lugar a dudas, un proceso complejo y único en la historia del juzgamiento de estos crímenes: se juzgó a los responsables, sin importar su rango jerárquico sino los hechos que cometieron; y se condenó a los cómplices y responsables civiles, así como también a los eclesiásticos. Esto hace que nuestra experiencia sea única en el mundo.

Como lo expresó el presidente Alberto Fernández, hoy la defensa de los derechos humanos vuelve a ser la columna vertebral no sólo de un gobierno, sino de un país. Hacia esa dirección tenemos que trabajar, hacia lograr realmente un cambio cultural en la sociedad. El pueblo argentino demostró, frente al intento de impunidad que pretendió impulsar el gobierno de Cambiemos a través del 2x1, que no le da todo lo mismo, que un gobierno no puede otorgar impunidad. Con los delitos de lesa humanidad no hay ideología, debemos estar todos unidos.

Es por eso que, luego de los grandes retrocesos vividos en materia de derechos humanos durante estos cuatro años, nuestra labor presenta grandes desafíos. En primer lugar, debemos acelerar los juicios a los genocidas, para no permitir que mueran más criminales impunes. En este campo, la responsabilidad civil y económica es una prioridad: es prioritario aumentar el número de audiencias semanales y elegir estratégicamente los acusados, privilegiando aquellos que aún no fueron juzgados por sobre aquellos que ya soportan varias condenas.

También resulta imprescindible proteger los Espacios de Memoria que hoy se encuentran abandonados y sin presupuesto, con grandes dificultades edilicias. Esta realidad representa un enorme riesgo, en cuanto muchos de estos espacios constituyen una prueba fundamental para los juicios por delitos de lesa humanidad en curso.

Asimismo, necesitamos seguir profundizando el camino que emprendimos el 10 de diciembre, cuando nuestro país cambió su postura en relación a los organismos internacionales de derechos humanos. Vamos a continuar respondiendo a sus requerimientos, reconociendo las sanciones que nos impongan por violaciones llevadas adelante por el Estado, y reparando en los casos en que debamos reparar.

Este año lanzaremos también una campaña federal contra la violencia institucional. No nos puede ocurrir que señalicemos comisarías donde se violaron los derechos humanos en dictadura, y que en esa misma comisaría se torture a un pibe de un barrio. Para ello, es necesario incluir a las fuerzas de seguridad en esta preocupación y transmitirles que, al luchar contra la violencia institucional, también las estamos protegiendo.

El gobierno de Macri, impulsando la doctrina Chocobar, las habilitó políticamente a cometer actos ilegales e irregulares. Pero hoy esa irresponsabilidad deja como resultado a muchos miembros de las fuerzas detenidos, procesados y desempleados, mientras que los ex funcionarios políticos continúan con sus vidas normalmente. Si esto no es tirarlos por la ventana, ¿qué es? Por eso, llevaremos capacitaciones a todas las fuerzas del país, les daremos herramientas para que se muevan siempre en el marco de la ley, pero también abrazaremos a las familias y a las víctimas. Tenemos la responsabilidad de erradicar las violaciones a los derechos humanos de hoy, y este cambio lo hacemos entre todos.

Del mismo modo, no podemos dejar de tener en cuenta que las faltas de garantías constitucionales y los procesamientos arbitrarios que sufrieron muchos compañeros durante estos últimos años, representan una clara continuidad con el poder que ayer aplaudía y acompañaba a la dictadura cívico-militar. Un poder que está vivo y siempre al acecho. En este sentido, el lawfare es el espejo de lo que fue el Plan Cóndor, en cuanto a la articulación y sistematización de acciones entre distintos países de la región: parte de la justicia, medios de comunicación, actores políticos y servicios de inteligencia orquestan estrategias para deslegitimar y conseguir el juzgamiento, primero mediático y luego judicial, de actores políticos que defendieron los intereses de las mayorías. Este punto es esencial, y nos exige trabajar incansablemente para brindar herramientas y anticuerpos a las mayorías, para que no vuelvan a ser engañadas y para no permitir el retorno de un proyecto neoliberal que sólo puede favorecer a los sectores concentrados de poder.

Es por todo esto que, a 44 años de esa dictadura cívico–militar, jamás abandonaremos el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia. Nos guía en este camino la lucha de nuestras Madres y Abuelas y su ejemplo de resistencia, perseverancia y amor. Y nos une el compromiso de continuar trabajando para que el neoliberalismo nunca más se instale en nuestra sociedad, y para que nuestros 30 mil nunca sean olvidados.

El autor es secretario de Derechos Humanos de la Nación