Verdad y consecuencia

El pasado domingo, en el sitio El cohete a la luna, la Secretaria de Educación de la Nación, Adriana Puiggrós, afirmaba: “Evaluar no es un elemento de la enseñanza, es un instrumento de control y de selección y está pensado desde una lógica empresarial”. Ante una sentencia semejante de la secretaria de Estado a cargo del área central a la hora de trazar las políticas públicas educativas del país, cabe la lógica de plantear un conjunto de reflexiones.

La citada frase atrasa. En principio, intenta resucitar el mito del carácter punitivo de la política de evaluación que volvió a implementar la Administración del presidente Mauricio Macri. Puiggrós agita los fantasmas, con sábanas apolilladas, diciendo que en realidad lo que los dispositivos buscan “es reducir cantidad de alumnos, de docentes, desde una idea meritocrática”. Desde hace más de dos años se viene demostrando, en los hechos, que nada de eso sucede. Ningún docente ha perdido su empleo y hemos mejorado la matrícula del sistema público en más de 150 mil chicos en secundaria. También mejoramos las tasas de egreso, sobreedad y repitencia.

En sus afirmaciones se esconde un prejuicio que señala un problema mucho mayor que equivocarse en la interpretación de un gran conjunto de datos. Lo que se desprende de sus palabras es la prevalencia del dogma, del relato que, sin admitir prueba en contrario, nubla la razón.

Muchas veces me he manifestado acerca de las terribles y en muchos casos irreparables consecuencias del falso progresismo. En estas declaraciones desafortunadas reside el mismo mal. Evaluar es más que un elemento de enseñanza. Evaluar es asumir la responsabilidad de exponer la política educativa para validar el rumbo. Evaluar es contrastar los discursos con la evidencia. Evaluar es aceptar la verdad, no como un designio sino como diagnóstico.

Es paradójico ver cómo, desde algunos sectores que se denominan progresistas, se oponen al verdadero progreso. Lo que una buena educación debe propiciar es la motorización de la movilidad social ascendente, la creciente igualación de las condiciones. Eso es lo que comenzamos a hacer.

Entre muchos otros beneficios, las evaluaciones permitieron conocer con precisión las escuelas más vulnerables en términos educativos y sociales; entender cuáles debían ser las prioritarias al desplegar el conjunto de recursos -materiales y pedagógicos- del Estado. Desde muchos sectores a veces se esgrime un latiguillo: “las mejores escuelas donde más se las necesita”. Eso fue nuestro programa. A esas 3500 las llamamos Escuelas Faro.

Dimos a conocer los resultados del dispositivo Aprender de 2018 el año pasado. Seguramente, buena parte de la opinión pública y el periodismo recuerde que en ellos vimos, con beneplácito, que empezábamos a ver una mejora estimulante en Lengua a partir del trabajo de nuestros docentes, apoyados con programas de capacitación continua y situada en la dinámica del aula; y que en Matemática todavía tenemos mucho por mejorar. Pero, puertas adentro del Palacio Sarmiento, otro resultado ganó aún más nuestra atención. Las Escuelas Faro presentaron porcentajes de mejora superiores a la media del país. ¿Qué significa eso? Ni más ni menos que empezamos a reducir la brecha educativa, que las Faro lograron superar la barrera de contexto, que en las Faro volvió a hacerse realidad, aunque de modo incipiente, la movilidad social ascendente que añoramos.

Y la evaluación estuvo, como política pública educativa, en los dos extremos de este proceso esencialmente progresista, seguramente el más hermoso e inspirador de nuestra gestión frente al Ministerio de Educación.

El autor es ex ministro de Educación de la Nación