Un nuevo mega festival de lobbistas financieros

El contexto es claro y conocido: los derechos de los inversores son vulnerados sin posibilidad de compensación y la inestabilidad macroeconómica, con altas y volátiles tasas de inflación, dificultan contar con una unidad de cuenta para celebrar contratos financieros

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Merval (RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Merval (RONALDO SCHEMIDT / AFP)

En las últimas décadas el subdesarrollo financiero ha sido la norma en Argentina, lo que limita fuertemente la capacidad de la economía para mantenerse en un sendero de crecimiento económico sostenido. Las causas de este fenómeno son bien conocidas y se pueden sintetizar en dos elementos. En primer lugar, un conjunto de reglas de juego (marco institucional) aplicables a los contratos financieros por el cual los derechos de los inversores son vulnerados sistemáticamente sin posibilidad de compensación en la mayoría de los casos. Y en segundo término, la inestabilidad macroeconómica que se manifiesta primariamente a través de altas y volátiles tasas de inflación que dificultan el poder contar con una unidad de cuenta para celebrar dichos contratos financieros.

Ante esta realidad, se buscan soluciones cortoplacistas y equivocadas. Así, los gobiernos implementan sistemas de represión financiera, que son un conjunto de acciones por las cuales se modifica el libre funcionamiento de los mercados financieros creando artificialmente ganadores y perdedores. Estos esquemas han sido desmantelados en la mayor parte del mundo desde mediados de la década del 80, existiendo hoy pocos países con regímenes de represión financiera.

La represión financiera intenta maximizar en el corto plazo el efecto de políticas monetarias expansivas mediante medidas que ponen techos a las tasas de interés activas, usualmente por debajo de la tasa de inflación de forma que los tomadores de crédito reciben un subsidio al pagar una tasa real de interés que es negativa, asignación discrecional del escaso crédito resultante, limitaciones para operar fuera del sistema bancario, entre otras.

Los gobiernos implementan sistemas de represión financiera, que son un conjunto de acciones por las cuales se modifica el libre funcionamiento de los mercados financieros creando artificialmente ganadores y perdedores

Este subsidio será soportado o bien por quienes reciben la tasa pasiva de los bancos, los depositantes, o bien por los intermediarios si se les impone un piso en la tasa que le pagan a los ahorristas. Mientras que en el primer caso se reducen los montos de ahorros canalizados por el sistema financiero, en el segundo se pone en riesgo la estabilidad de dicho sistema. Pero también el costo del subsidio recae en otros sectores “invisibles”, que son aquellos individuos y empresas que ahora no podrán acceder al crédito debido al racionamiento.

Este racionamiento y reorientación del escaso crédito es normalmente decidido por las autoridades. Así, es el Banco Central el que digita impuestos y subsidios arrogándose facultades fiscales que le corresponden al Congreso Nacional. Por ello no sorprende que uno de los beneficiados sea el propio sector público (o entes vinculados incluyendo particularmente el Banco Central) el que podrá acceder a estos créditos subsidiados; justamente uno de los principales objetivos de los regímenes de represión financiera es reducir el valor real de la deuda pública y asegurar financiamiento barato para el gobierno en un contexto de bajo o nulo acceso al financiamiento voluntario.

Desde las elecciones primarias de 2019 se han intensificado notablemente las medidas orientadas a reimplantar un régimen de represión financiera en el que pareciera que sus costos serán mayormente soportados por ahorristas y los expulsados del mercado financiero

Pero no solo el gobierno será sujeto de crédito (en realidad de un subsidio) sino que también comenzará una especie de gran festival de lobbistas donde diversos sectores intentarán por varios medios (algunos quizás reñidos con la ética) convencer a las autoridades de la importancia estratégica que su industria tiene para el país, o de las externalidades positivas que la misma genera, o su capacidad de generar empleo y/o exportaciones o la excusa que fuera. Al final, será solo un grupo de rentistas en busca de ganancia fácil a costa del ahorrista y del excluido del mercado financiero. En este contexto, también los bancos obtendrán su renta extraordinaria al asegurarse fondeo barato.

Ahora bien, para que este régimen tenga el mayor ¿éxito? posible se deben limitar las alternativas de colocación de los ahorros del público, particularmente las realizadas en moneda extranjera o mediante intermediarios que pueden brindar mejores opciones a los ahorristas. Y por ello el régimen incorpora restricciones para el acceso a divisas o inversiones similares y limita la competencia que enfrenta el sector bancario. De esta forma, se intenta asegurar un flujo mínimo de ahorros en moneda local hacia el sistema bancario local. Estas limitaciones son las que facilitan el cobro del impuesto sobre dichos ahorros con el cual se subsidia a los ganadores del mega recital financiero.

Seguramente más de estas restricciones irán apareciendo a medida que la escasez de fondos se profundice, y alcanzará seguramente a otros intermediarios financieros como las empresas aseguradoras y el mismo Fondo de Garantía de Sustentabilidad administrado por Anses

Desde las elecciones primarias de 2019 se han intensificado notablemente las medidas orientadas a reimplantar un régimen de represión financiera en el que pareciera que sus costos serán mayormente soportados por ahorristas y los expulsados del mercado financiero. Tasas de interés para depósitos a plazo fijo por debajo de la inflación, el Tesoro y el BCRA financiándose a tasas reales negativas con sobreofertas en las licitaciones de títulos, incentivos para que los bancos presten a ciertos sectores, restricciones crecientes para el acceso al mercado oficial de cambios (cepo), limitación en la operatoria de las fintech que se ven obligadas a depositar los saldos de sus clientes en cuentas bancarias a la vista, y una medida similar que afecta a los fondos comunes de inversión respecto de su liquidez que debe migrar hacia cuentas bancarias. Seguramente más de estas restricciones irán apareciendo a medida que la escasez de fondos se profundice, y alcanzará seguramente a otros intermediarios financieros como las empresas aseguradoras y el mismo Fondo de Garantía de Sustentabilidad administrado por Anses.

Argentina ha transitado este camino infinidad de veces en las últimas décadas. Y los resultados han sido siempre iguales tanto aquí como en los países que implementaron estos regímenes. Aún cuando puede existir un beneficio en términos de menor inestabilidad financiera, en el mediano y largo plazo caen el ahorro local y la intermediación financiera, se profundiza el subdesarrollo del sector financiero y entonces este no puede cumplir el rol catalizador que tiene en el proceso de inversión, innovación y finalmente en el crecimiento económico; y por último, como la expansión monetaria genera mayor inflación y los inversores ven caer el valor real de sus ahorros (derechos vulnerados) se retroalimenta el subdesarrollo financiero volviendo al comienzo de este artículo en un ciclo vicioso infinito. Exactamente lo opuesto a los que busca el Banco Central, según sus planes para este año. Pero para los que consiguen la entrada al show financiero, que la música no pare.

El autor es profesor de Economía Monetaria de la UCA