La nueva política de seguridad, entre la pasividad y el determinismo

Pasados ya dos meses de gestión se observan algunas tendencias preocupantes en la gestión de la seguridad del país.

La gestión entrante se ha dedicado a suprimir instrumentos que estructuraban la acción contra el delito, tales como los protocolos de utilización de armas de fuego o la portación de armas fuera del horario de servicio por parte de los efectivos de las fuerzas de seguridad. También se ha dedicado a echar trabajadores de diversas jerarquías por el solo hecho de haber ingresado a la gestión durante el gobierno anterior. Sin embargo, no se observa hasta el presente una agenda positiva ni de futuro. No conocemos cuál es la estrategia de acción contra el delito que lleva adelante el gobierno del presidente Fernández.

Hay, además, pasividad. Hasta el día de hoy no hay un organigrama de funciones del poder ejecutivo por lo cual una gran cantidad de funcionarios con la responsabilidad de tomar decisiones de gestión ni siquiera están habilitados a tomar decisiones. Las declaraciones públicas de los funcionarios a cargo del área enfatizan además nociones tales como la “sensibilización” frente a los problemas de seguridad, el “cuidado” de los ciudadanos y el abordaje social de los temas de seguridad. La pasividad del gobierno en materia de seguridad se verifica por la ausencia de una agenda concreta de planes y acciones para enfrentar el delito. La pasividad del Estado, en un contexto donde los actores delictivos son sofisticados y buscan aumentar su poder y sus ganancias, implica un retroceso.

Hay hechos delictivos que ocurren en medio de una sorprendente pasividad de las autoridades. La ministra de seguridad declara que su objetivo de política pública es “sensibilizar” sobre el tema del consumo de drogas. Señala que su prioridad es el “cuidado” de los ciudadanos. Ello deriva en justificaciones del accionar de delincuentes en casos de asesinato.

El problema es que en nuestra sociedad, como en todas las demás, hay personas que delinquen, y en algunos casos empleando violencia extrema. Las políticas de seguridad en todas las democracias del mundo están orientadas a llevar ante la justicia a esas personas para cuidar a las demás. Las personas que delinquen y resultan condenadas tienen por ello un régimen especial. Cuidar a la sociedad requiere llevar ante la justicia a quienes quiebran el contrato social delinquiendo o ejerciendo violencia sobre el resto de los ciudadanos. Y la falta de políticas que enfrenten decididamente al delito genera descreimiento en que la democracia puede asegurar un orden social legítimo.

Existe una diferencia de fondo entre la concepción del gobierno y la nuestra: nosotros creemos que dar seguridad a los argentinos requiere la acción decidida de las fuerzas de seguridad para que, en el marco de la ley, tengan políticas activas y específicas de persecución del delito. El gobierno cree que la situación social explica el delito. Y que, por lo tanto, ante una mala situación social crecen las personas que cometen delitos “porque no tienen otra alternativa”. Esta posición paternalista supone que las personas de bajos ingresos no tienen discernimiento moral, lo cual es una absoluta subestimación y desconocimiento de los millones de argentinos que tienen dificultades económicas y que todos los días buscan salir adelante. La segunda derivación de este razonamiento es que cuando la situación social mejore, la seguridad también lo hará. Puro determinismo económico. Los datos acerca de la falsedad de este razonamiento tienen casi una década. En 2012, el Banco Interamericano de Desarrollo creó su programa de Seguridad Ciudadana para América Latina, luego de comprobar que durante la década del 2000 nuestros países crecieron económicamente y el delito no dejó de crecer en la región. Durante nuestro gobierno, entre 2015 y 2019, disminuyeron 23% los homicidios en un contexto económico difícil debido a que tuvimos políticas activas contra el delito.

Se considera, desde la actual gestión del Ministerio de Seguridad, que tener una política contra el narcomenudeo o micro tráfico es perseguir a los consumidores. La ministra Frederic presentó en los medios un análisis de datos (del gobierno anterior) absolutamente falaz. Sostuvo que hubo una política de persecución de los consumidores y que “disminuyeron significativamente al 7% aquellos procedimientos en los que se secuestró más de un kilo de marihuana”.

La política llevada a cabo entre 2015 y 2019 tuvo como eje central atacar al narcotráfico en todas sus manifestaciones, sin negociaciones ni concesiones. Para ello se dispuso que las fuerzas incrementasen su operatividad y un sinnúmero de medidas tales como el traslado de policías de funciones administrativas a operativas, lo que implicó un mayor número de efectivos desplegados territorialmente con el consiguiente aumento de procedimientos. El propio informe presentado menciona el incremento de procedimientos en que intervinieron las fuerzas de seguridad. En paralelo, los números de incautaciones de sustancias psicoactivas creció en su valor absoluto: 4301 kilos de cocaína en 2015 contra 6295 kilos en los primeros 10 meses de 2019 (46% de incremento); 146 toneladas de marihuana en 2015 contra 356 toneladas entre enero y octubre de 2019 (144% de incremento). En resumen: trabajamos más e incautamos más.

También sostuvo la ministra que “en los últimos cuatro años, más del 80% de las incautaciones de marihuana se dieron en decomisos de entre 0,001 y 0,100 kilogramos y cifras similares de dieron en cocaína y drogas sintéticas”. El sostener que poseer 100 gramos de cocaína, marihuana o drogas sintéticas es para consumo personal es una grosería totalmente alejada de los fallos judiciales que determinan los niveles válidos para considerar una cantidad de droga para consumo personal. Considerar que 100 gramos de cocaína son para consumo personal hace que, obviamente, se infle la cantidad de casos en los que se persigue “consumidores”.

El narcomenudeo es una política central en cualquier política contra las drogas porque el tráfico se encuentra estructurado en una cadena, donde hay eslabones mayoristas, especializados en logística, en la adquisición de precursores químicos, en exportación, etc. Un sinnúmero de investigaciones que llevaron a la desarticulación de bandas de alta peligrosidad surgieron de procedimientos aparentemente “menores” que permitieron investigar y apresar los eslabones superiores de la cadena del narcotráfico.

Un segundo aspecto crucial es la violencia asociada al narcotráfico. El grueso de la violencia, como la que lamentablemente vivimos en estas últimas semanas en la provincia de Santa Fe, se da como consecuencia de disputas territoriales entre bandas. Estas bandas disputan justamente puntos de venta minorista y lo hacen de manera violenta. El saldo son jóvenes muertos por decenas. Sin política contra el narcomenudeo el negocio crece y las disputas son más violentas. En muchos países esa estrategia se ha constituido en un camino sin retorno. Sin política contra el narcomenudeo crece la violencia y la muerte.

Una gran forma de protección de las personas de menores recursos es la disminución de la violencia en sus barrios. Pocas veces vivimos tanta emoción como cuando, al llegar a un barrio de San Miguel a desarmar un bunker de venta minorista, las madres de chicos que consumían nos agradecían con lágrimas en sus ojos. Muchas de ellas, con gran valentía, denunciaban a los vendedores. Ellas así se sentían protegidas por el Estado.

El autor es PhD en Ciencias Políticas e investigador del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad