Entre el panperonismo y el país

A sesenta días de comenzada esta inédita experiencia de gobierno panperonista ya es factible señalar algunas tendencias. Suele decirse que los gobiernos cuentan con cien días de gracia para adoptar medidas y políticas antipáticas pero necesarias que habrán de marcar a fuego toda su trayectoria. La administración de Alberto Fernández arrancó, en ese sentido, hiperquinética: impulsando la sanción por el Congreso en tiempo récord de una nueva ley de emergencia económica como las de sus antecesores peronistas Carlos Menem en 1989 y Eduardo Duhalde en 2002.

Muñido de esas facultades extraordinarias, se lanzó a un drástico ajuste del gasto público sobre la base de criterios ortodoxos como un aumento sustancial de la presión fiscal y la supresión del régimen de actualización jubilatoria del gobierno anterior. El ajuste fue justificado por el estado de necesidad denunciado en las principales consignas electorales del frente panperonista: la lucha contra el hambre y la solidaridad con los pobres. Una lectura menos altruista podría hasta sugerir una suerte de punición a los votantes de la coalición derrotada en procura de afianzar una clientela propia mucho más acotada que lo que suponían los eufóricos pronósticos ulteriores a la PASO. Y una opción posible solo en el corto plazo para un presidente que se comprometió a terminar con la denominada grieta de oposiciones irreconciliables.

Sin embargo, ese ritmo frenético se fue aletargando exhibiendo problemas pronosticados por aquellos que tenían reservas sobre la consistencia de la alianza triunfadora. El más importante de todos procede del denominado “doble comando”: un esquema decisorio sin precedentes exitosos en un país de cultura política presidencialista. Mucho menos en el peronismo, salvo cuando se trató de conducciones maritales como las de los 40 y la breve entre 1973 y 1974 hasta la muerte de Perón, o la del gobierno kirchnerista hasta el fallecimiento de Kirchner.

Este esquema de poder supone una suerte de doble legitimidad: una política, y otra de gestión. Estribación natural de una jefa que se reservó para sí la candidatura a la vicepresidencia asumiendo la potestad de nombrar al candidato a presidente. Una originalidad sin antecedentes en la historia de las democracias modernas. Una vez en el gobierno, la vicepresidenta vuelve a innovar las tradiciones políticas del país acaparando resortes estratégicos de la administración nacional con sus respectivas cajas de recursos públicos. El Presidente, mientras tanto, se ha concentrado en la renegociación de la deuda externa, aunque su rol principal ha sido la administración cotidiana menos de los asuntos de interés general que del equilibrio entre las distintas facciones del panperonismo. Un ejercicio por cierto extenuante que exterioriza los primeros cortocircuitos dados los obstáculos que todos los días le oponen los delegados de su socia y depositaria del poder real.

Mientras tanto, Fernández sobreactúa su mimesis con su vice, pero en contradicción tanto con su discurso como con los esbozos generales de sus políticas. La gestión de la deuda, encarada con sensatez, exhibe el talón de Aquiles del amateurismo de sus colaboradores, que parecen desconocer las más elementales reglas de negociación, suscitando el peligro de un nuevo default de consecuencias acechantes. Señala tener un plan económico que tácticamente guarda en el misterio, pero cuya reserva, dada la heterogeneidad ideológica de la coalición, no hace más que acentuar la incertidumbre en los mercados. Cada vez más reducido en su espacio, Fernández ha perdido el hilo de su hiperactividad primigenia. Un ejemplo elocuente lo brinda su relación con el poder legislativo, sede de la confederación de fracciones oficialistas. Luego de convocar a sesiones extraordinarias para abordar una agenda de problemas de urgente tratamiento, este luce semiparalizado.

Luego, discusiones bizantinas entre la doctrina kirchnerista de los “presos políticos” y la presidencial de “detenciones arbitrarias”. Una querella jurídica que de no zanjarse de modo categórico, puede incubar un severo conflicto con el poder judicial encargado de revisar causas y procedimientos. Más grave aún resulta la controversia entre los ministros de Seguridad de la Nación y de la provincia de Buenos Aires en torno del delicadísimo y socialmente sensible tema de la inseguridad pública que durante este verano ha tendido a agravarse. Notable curiosidad es que ambos responden al kirchnerismo: aunque la ministra nacional, a su ala ideológica mas radicalizada; mientras que el bonaerense a un pragmatismo que lo aproxima a la ex ministra de Macri, Patricia Bullrich.

En suma, el presidente Fernández deberá afianzar en lo que queda del verano su autoridad retomando la iniciativa, exhibiendo de manera clara su visión de los problemas nacionales, mostrando sin tapujos las cartas de su programa económico integral, y poniendo fin a este criterio administrativo diseñado por Cristina Kirchner que lo reduce al papel de un rey feudal. Decidir si el significante “todos” abarca de veras al país en su conjunto, o si se reserva al heteróclito mapa del panperonismo que conjuga a funcionarios sensatos y pragmáticos con otros amanuenses nombrados por parentesco o filiación ideológica, y de dudosa aptitud profesional en sus áreas respectivas. El tiempo de gracia se agota; y a partir de entonces los grupos de interés empezarán a pasarle sus impiadosas facturas. Así lo indican los buenos libros de historia.

El autor es miembro del Club Político Argentino