Los laberintos de Axel Kicillof

En el marco de la profunda crisis económica y social que atraviesa nuestro país, no debería llamar la atención la crítica situación que enfrentan las provincias. Con un federalismo fiscal que está en crisis desde hace años, y frente a la mora constitucional de un cuarto de siglo en lo que respecta a la sanción de una nueva ley de coparticipación federal, la inmensa mayoría de las jurisdicciones provinciales convive con cuentas en rojo, y una recaudación fiscal que corre muy por detrás de una inflación que durante 2019 alcanzó el 53,8%, la más alta en casi tres décadas.

Esto implica, entre otras cosas, gobernadores que necesitan con suma urgencia recursos nacionales ya no sólo para llevar adelante sus programas de gobierno sino para hacer frente a necesidades muy concretas en el corto plazo, como pagar sueldos y garantizar el funcionamiento mínimo del sistema educativo, la salud y otros servicios básicos para la población.

En este escenario, año a año ha venido creciendo la dependencia de las provincias respecto al gobierno nacional. Ante el desigual reparto entre Nación y provincias en función del actual régimen fiscal y de coparticipación, desde hace tiempo muchas provincias dependen de las transferencias de fondos nacionales, que se materializan de diversas formas: obra pública, los viejos y conocidos adelantos del Tesoro Nacional (ATN), y otras tantas transferencias discrecionales del Ejecutivo nacional.

Esta dependencia, que en otros tiempos ha sido utilizada como una poderosa herramienta política de disciplinamiento político, no conoce de partidos ni ideologías. Como evidencia de ello, desde la hiper-kirchnerista Santa Cruz a la radical Jujuy, la gran mayoría de los mandatarios provinciales desfilaron incesantemente los últimos días por Balcarce 50 en la búsqueda de alguna respuesta que les permita comenzar el año con algo de aire.

El problema de la deuda provincial

Otra de las consecuencias de este ahogo financiero de las provincias es el gigantesco proceso de endeudamiento en moneda extranjera que genera fuertes condicionamientos. Con la única excepción de San Luis, todas las provincias argentinas han contraído deudas en dólares por un total que según estimaciones privadas supera los 20 mil millones, lo que equivale al 73% del total de las deudas provinciales. Dentro de este conjunto hay realidades muy diversas en lo que respecta a la incidencia del endeudamiento externo: desde Tucumán con una deuda en divisas que equivale apenas al 2,7% del total, hasta el caso de Santa Fe en el que la misma equivale al 97,6% del total.

En los últimos días este tema fue objeto de disputas y diatribas entre el gobernador bonaerense y funcionarios del gobierno anterior, como el ex ministro provincial y nacional Hernán Lacunza. Axel Kicillof, artífice de la política de desendeudamiento encarada durante el último mandato de Cristina Kirchner, denunció públicamente lo que considera un fenomenal e “insostenible” endeudamiento contraído durante la gestión de María Eugenia Vidal, que por cierto se inscribe en el relato de “tierra arrasada” con el que viene comunicando la situación heredada y justificando las medidas y políticas adoptadas.

Lo cierto es que más allá de los debates, chicanas y argumentaciones técnicas a las que recurrieron Kicillof y Lacunza en su polémica, la deuda en dólares es una pesada carga para las arcas provinciales en un año que se presume será difícil de cara a las perspectivas de reactivación económica y atenta contra los planes del gobernador.

No es un problema, claro está, exclusivo del distrito más populoso del país. Las provincias enfrentarán este año, según estimaciones privadas, 4 mil millones de dólares en vencimientos de deuda. Al frente de dicho grupo se encuentra Buenos Aires, que en los últimos días decidió solicitar a los acreedores más tiempo para abonar el vencimiento de capital del bono BP21 (no los intereses) que operaría éste 26 de enero, y que totaliza unos 250 millones de la divisa estadounidense.

Si bien el gobierno nacional se apuró a aclarar que no hay salvataje alguno previsto con fondos nacionales, nadie en sus cabales cree que el gobernador corra el riesgo de llevar a la provincia a un default por un vencimiento de ese monto. Esto no sólo sería perjudicial para la propia provincia sino que sentaría un precedente negativo para la negociación del gobierno nacional con sus acreedores. Por ello, varios interrogantes se imponen: ¿estrategia dura de negociación con los acreedores y, por ende, diametralmente opuesta a la de Martín Guzmán?, ¿jugada concertada entre Nación y provincia para testear la permeabilidad de los acreedores a las propuestas? O, incluso, ¿la pelea preliminar a un hipotético combate de fondo entre el Presidente y su vice por la forma de manejar los asuntos del Estado y trazar la línea amigos-enemigos?

Dos estilos propios, dos escenarios diferentes.

Lo que Alberto Fernández consiguió rápidamente con la denominada “Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva”, que le permitirá no sólo engrosar los ingresos de la Nación a través de varias modificaciones impositivas sino también contar con herramientas de carácter excepcional en el marco de la amplia emergencia declarada, al gobernador Kicillof le llevó 13 días de desgastantes negociaciones: de la intransigencia inicial y el llamado a los legisladores a que “se dejen de joder” pasó a una negociación con la oposición que lo llevó a ceder en aspectos medulares del proyecto de reforma impositiva.

El gobernador no sólo no ocultó su insatisfacción con la ley aprobada, sino que entiende que las reformas introducidas por la oposición van en el sentido de proteger intereses corporativos en desmedro de la justicia distributiva que buscaba, y que además profundiza el desfinanciamiento de la provincia.

Lo cierto es que no se trata sólo de una mera cuestión de diferencias de liderazgos y estilos comunicacionales entre un presidente que se muestra hiperactivo y aperturista, y un gobernador que, por momentos, se revela más hermético y dogmático.

Hay también una innegable cuestión aritmética en lo que respecta a la constitución de la legislatura provincial que el gobernador no podrá obviar a la hora de gobernar: el bloque de Juntos por el Cambio retiene la mayoría en el Senado con 26 bancas, frente a las 20 del Frente de Todos.

No es un tema menor. Ello implica que sin el concurso de la oposición, el gobernador no podrá aprobar pliegos de nombramiento de jueces y ministros de la Corte, ni de los máximos funcionarios de otros organismos previstos en la Constitución provincial como la Tesorería, la Fiscalía de Estado, el Director General de Escuelas, el Defensor del Pueblo, o el Tribunal de Cuentas.

También necesitará de la oposición para avanzar con una reestructuración general de la deuda heredada que se impone como inevitable, con vencimientos que alcanzaran durante el año en curso unos 3 mil millones de dólares, de los cuales –según el gobernador- 2 mil millones son producto de la política de endeudamiento del gobierno anterior.

Axel, los intendentes y los dilemas de la oposición

En el frente interno, el flamante gobernador parece mirar con cierto recelo a los intendentes del PJ que, si bien es cierto que en su mayoría hubiesen preferido uno de los suyos para la gobernación, se encolumnaron tras la decisión de Cristina de impulsar a su ex Ministro como candidato bonaerense. Los jefes comunales del PJ esperaban mucho más de Kicillof a la hora del reparto de cargos, y ante el cerrojo que le puso a su gabinete, el propio Alberto Fernández tuvo que salir a contener a varios referentes territoriales en el gabinete nacional y organismos descentralizados. Desde Katopodis y Cascallares en el Ministerio de Obras Públicas hasta Nardini y Arrieta en AySA y Vialidad respectivamente.

El gobernador deberá acostumbrarse a actuar con mayores dosis de pragmatismo. Así pareció entenderlo después de la frustración inicial por la cirugía mayor que sufrió el proyecto impositivo en la legislatura, cuando apeló a la construcción de una nueva mayoría que le permita gobernar “sin tener en cuenta partidos políticos ni ideologías”.

Ahora se viene la discusión del Presupuesto 2020, en la que tanto los intendentes oficialistas y opositores pretenden incorporar un fondo para obras públicas prioritarias en los distritos, que pretenden manejar en forma autónoma.

Del lado de Juntos por el Cambio el desafío es el mismo que enfrenta el otrora oficialismo en el plano nacional: mantenerse unidos. En la provincia no empezaron muy bien: el alejamiento de 5 diputados habilitó la negociación en Diputados, por lo que desde La Plata se entusiasman en profundizar esas diferencias internas a fin de romper la mayoría opositora en el Senado.

No es descabellado en un escenario de desconcierto en relación a los liderazgos del espacio. A nivel nacional, Macri no ocultó su intención de liderar la oposición y erigirse como garantía de unidad. Sin embargo, el nuevo año lo encontró, una vez más, de vacaciones. Desde las filas de Cambiemos destacan la votación conjunta en el Congreso de todos los socios de la coalición en la ley de solidaridad, pero se viene una prueba de fuego: el pliego de Daniel Rafecas, el elegido por el Presidente para ocupar la estratégica Procuración General de la Nación, y la reforma judicial.

En lo que respecta a Vidal, su liderazgo tampoco está exento de cuestionamientos. Como una estrella fugaz, su luz fue efímera y ya no es garantía alguna de unidad. Como un adelanto de las disputas que se vienen, en la discusión del paquete impositivo tallaron fuerte los diputados del flamante espacio animado por Emilio Monzó y Gustavo Posse. También es tan notorio el mayor protagonismo asumido en estos primeros 40 días de la UCR, como inocultables las aspiraciones de liderar el espacio que tiene el intendente de Vicente López Jorge Macri.

Así las cosas, Kicillof se encontró muy pronto con la constatación de que la legitimidad de origen no es suficiente para gobernar la siempre difícil provincia de Buenos Aires. Ni siquiera una contundente performance electoral como la cosechada por el ex Ministro de Economía garantiza que el poder formal que le confieren los atributos del mando se convierta en poder real.

En una provincia en la que los liderazgos territoriales tienen un peso tan gravitante, el voluntarismo y la convicción no son suficientes. Para pasar del querer hacer al poder hacer es necesario reconocer la figura de los intendentes –propios y ajenos- y trabajar en conjunto para sacar a la provincia de la situación de emergencia económica, social, productiva, educativa y sanitaria que afecta a millones de bonaerenses.

*Sociólogo, consultor político y autor de “Comunicar lo local” (Parmenia, 2019)