El intento de transformar a Alberto Fernández en el Presidente de la impunidad

El próximo 5 de noviembre se cumplirán 45 años de la muerte de Agustín Tosco, uno de los líderes sindicales más ejemplares de la historia argentina. Tosco fue un dirigente del sindicato de Luz y Fuerza que, entre otros méritos, condujo una rebelión obrera contra una dictadura que quedó en la historia con el nombre de Cordobazo. Según las crónicas, Tosco murió afectado por una encefalitis bacteriana que no pudo ser atendida a tiempo en un hospital, porque en ese entonces su nombre figuraba en las listas negras del gobierno de entonces, que era de signo peronista. Al morir, no tenía un centavo porque vivía de la misma manera que sus representados. Durante su corta vida, dos dictaduras se ensañaron con él: fue preso político de Eugenio Aramburu y de Alejandro Lanusse.

En esos tiempos estaba claro qué significaba ser un preso político. Ninguno de los presos políticos vivían en mansiones, ni tenían yates, ni fortunas obscenas, ni debían aclarar hechos de corrupción, ni revoleaban bolsos. Eran militantes perseguidos por dictaduras, cuyos abogados eran amenazados de muerte, si es que los tenían, y no pertenecían a los bufetes más caros de Buenos Aires. En los últimos tiempos, el concepto de preso político ha cambiado mucho, como se puede ver en estos días, en los que un sector de la militancia kirchnerista define como preso político a algunas personas realmente muy distintas a Agustín Tosco y a los presos de aquellas épocas oscuras.

Tal vez los ejemplos más didácticos para entender ese contraste sean los de Julio De Vido y Amado Boudou, los ex funcionarios kirchneristas de mayor jerarquía entre los que quedan detenidos. Durante 12 años, De Vido fue ministro de Infraestructura. En todo ese período, su segundo era José López, el hombre que fue detenido mientras arrojaba bolsos con dólares a un convento. Bajo la órbita de De Vido se resolvían los subsidios al transporte, entre ellos a la empresa de la familia Cirigliano, que controlaba el tren Sarmiento. Dos secretarios de Transporte están condenados en Casación como culpables de el tragedia ocurrida en el Sarmiento, que no fue evitada por De Vido pese a las innumerables y estruendosas advertencias de que esa tragedia era inminente si no se hacía algo a tiempo.

En la misma dependencia se puso en marcha el plan Sueños Compartidos, que ya nadie defiende porque terminó en otro escándalo por el manejo oscuro de los fondos destinados a viviendas populares. Las confesiones de existencia de coimas por manejo de obras públicas o de sobreprecios en la importación de energía ocurrieron todas en el mismo área. De Vido se defiende periódicamente por radio en un tono muy indignado, desde su imponente chacra que queda en un exclusivísimo barrio privado.

La situación de Boudou fue descripta por el actual presidente, Alberto Fernández, en 2017, en un interesante artículo en el que reflexionaba sobre las experiencias progresistas en América Latina y se detenía en el problema de la corrupción. “Muchas veces los planteos sobre corrupción estatal derivan de situaciones propias del enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Entonces, asoman como causa de ese lucro impropio negocios incompatibles con el ejercicio de la autoridad. Amado Boudou, vicepresidente de la nación en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido acusado judicialmente por haber intercedido a favor de un fondo de inversión al que se lo vincula, en la venta de una empresa gráfica dedicada a la fabricación de papel moneda. En otro proceso, se le imputa haberle exigido a la provincia de Formosa (siendo ministro de Economía de la nación) la contratación de una consultora a la que también se lo relaciona, para que renegocie pasivos que esa provincia mantenía con el Estado nacional. De ese modo, se colocaba de ambos lados del mostrador de los reclamos”, describió entonces Fernández.

El contraste entre Agustín Tosco y, por poner dos ejemplos, Julio De Vido y Amado Boudou no se agota allí. Tosco no tenía instancia de apelación porque había sido detenido por regímenes dictatoriales. De Vido y Boudou, en cambio, cayeron detenidos en democracia. Eso no significa que esa decisión haya sido correcta, ni tampoco incorrecta. Toda decisión judicial tiene algún grado de arbitrariedad. Pero la democracia tiene reglas precisas: hay abogados, discusión pública, instancias de apelación, de tal manera que deban intervenir muchas personas para decidir una detención o una condena. Por procesos similares, en los últimos años, pasaron Mauricio Macri, Ernestina Herrera de Noble, Diego Maradona, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Augusto César Milani y Francisco De Narváez.

Los reclamos de libertad forman parte de los derechos del ex vicepresidente o del ex ministro, siempre y cuando esos derechos sean los mismos que el resto de los ciudadanos y se rijan por los mismos procedimientos. Cuando De Vido, en cambio, sostiene que “no hay gobierno peronista con presos políticos” pareciera reclamar un tratamiento especial por su pertenencia política.

Cualquier mirada razonable sobre esas diferencias, entre aquellos presos políticos y estos políticos detenidos por causas varias, debería alcanzar para entender que el reclamo por la libertad de De Vido, Boudou y otros es una causa que aleja a las personas honestas del proyecto gobernante. Es, apenas, una cuestión de sentido común. Sin embargo, se ha puesto en marcha un operativo muy evidente para exigirle a Alberto Fernández que encuentre una solución política al problema. Hebe Pastor de Bonafini le exigió al Presidente que defina “de qué lado está”. De Vido denunció que el Presidente se siente cómodo “con nuestras detenciones”. Oscar Parrilli manifestó su desacuerdo con el Presidente. “Yo estoy convencido de que existen presos políticos”. En la avenida 9 de Julio se instaló un acampe por la liberación de Milagro Sala, quien también tiene condena de Cámara de Casación. Casualmente, en las mismas horas, Victor Hugo Morales cruzó al aire a Milagros Sala y a Boudou. Hasta el ministro del Interior de Fernández, Wado de Pedro, reparte en las redes flyers de La Campora pidiendo la libertad de algunos de esos presos. Parece un apriete brutal al Presidente. Si no lo es, deberían explicarlo un poco mejor.

La situación es realmente compleja para quienes impulsan esta campaña. En principio, hay un problema conceptual. ¿Quién debería ser incluido y quién no en la categoría de preso político? Amado Boudou fue condenado por Casación. Pero, para Bonafini y De Vidio, igualmente es un preso político. José López, en cambio, no está condenado en ninguna instancia. Pero nadie lo defiende: parece que no es preso político. Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi están condenados por la tragedia de Once en un juicio oral que se desarrolló en 2015, antes de la asunción de Mauricio Macri, junto con los Cirigliano. ¿Son también presos políticos? Tal vez el criterio sea liberar a todos los que hayan participado en el gobierno de Cristina Kirchner, o simpatizado con él, o recibido sus subsidios. ¿Se puede justificar eso de alguna manera?

En segundo lugar, hay un problema instrumental. Alberto Fernandez, durante toda la campaña electoral, anunció que intentaría que liberaran a los presos que no estuvieran condenados, cosa que ya logró por medio de un acuerdo con Cambiemos acerca de las condiciones en las que las prisiones preventivas son admisibles. Pero al mismo tiempo advirtió que no indultaría a nadie porque el indulto es una rémora de la monarquía. El problema es que si la Corte no interviene -algo muy probable- la única alternativa sería esa: indultar. Fernández no quiere hacerlo. Pero empieza a instalarse un clima de amenazas contra él debido a esa decisión.

Así, la campaña para liberar a De Vido, Boudou y otros genera un efecto extra. En su primer mes de Gobierno, tal vez Fernández sea el presidente que recibió más “fuego amigo”. Eso se puede percibir en la impresionante respuesta del kirchnerista Sergio Berni, hasta los desafíos de Julio De Vido, o las acusaciones de Hebe de Bonafini, o algunos comentarios despectivos de Víctor Hugo Morales sobre que “la única garantía es Cristina”. Hay indicios fuertes de que un sector del Frente de Todos no parece cómodo con la figura de Fernández. Todos ellos se referencian en Cristina Kirchner, quien sin embargo ha sido bastante ambigua en este asunto. Nunca respaldó a los supuestos presos políticos. “No pongo las manos en el fuego por nadie”, dijo, en su momento. No los fue a visitar. Ni siquiera los saludó cuando se los cruzó en la sala de audiencias. Pero tampoco disciplina a los suyos.

Fernández es un presidente que asumió con una debilidad de origen. Enfrenta una situación económica muy delicada. La inflación, la pobreza y el tamaño de la deuda podrán ser problemas heredados, pero ahora son suyos. Pareciera que alguna gente, a pocos días de asumir, comienza a moverle la inestable alfombra en la que intenta hacer pie. Para la golpeada oposición, tremendo tiro en los pies es un regalo inesperado. No todes, como se ve, han vuelto mejores.

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