El absurdo prejuicio de Kicillof sobre la sociedad bonaerense

El gobernador de la provincia de Buenos Aires y también su principal mentora, Cristina Kirchner, entienden la evolución de las sociedades desde un único conflicto de intereses: la oligarquía versus la pobreza. Ese análisis es, además de precario desde el punto de vista intelectual, incorrecto desde la composición social de la provincia, a la que evidentemente el gobernador todavía no pudo conocer en profundidad.

Kicillof sostiene que la oposición desfinanció la provincia porque benefició a sectores económicos concentrados, y menciona a los operadores de cable, a los exportadores y a los dueños de grandes propiedades. Pero repasemos lo que realmente pasó:

El gobernador dice que su ley no fue un impuestazo, porque buscaba mantener la misma recaudación que en 2019 y no aumentarla. Sin embargo, más de dos millones y medio de cuentas del impuesto inmobiliario iban a sufrir un aumento del 75%, y quienes tienen un auto -de cualquier valor, no un bien suntuoso- iban a pagar el 100% de incremento en las patentes. Los medicamentos iban a aumentar, porque el gobernador proponía gravar con el 3,5% a la fabricación, y el almacenero, el kiosquero y toda la venta minorista iba a pagar el 2.5% de Ingresos Brutos. Es decir, además de que efectivamente para todos los contribuyentes iba a haber una actualización desmesurada de sus impuestos -lo que es la definición perfecta de “impuestazo”- además iban a pagar más cada vez que compraban productos o servicios necesarios para la vida cotidiana. Doble aumento.

No hay que ir muy lejos para ver las primeras consecuencias: los puertos de la provincia están hoy en desventaja con respecto a los otros puertos del país porque el gobierno insistió en que paguen tasas extraordinarias. La derivación inmediata de esta decisión es que las empresas empezaron a evaluar la relocalización de sus operaciones en otros puertos del país. Y eso que la oposición logró bajar a la mitad el monto que quería imponer el gobernador. Esa es una de las principales iniquidades de la ley fiscal de Kicillof, y hay muchas más que tendrán impacto inmediato en la producción y el trabajo.

Hay que ser claros: quien puede pagar impuestos no es rico, no es un oligarca que defiende intereses y privilegios. Muchas son familias de trabajo, y la gran mayoría no soportan más presión impositiva. El Estado aprieta y empieza a ahorcar: tasas municipales, impuestos provinciales y también la Nación, esa es la realidad de la “oligarquía” a la que dice Kicillof que defiende la oposición. Es sabido que la presión impositiva en la Argentina es una de las más altas del mundo, que llegó al máximo en 2015, y que a partir de allí comenzó a descender.

Todos queremos más recursos para que la PBA pueda proveer cada vez más y mejores bienes y servicios a los bonaerenses, en particular a aquellos que tienen más necesidades. La clave, independientemente de todo lo que se pueda seguir mejorando la estructura tributaria de la Provincia, radica en seguir peleando por los recursos federales que le corresponden, tal como lo hizo la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, que logró que la coparticipación de la Provincia pase del 18,1% al 23% y dio la pelea frente a una inequidad histórica, recuperando para los bonaerenses más de 65.000 millones de pesos del Fondo del Conurbano, actualizable por inflación. Otro dato de la realidad que aniquila un relato falso de estos últimos cuatro años.

Además, no está de más recordar que, en el marco del Consenso Fiscal firmado a fines de 2017 entre el gobierno nacional y las provincias, la presión tributaria en la provincia de Buenos Aires se redujo de 5,8% del PBG en 2015 a 5,0% en 2019, durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Se logró así, en cuatro años, contrarrestar la mitad de la suba de impuestos de los ocho años de la gestión del gobernador Scioli. Ahí tenemos un ejemplo cabal de lo que significa una política que pone en el centro a los contribuyentes.

Por eso, las divisiones que hace el gobernador entre supuestos aliados de los sectores privilegiados y un gobierno que piensa en los que menos tienen es falsa, es lisa y llanamente una mentira. No hay dos provincias. No hay oligarquía versus pobres. No hay defensa de intereses concentrados. Lo que hay un gobierno que tiene una mirada reduccionista del fenómeno social y corre el riesgo de generar distorsiones muy grandes, basadas en una concepción polarizada de la sociedad, y también de la política, que no existe.

El autor es jefe del Bloque de Diputados de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires