Se cumple este viernes el primer mes del mandato presidencial de Alberto Fernández. Un lapso corto como para extraer conclusiones categóricas sobre su gobierno, pero que permite señalar algunas características preliminares.

La incertidumbre había sido el signo principal de 2019. No obstante, Mauricio Macri terminó su mandato en paz. Logró ser el primer presidente civil no peronista desde Marcelo T. de Alvear en 1928 en llegar al final de su período constitucional. Si bien los problemas económicos que atraviesa la Argentina están a la vista, nos hallamos hoy en una situación mucho más sólida que en diciembre de 2015 para encarar un proceso de desarrollo, que deje atrás tantos años de decadencia. Aunque la inflación sigue siendo alta y la actividad todavía no puede superar el estancamiento en el que la sumió el kirchnerismo a partir de 2011, los fundamentos macroeconómicos fueron enormemente mejorados durante la gestión de Cambiemos.

Este es el escenario en el que asumió la presidencia Alberto Fernández. En el inicio de su gestión, abrigábamos la esperanza de que apreciara tales logros y transitara por el camino de la racionalidad, aunque sus palabras públicas muchas veces deban pagaran tributo a las demandas simbólicas de una coalición que tiene un alto componente del populismo más grosero. Y afirmábamos que si lo hacía, por más que nos separen de él grandes diferencias ideológicas no vacilaríamos en reconocerlo y en apoyar todas las acciones que tiendan a construir una Argentina con mejor calidad de vida para todos. Pero las señales iniciales son, en tal sentido, por lo menos confusas.

El impuestazo reciente parece indicar, por un lado, una sana preocupación por la solvencia fiscal, pero, por el otro, carga con el peso del ajuste a los jubilados, a la clase media, a quienes producen, ahorran e invierten. En ese sentido, la “doble indemnización” es también una pésima señal para la creación de empleo genuino. Asimismo, la superdelegación de facultades en el Presidente nos enfrenta una vez más al decisionismo tan caro al peronismo, que busca los atajos en lugar de fortalecer las instituciones.

No se advierte, a casi un mes de iniciado el mandato de Fernández, un rumbo claro en materia económica. Abundan, en cambio, los tradicionales giros retóricos del kirchnerismo. En lugar de ajuste, por ejemplo, se nos repiquetea todo el día con la palabra “solidaridad”. Tampoco es clara la política en materia internacional. El Gobierno acaba de criticar la burda maniobra del chavismo de impedir que diputados opositores reelijan a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea venezolana, pero no se adhirió al texto condenatorio del Grupo de Lima y evitó calificar de dictadura a la evidente dictadura de Maduro. También retiró las cartas credenciales de la embajadora designada por Guaidó, Elisa Trotta Gamus.

Hay, por otra parte, declaraciones muy poco felices tanto de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, como del propio presidente con relación a las causas del fiscal Alberto Nisman y del artesano Santiago Maldonado, que significan una presión indebida del Poder Ejecutivo en el ámbito judicial. Como abogado y profesor de Derecho Penal, el presidente Fernández no puede ignorar que solo los jueces de la causa, que las ordenaron, pueden valorar las pericias realizadas en tales expedientes.

Estas actitudes pueden obedecer a convicciones de Fernández o a su necesidad de realizar constantes equilibrios con el ala dura de su alianza, liderada por Cristina Kirchner, a la que le debe su candidatura a presidente. En cualquier caso, nuestro país necesita un gobierno que tenga un buen diagnóstico de sus problemas y una conducción firme para enfrentarlos. Ni una cosa ni la otra se advierten todavía. El presidente goza, como gozan todos los presidentes peronistas, de una mayor aquiescencia de las corporaciones. Esa “pax”, que se les niega a los demás presidentes desde el primer minuto, debería permitirle avanzar con reformas estructurales que la Argentina necesita para superar su estancamiento, crear riqueza y terminar con la profunda inmoralidad que significa que alrededor de uno de cada tres de sus habitantes sean pobres.

Tiene en esa empresa otro aliado: una oposición seria, responsable e institucionalista. Pero no se perciben todavía signos alentadores. Por ahora, es más de lo mismo, acaso, por lo menos desde la presidencia de la República, sin un relato tan hostil y divisivo como el de los mandatos de Cristina Kirchner. Estas mejores maneras, si persisten, no serán un dato menor. No obstante, los argentinos esperamos mucho más porque los problemas que nos aquejan son de muy ardua solución. De poco sirve la retórica del diálogo si no hay una genuina predisposición a acordar ciertas políticas de Estado y si se recae en el puro voluntarismo, como el que subyace al consejo del presidente sobre los ahorros en pesos.

Un mes es muy poco para un juicio definitivo, pero, con todas las salvedades que ese corto lapso sugiere, se puede afirmar que todavía no se advierte un diagnóstico acertado en el nuevo gobierno sobre las causas de la decadencia argentina.

Sí, en cambio, es nítido en muchos de sus integrantes el deseo de persistir en las recetas que nos han conducido al fracaso.

El autor es diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires (Cambiemos)