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Durante los últimos meses del 2019 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado Argentino por haber transgredido diferentes disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) que reviste jerarquía constitucional en el nuestro ordenamiento jurídico (art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional).

Concretamente, dicho tribunal dictó sentencia en tres casos (“Romero Feris”, “Hernández” y “Jenkins”) en los que concluyó que la prisión preventiva dispuesta en cada uno de ellos resultó ilegal y/o arbitraria.

Fallo Romero Feris vs. Argentina

Como consecuencia de una denuncia contra Raúl Rolando Romero Feris (ex funcionario público) se abrieron varios procesos por delitos tales como administración fraudulenta, enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de autoridad, defraudación, malversación de caudales públicos y se ordenó su detención que se hizo efectiva el 4 de agosto de 1999.

Con posterioridad, se decidió mantenerlo en prisión preventiva y el 1º de agosto de 2001 se prorrogó dicha medida por el término de ocho meses a contar desde el 4 de agosto de 2001. Finalmente, Romero Feris fue excarcelado el 11 de septiembre de 2002, aunque debía quedar en libertad el 4 de abril de 2002. En definitiva, estuvo detenido preventivamente tres años, un mes y ocho días.

La Corte IDH examinó la prórroga de la medida cautelar y consideró que el Estado Argentino mantuvo al imputado en prisión preventiva por un plazo mayor a lo que había sido ordenado por el juez que la dispuso (cinco meses y ocho días) y al tiempo máximo de prórroga, correspondiente a un año, previsto en la ley n° 24.390 vigente al momento de los hechos y en la que el magistrado fundó su decisión.

Asimismo, el tribunal regional analizó los argumentos utilizados por el juez para fundamentar el peligro de fuga en la prórroga de la prisión preventiva, a saber, la amenaza de pena (25 años de prisión), la inminencia en la realización de los juicios y las manifestaciones del imputado al decir que no se sometería a las autoridades que habrían de resolver sobre su situación procesal.

Al respecto, la Corte IDH encontró que los argumentos empleados para justificar el peligro de fuga no estuvieron basados en hechos específicos, en criterios objetivos y en una argumentación idónea, sino que reposaron en meras conjeturas a partir de criterios que no se correspondieron con las particularidades del caso y que consistieron más bien en afirmaciones abstractas, lo cual sería indicativo de un manifiesto y notorio apartamiento de los criterios establecidos por la jurisprudencia en esta materia.

En consecuencia, la Corte IDH estimó que la prórroga de la privación a la libertad fue arbitraria, toda vez que los criterios con base en los cuales se fundamentó la finalidad legítima de “peligro de fuga”, fueron abstractos. También consideró que los cuestionamientos relativos a la motivación del juez y a los fundamentos de la prórroga que fueron considerados arbitrarios tuvieron como consecuencia que los recursos presentados por el imputado no fueran efectivos.

En razón de ello declaró la responsabilidad del Estado Argentino por la violación a los derechos a la libertad personal, a la presunción de inocencia y a la protección judicial en perjuicio de Romero Feris.

Fallo Hernández vs. Argentina

El 7 de febrero de 1989 José Luis Hernández fue detenido por el delito de robo calificado en grado de tentativa. Una semana después el juez actuante dictó la prisión preventiva respecto de dicha detención al considerar que existía semiplena prueba de su autoría y responsabilidad penal. Posteriormente, Hernández fue condenado y obtuvo la libertad condicional el 29 de mayo de 1991, de modo que permaneció privado de su libertad por más de dos años y tres meses.

La Corte IDH observó que la resolución del juez que ordenó la prisión preventiva cumplió con el requisito de legalidad porque estuvo fundada en la normativa aplicable, pero no tuvo un fin legítimo amparado por la Convención, ya que el juez en ningún momento hizo mención de la necesidad de dictar dicha medida con el fin de evitar la obstaculización del desarrollo del proceso o que se eludiera la acción de la Justicia, sino que centró su argumentación en acreditar la existencia de elementos de prueba sobre la posible responsabilidad penal del acusado.

En virtud de lo expuesto, el tribunal supranacional concluyó que aun cuando la prisión preventiva de Hernández cumplió con el requisito de legalidad, y que el juez de la causa verificó la existencia de indicios de responsabilidad en la comisión del delito que se le imputaba, dicha medida no persiguió un fin legítimo y constituyó un juicio anticipado sobre la responsabilidad penal del imputado. En consecuencia, la cautelar constituyó una detención arbitraria y una violación a la presunción de inocencia. En razón de ello, el Estado argentino fue declarado responsable por la violación del derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia.

Fallo Jenkins vs. Argentina

El 8 de junio de 1994 Gabriel Oscar Jenkins fue detenido por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes (ley 23.737) y asociación ilícita. El 29 de junio de 1994 fue procesado y se acordó la conversión de su detención en prisión preventiva.

Durante el tiempo en el que Jenkins estuvo detenido en prisión preventiva planteó diversos recursos para obtener su excarcelación y cuestionó a través de sucesivas instancias judiciales la constitucionalidad del art. 10 de la ley 24.390 que excluía los plazos máximos de prisión preventiva previstos en el art. 1º de dicha norma para aquellas personas que resultaran imputadas por delitos de narcotráfico. El planteo de inconstitucionalidad fue desestimado y este criterio fue validado por diferentes tribunales superiores.

Finalmente, el 19 de noviembre de 1997, el fiscal de juicio solicitó en el marco del debate la absolución de Jenkins por considerar insuficientes los elementos de prueba colectados en su contra. Ese mismo día el tribunal del juicio dispuso la libertad inmediata del nombrado por no existir mérito para que continuara detenido. En total, el acusado estuvo detenido preventivamente más de tres años y cinco meses.

La Corte IDH advirtió que el auto inicial que convirtió la detención de Jenkins en prisión preventiva sólo contenía fundamentos sobre la existencia del delito previsto en la ley 23.737 y la presunta participación del nombrado, pero no expuso razones por las cuales la prisión preventiva perseguía un fin legítimo y era necesaria, idónea y proporcional a dicho fin.

De seguido, evaluó la duración de la prisión preventiva. Al respecto, señaló que la exclusión prevista en el artículo 10 de la ley 24.390 generó un trato desigual con respecto a las personas en prisión preventiva imputadas por un delito diferente.

Adicionalmente, el órgano interamericano advirtió que la solicitud de Jenkins fue rechazada no sólo por aplicación del artículo 10 de la ley 24.390, sino que los tribunales nacionales analizaron nuevamente la pertinencia o no de la prisión provisional, los cuales se limitaron a rechazar la inconstitucionalidad planteada sin reevaluar la situación del imputado una vez transcurridos varios años desde su ingreso en prisión y sin verificar si persistía el fin legítimo para mantener la medida cautelar.

Finalmente, estimó que lo indicado en cuanto a los cuestionamientos relativos a la motivación de las decisiones internas y a los fundamentos de la prórroga de la medida de prisión preventiva, que fueron considerados arbitrarios, tuvieron como consecuencia que los recursos que fueron presentados por la defensa de Jenkins tampoco fueran efectivos.

En breve, el Estado argentino fue declarado internacionalmente responsable por la falta de motivación de la resolución que ordenó la prisión preventiva del acusado, la duración de la prisión preventiva y la ineficacia de los recursos para cuestionar la privación de libertad.

Los lineamientos desarrollados por la Corte IDH en estos tres fallos van en línea con el espíritu y el propio texto del nuevo Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) que instaura el sistema acusatorio y que, al reglamentar en detalle sobre los riesgos procesales que habilitan la prisión preventiva y acortar drásticamente los plazos del proceso, augura el fin de largos encarcelamientos sin condena.

Mariano Borinsky es juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal (Decreto 103/17), Doctor en Derecho Penal (UBA) y Profesor Universitario (UBA, UTDT y UA).

Mariana Catalano es jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Doctora en Derecho (UBA), Especialista en Derecho y Economía Ambiental (USAL), Profesora Universitaria Titulada (UCASAL).

Emanuel Suárez es prosecretario de Cámara en la Cámara Federal de Casación Penal.