No falta solidaridad privada, sobra derroche público

“Si ajustar es ordenar las cuentas públicas, entonces estamos haciendo un ajuste”. Finalmente, la tan temida palabra fue pronunciada, y de manera elogiosa, por un presidente peronista.

Uno creía que jamás iba a ver algo así, pero Argentina se permite estas cosas. Y muchas más se permite el peronismo.

El peronismo congeló precios en los ‘40 y los 2000, pero también los liberó en los ‘90. El peronismo fue el primero en tener 40% de inflación anual, y el primero también en arrollarla por 10 años consecutivos. El peronismo subió el gasto jubilatorio a niveles récord, pero también es el único capaz de freezarlo por seis meses sin que vuele siquiera una canica.

Ahora desde la retórica, a este ajuste se lo quiere disfrazar de solidaridad. Según el presidente, este acomodamiento de las cuentas fiscales –algo que todo economista observa como deseable- no es el que se intentó siempre en Argentina, ya que evita recaer sobre los “menos favorecidos”. En ese sentido, se reclama “solidaridad” a quienes más tienen, para que ayuden a los que han sido más afectados por la crisis.

Solidaridad que surge a fuerza de leyes, lo que es una contradicción en términos.

Caridad récord

Por otro lado, si la solidaridad se midiera en función de los impuestos pagados, Argentina debería ser declarada el país del mundo donde más creció esta actitud en los últimos 17 años.

La línea azul del gráfico de abajo muestra la recaudación tributaria dividida el Producto Bruto Interno entre los años 2002 y 2018. Es decir, los impuestos que recauda el estado por cada peso que todos los argentinos producimos en un año.

Lo que se observa es que hasta el año 2015 la también llamada “presión tributaria” trepó desde el 20,6% del PBI hasta el 35,4%. Es decir que, en la retórica oficial, hubo un fenomenal incremento de la solidaridad de los argentinos, quienes pagábamos $20 por cada $100 producidos y pasamos a pagar $35.

Desde la misma perspectiva, otro sector que se ha pasado de solidario ha sido el agroexportador. Entre el año 2003 y 2018 el gobierno nacional recaudó por “Derechos de Exportación” la friolera de USD 116.600 millones. (Este dato surge de calcular la recaudación anual por este concepto en pesos de cada año y dividirlo por el tipo de cambio oficial promedio de dicho año.)

Estos USD 116.600 millones equivalen al 21% de toda la exportación de Productos Primarios y Manufacturas de Origen Agropecuario del período. A esto, claro, deben sumarse todos los otros impuestos que el sector agrícola también paga, como Ganancias, IVA, Ingresos Brutos, Aportes Patronales, y un sinfín de etcéteras.}

No obstante todo este boom impresionante de solidaridad coactiva, el país está en quiebra. La inflación es récord mundial hace más de diez años, lo que refleja que el gobierno agotó la fuente de financiamiento monetaria. Además, también estamos en una situación de mini-default con un riesgo país por las nubes, lo que refleja que también está agotado el financiamiento en forma de crédito.

¿Cómo es esto posible? Es que el problema no es la recaudación tributaria, que ha crecido enormemente, sino el derroche de gasto, que fue aún mayor.

El problema es el gasto

Entre 2002 y 2016, en el mismo período en que la presión fiscal pasó de 20% a 35% del PBI, el gasto del sector público consolidado (es decir, nación, provincias y municipios) subió casi 20 puntos, pasando desde el 22,6% del PBI a un fabuloso 41,5%.

De acuerdo con los últimos datos oficiales publicado por el Ministerio de Hacienda, la mayor parte de ese aumento está explicado por el llamado “Gasto Social” (cuyo principal componente es el gasto en jubilaciones estatales) y por los subsidios económicos otorgados a mansalva por el kirchnerismo. De los casi 20 puntos de aumento del gasto ocurrido entre 2002 y 2016, 5 corresponden a subsidios energéticos, y 4,7 a jubilaciones.

La lista la sigue el gasto de funcionamiento del estado (nuevos empleados, por ejemplo) con un aumento de 2,5 puntos, y aumentos similares han ido a rubros como salud y educación. Ahora bien, cabe destacar que si el incremento hubiera sido solo en salud y educación, hoy no habría ningún problema fiscal a resolver, ya que el gasto público total sería del 27,4% del PBI.

Ahora si las erogaciones gubernamentales no hubieran escalado como efectivamente lo hicieron, no habría habido déficit fiscal, no tendríamos estos niveles de inflación, ni estos niveles de deuda, ni habríamos acudido al FMI, ni el Riesgo País estaría cercano a 2000 puntos básicos.

Finalmente, sin esta expansión sideral del sector público, a nadie se le ocurriría subir aún más los impuestos que paga el sector privado. Además, este sector tendría más dinero para producir y, también, para dedicar a la verdadera solidaridad, que es la que sale del bolsillo propio y de manera voluntaria.

Para cerrar, Argentina no enfrenta un problema de falta de solidaridad, ni la solidaridad se impone con más impuestos. Argentina tiene un problema de exceso de “Estado de Bienestar” que es demasiado caro para lo que podemos permitirnos.

Por ahí debe pasar el ajuste, pero sin tocar un peso de gasto asistencial.

Esto es absolutamente posible: solo por dar un dato, Alberto Fernández dice que el Plan Contra el Hambre costará $100.000 millones. Ese monto equivale a solo el 2,1% del gasto total presupuestado para el año 2019.

¿Me van a decir que no hay 2,1% de gasto para recortar en otra área en lugar de subir todavía más la carga tributaria? Yo no me lo creo. Espero que usted tampoco.

El autor es director de Iván Carrino y Asociados y subdirector de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas de Eseade