Comodoro Py
Comodoro Py

Termina el año 2019 y comienza una etapa oscura para la resolución de las causas judiciales que investigan hechos de corrupción.

Desde que asumieron las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo se emitieron mensajes claros a los medios de comunicación, a los jueces y fiscales, y a los denunciantes de hechos de corrupción. Un nuevo relato ha comenzado a repetirse: las causas judiciales fueron armadas, los medios de comunicación son los culpables y es necesario democratizar el poder judicial.

Lo cierto es que el objetivo es limpiar la imagen de muchos ex funcionarios (y actuales) del gobierno kirchnerista y bañarlos de impunidad.

Las amenazas no tardaron en llegar “escrachando” a aquellos jueces que en el ejercicio de sus funciones procesaron a la flamante vicepresidenta. Fiscales como Carlos Stornelli son procesados y perseguidos por haber impulsado la investigación de corrupción más importante de la historia argentina. Como ocurrió en 2013 con José Maria Campagnoli, quien fue separado de su cargo por investigar al socio de la presidenta (como a ella le gusta) Cristina Kirchner, la historia parece repetirse.

Algunos magistrados intentaron demostrar que entendían el mensaje dirigido a sus colegas y en un “sálvese quien pueda” pegaron un volantazo para acomodarse a los nuevos tiempos. Abrieron las cárceles para los presos que fueron funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner. Como si existieran presos de primera y de segunda categoría, el Presidente solo se preocupa por los presos por delitos de corrupción y parece ignorar las estadísticas. Existen datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena que arrojan los siguientes datos: el informe realizado en el ámbito de Buenos Aires en 2016 concluye que del total de 33.698 personas privadas de libertad, 16.672 son meramente procesados. Pero nadie exige que esas 17.000 personas recuperen su libertad. Solo importa el currículum de los presos: si fue funcionario kirchnerista su prisión es arbitraria. Si es la vicepresidenta, se dispone el cese de una prisión preventiva que nunca se efectivizó.

Todos los engranajes son importantes. Los lugares son claves y es necesario acomodar las piezas del ajedrez para el jaque mate de la impunidad. La Procuración del Tesoro, a cargo de un hombre que responde a Cristina Kirchner; organismos como la Agencia Federal de Inteligencia, en manos de militantes enmascarados en la democratización del ente.

Pero la joya es indudablemente la Oficina Anticorrupción. El reciente decreto 54/2019 le otorga el carácter de organismo desconcentrado. Modificación que fue anunciada como garantía de independencia, cuando en realidad se trata de un organismo que carece de autonomía, porque los órganos desconcentrados no tienen personalidad jurídica ni patrimonio propio: jerárquicamente están subordinados a las dependencias de la administración pública a que pertenecen, y sus facultades son específicas para resolver sobre la materia y ámbito territorial que se determine en cada caso. La única diferencia sustancial es que otorga a su titular el rango de ministro sin ministerio: es decir su sueldo es mas abultado. Sigue dependiendo de Presidencia de la Nación y el personal depende del Ministerio de Justicia. Cambiar una norma para aumentar el sueldo a su titular y no cambiar nada más.

Acomodados los militantes en los lugares claves solo resta correr a los abogados de carrera de las oficinas publicas (UIF, OA) como querellantes de las causas de corrupción que involucran a Cristina Kirchner. Estos organismos deben defender los intereses del Estado independientemente de quien ocupe los puestos jerárquicos.

Y si todo esto no funciona siempre queda el comodín. Retrasar por cuatro años los juicios contra la vicepresidenta. Y para esto, la mirada esta puesta en la Corte Suprema de Justicia quien debe resolver decenas de recursos planteados que solo buscan demorar una condena.

Todo vuelve a comenzar. Esta historia los ciudadanos las vivimos varias veces. Cuántos males se habrían evitado en Argentina si la justicia hubiera cumplido con su tarea republicana de velar por el Estado de derecho e investigar la corrupción sin importar las consecuencias y la pertenencia política o sectorial de los implicados.

El plan de impunidad 2020 está en marcha ¿Qué es la impunidad? No es otra cosa que la renuncia a impartir justicia por parte de quienes están obligados a investigar, esclarecer, castigar y condenar. ¿Estamos los argentinos dispuestos a renunciar a nuestro derecho a una tutela judicial efectiva?

La autora es abogada y fue directora de la IGJ